Durante las últimas cinco décadas, la mayoría de los gobiernos de América Latina emprendieron lo que fue denominado como la “lucha en contra del tráfico ilegal de sustancias”. La intención de las políticas implementadas era desaparecer las drogas, erradicar las plantaciones, perseguir el tráfico y castigar el consumo. Los esfuerzos han sido inimaginables. La cantidad de recursos invertidos es ya incuantificable. El número de vidas perdidas, como consecuencia de la violencia que el tráfico y consumo de drogas ha generado, es contado en los miles.
Sin embargo, vale la pena cuestionar a los responsables de elaborar las políticas contra las drogas, sobre si tanto esfuerzo ha valido la pena. ¿Se está hoy en una mejor posición que hace cuarenta años en la guerra contra los narcóticos? ¿Tiene el Estado la capacidad para eliminar el consumo? ¿Es la estratégia de persecución y castigo la más óptima al enfrentar un problema tan esparcido?
Actualmente, Latinoamérica funciona como una maquinaria perfecta de producción, elaboración, tráfico, venta y consumo de sustancias ilegales. Si bien todos los gobiernos presumen de sus esfuerzos para combatir a las organizaciones delictivas que han tomado el control del mercado de los narcóticos (los cárteles; antes colombianos hoy mexicanos), cada día parece más evidente que o sus esfuerzos están mal enfocados, y no se está haciendo lo que se debe, o que no se tiene la capacidad ya para contrarrestar la inmensa red de influencias y negocios que se ha construido con base en el tráfico y consumo de estupefacientes.
El número de muertos en los últimos dos años en México y la violencia que corroe al tejido social americano desde la Patagonia hasta el Niagara, han hecho imprescindible que se diseñe una nueva estratégia para luchar en contra de este problema social.
En distintos puntos del continente americano expertos han alzados sus voces para proponer un análisis del impacto que tienen las drogas en sus sociedades. Una de las propuestas más apoyadas es la de la “legalización de sustancias”, política que implicaría que el Estado cobrase un papel activo en el control y venta de los narcóticos. La discusión aún está en pañales y son amplios los sectores dentro de las élites políticas continentales que se oponen a cualquier cambio en el estátus de las sustancias ilegales. En algunos países se ha aplicado ya el concepto de ‘despenalización al consumo personal’; práctica que sigue considerando la producción, tráfico y venta de estupefacientes como un crímen, pero que no castiga al usuario final – más bien busca una forma de ayudarlo a salir de su adicción.
Expertos en la materia afirman que la famosa “lucha contra las drogas” estaba perdida desde antes de que iniciara; están convencidos de que la prohibición ha generado violencia y ha brindado la oportunidad a la delincuencia organizada para establecerse como una amenaza potencial a la estructura tradicional de los Estados de la región.
Hoy por hoy, las drogas son más baratas, más asequibles y más potentes. El deterioro de la estructura social, el incremento de la violencia, el creciente número de adictos en todos los países de América, la ampliación del alcance de los cárteles que controlan la droga, prueban que la estratégia en el combate al narcotráfico utilizada hasta ahora en el continente ha sido un fracaso. Es necesario generar un nuevo enfoque.
Una de las razones por las que importantes personalidades latinoamericanas se han mostrado partidarias de relajar las leyes relacionadas con las drogas es que las prohibiciones se traducen en incremento de precios, que a su vez aumentan las ganancias de todos los implicados. Este año, ex presidentes de México, Brasil y Colombia pidieron conjuntamente que se adopte una nueva estrategia en el combate al narcotráfico, basada en la campaña de salud pública contra el consumo de tabaco. Reproducimos a continuación la carta escrita por los ex mandatarios:
