Una de las noticias más alabadas que emergieron de la Tercera Sesión Plenaria del XVIII Comité Central del Partido Comunista de China en noviembre fue la decisión de abolir el polémico sistema de correción conocido como “reeducación mediante el trabajo” o laojiao.

El sistema se originó a mediados de los 50 como un medio para lidiar con los “contrarrevolucionarios” y los “derechistas”, pero a partir de los 80 su enfoque se expandió hacia varias formas de desviación social, desde el hurto hasta la prostitución y el abuso de narcóticos. Permitió a la policía condenar a criminales de poca monta a hasta cuatro años de detención sin un juicio. Recientemente, las llamadas peticiones ilegales fueron añadidas a la lista de delitos.

El programa de Laojiao también ha causado varios incidentes controversiales en los últimos años.

El caso más conocido es el de Tang Hui, una madre de 40 años, quien fue puesta en el programa en la provincia de Hunan, al centro de China, por solicitar un castigo más severo para aquellos encontrados culpables de violar a su hija y forzarla a prostituirse. En julio, una corte superior de Hunan falló a su favor cuando demandó a la autoridad local por infringir su libertad personal y causarle daños psicológicos.

Los expertos legales han criticado ampliamente el programa y alegado que contradice las leyes.

La falla fundamental del sistema yace en el hecho de que ha permitido efectivamente a las personas ser privadas de su libertad sin siquiera ser juzgadas en una corte.

“La abolición del laojiao es un triunfo para los profesionales de la justicia chinos y más significativamente, el Partido ha mostrado un interés genuino para actuar por la voluntad de las personas, en rectificar las injusticias sociales y mejorar el Estado de Derecho” señaló Zhou Yongkun, un profesor de Derecho de la Universidad Soochow en la provincia de Jiangsu y uno de los más acérrimos críticos del sistema del laojiao.

Igualmente impresionantes en 2013 fueron los esfuerzos de China para prevenir los errores judiciales. En noviembre, la Corte Popular Suprema emitió un documento estableciendo un mecanismo para excluir las pruebas y testimonios obtenidos a través de la coerción y otros medios ilegales y prevenir veredictos equivocados en los casos criminales.

Las pautas aclaran que la corte debe considerar a un acusado inocente si la evidencia no es suficiente para obtener una condena. La Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública han tomado enfoques similares para promover la justicia y equidad en la aplicación de la ley y la protección de los derechos humanos.