La violencia desatada en Lhasa el 14 de marzo no es una cuestión étnica sino política, ya que tanto los tibetanos como los ciudadanos de las etnias Han y Hui han sido víctimas de los disturbios, manifestaron ayer reconocidos expertos sobre el Tíbet.
Dramdul, director del Instituto de Estudios Religiosos del Centro de Investigación de Tibetología de China, señaló que el incidente puso de manifiesto que personas con motivos ocultos estaban utilizando un supuesto enfrentamiento étnico como pretexto para minar la armonía étnica y unidad nacional del país.
China aboga por la concordia, solidaridad y progreso común entre sus diferentes grupos étnicos, afirmó el director en una rueda de prensa celebrada en Beijing.
"Estamos encantados de ver que algunas personas budistas y representantes de monasterios del Tíbet han visitado las mezquitas dañadas durante los disturbios para mostrar su apoyo a los musulmanes. También hemos visto que personas de distintos grupos étnicos boicotean y condenan de forma conjunta la violencia perpetrada por un grupo de alborotadores", declaró.
"Esto, creo yo, representa una imagen más verdadera sobre la realidad de las relaciones étnicas en China", aseguró.
Tanzen Lhundrup, subdirector del Instituto de Estudios Sociales y Económicos del mismo centro de investigación, opinó en la conferencia de prensa que, desde un punto de vista académico, el buen estado de las relaciones étnicas puede juzgarse a partir de patrones de residencia y matrimonios interétnicos.
En Lhasa, capital de la región autónoma del Tíbet (suroeste de China), los diferentes grupos étnicos conviven como buenos vecinos, y también hay un gran número de matrimonios interétnicos que se celebran en la meseta cada año, sostuvo.
"En conjunto, las relaciones étnicas en Lhasa son muy armoniosas", concluyó Tanzen, quien lleva más de 20 años estudiando este tema.
La violencia azotó a Lhasa el 14 de marzo por la tarde, cuando los agresores mataron a 18 civiles y un agente policial, además de atacar escuelas, bancos, hospitales, tiendas y oficinas gubernamentales. Se calcula que las pérdidas económicas directas provocadas por los incidentes podrían alcanzar los 244 millones de yuanes (34,4 millones de dólares).