En septiembre de 1965 se estableció oficialmente la región autónoma del Tíbet, con órganos autonómicos instituidos para ejercer los derechos de autonomía de administrar su propia localidad y los asuntos internos de sus etnias. En 1984 el Estado promulgó y puso en vigor la Ley de la República Popular China sobre la Autonomía Étnica Regional, la cual da por sentado el sistema de autonomía étnica regional como un sistema político fundamental del Estado y contiene una serie completa de estipulaciones sobre los derechos autonómicos de las localidades de autonomía de las etnias minoritarias en los campos de la política, la economía y la cultura y sobre sus relaciones con el Gobierno Central, proporcionando así una garantía legal eficaz al pueblo tibetano en el pleno ejercicio de sus derechos autonómicos.

De acuerdo con la Constitución y la Ley sobre la Autonomía Étnica Regional, el Tíbet goza de un amplio poder autonómico, el cual comprende la legislación, el empleo de la lengua tibetana, la administración del personal, la administración y explotación de los recursos naturales y otros asuntos. Bajo la dirección del Gobierno Central, el pueblo tibetano, en condición de dueño de su propio destino, participa activamente en la administración de los asuntos estatales y locales, ejerce plenamente los derechos autonómicos conferidos por la Constitución y la ley y se dedica a la modernización de la región, realizando así el desarrollo del Tíbet a saltos.