La constatación de la realidad de la expansión del virus dentro del territorio nacional, que ha elevado las cifras oficiales de afectados hasta los 740.000, ha dado sin duda motivos de alarma suficiente al gobierno para que éste haya decidido finalmente tomar cartas en el asunto y, en aras de evitar una situación de emergencia sanitaria a nivel nacional, adoptar las medidas de prevención y concienciación necesarias para intentar frenar el avance de la epidemia. Para ello, entre 2003 y 2008 el presupuesto público destinado a la prevención y atención de la infección aumentó de 48 a 144 millones de dólares, y se han lanzado numerosas campañas estatales, como la llamada “cuatro servicios gratis y una ayuda”, que ofrece de forma gratuita, en 127 puntos del país, asesoramiento, pruebas de detección del virus, tratamientos antiretrovíricos y servicios de prevención de la transmisión materno-infantil, además de asumir los costes de escolarización de los niños que se han quedado huérfanos como consecuencia del SIDA.
Los esfuerzos realizados han dado sin duda algunos frutos, como demuestra el hecho de que las tasas de mortalidad materno-infantil de China, por ejemplo, esté entre las más bajas del mundo, pero a pesar de todo el número de infectados no deja de aumentar.
Uno de los problemas más serios es que los datos oficiales no recogen más que una pequeña parte del total de los afectados, debido a las dificultades a la hora de detectar los casos, lo cual por otro lado es crucial para detener el avance de la infección. Esto se debe principalmente a la reticencia por parte de aquellos que podrían haber contraído la enfermedad a acudir a los centros sanitarios para verificar su estado y acceder al tratamiento, debido al temor a sufrir la discriminación y el rechazo social que habitualmente sufren los enfermos de SIDA en el país, y también a que, a menudo, se trata de personas que realizan actividades tipificadas como delito por las autoridades chinas. Son precisamente estos últimos (profesionales del sexo y consumidores de drogas inyectables) los que junto con los homosexuales conforman los principales grupos de riesgo, y deberían ser por lo tanto aquellos a los que se les debe prestar una mayor atención. En otros casos, el problema se encuentra en el hecho de que los pacientes provienen de zonas rurales con altos niveles de pobreza y bajos niveles educativos, donde el miedo, la vergüenza, los recursos sanitarios insuficientes, el desconocimiento, la escasa sensibilización y la estigmatización que acarrea la enfermedad están contribuyendo a que la enfermedad cause verdaderos estragos entre la población.
En este sentido, es revelador el informe China Stigma Index, publicado en noviembre de 2009 conjuntamente por el Instituto de Investigación para el Desarrollo Social de la Escuela del Partido Central Chino, el proyecto Positive Talks y ONUSIDA. El informe, que es el primero de su tipo en China, encuestó a 2.000 infectados de VIH en todo el país para medir el grado de discriminación que estas personas sufren en China. Según los resultados del mismo, el 42% de los encuestados se ha sentido discriminado en alguna ocasión por su condición de portador de VIH, y muchos aseguraron que dicha discriminación se había hecho extensiva a sus familiares. Una proporción importante de personas encuestadas manifestó asimismo haber perdido su trabajo o haberse visto obligado a cambiar de escuela por este motivo, y en muchos casos incluso a mudarse de localidad por la fuerte presión del entorno.
