Sexto, acerca de la reforma del régimen judicial y mecanismos de funcionamiento judicial. El régimen judicial es un componente importante del régimen político. Durante estos años la queja de las masas populares se ha concentrado en la falta de equidad judicial, y la insuficiencia del crédito público judicial, en gran medida, tiene que ver con lo irracional del régimen judicial y los mecanismos de trabajo judicial.

La reforma judicial es uno de los puntos prioritarios de la profundización integral de la reforma en esta ocasión. Las Resoluciones del pleno han formulado una serie de nuevas medidas interconectadas, que incluyen reformar el régimen de administración judicial, promover de nivel de provincia abajo la administración unificada de recursos humanos, financieros y materiales en los tribunales y fiscalías locales, explorar el establecimiento de un sistema de jurisdicción judicial adecuadamente separado de las divisiones administrativas; perfeccionar los mecanismos de funcionamiento de poderes judiciales, mejorar el sistema de responsabilidad de los jueces principales y la corte colegiada en la atención a casos, permitiendo a quien atienda arbitrar y a quien arbitra responder; reglamentar rigurosamente los procedimientos de reducción de la pena, libertad condicional y asistencia médica fuera de la cárcel; perfeccionar los mecanismos de evitar casos erróneos, rectificarlos y buscar responsabilidades, y practicar estrictamente reglas de exclusión de evidencias ilegales; establecer sistemas de conclusión según la ley de las reclamaciones presentadas por correo o en persona relacionadas con la ley y con las acusaciones; anular el sistema de reeducación mediante el trabajo físico, mejorar leyes dirigidas a castigar y rectificar actos ilícitos y criminales, etc., etc.

Estas medidas de reforma poseen un significado importante para asegurar a los órganos judiciales ejercer según la ley y de modo independiente el poder judicial y fiscalizador, perfeccionar los mecanismos operativos de los poderes judiciales con poder y responsabilidad claros, elevar la transparencia y el crédito judiciales y garantizar mejor los derechos humanos.