El 10 de marzo de 2003, el Presidente de la FPS Jia Chunwang presentó el informe de labor en nombre de la FPS ante la II Sesión de la X APN.

En 2003 los órganos fiscalizadores aprobaron arrestos de 764.776 sospechosos de delitos penales e instruyeron procesos públicos en nombre del Estado contra 819.216 personas, incluyendo 19.222 sospechosos de delitos económicos arrestados previa ratificación y 21.440 personas sometidas al proceso instruido. Fortalecieron la supervisión de la constitución de casos de delitos económicos y supervisaron a los departamentos pertinentes en la constitución de un total de 1.541 casos de este orden.

Se impulsó la lucha contra la corrupción. En el año se formalizaron para la investigación 39.562 casos de diversos delitos en los cargos con 43.490 personas involucradas, y en nombre del Estado se entabló juicio público contra 22.761 casos con 26.124 personas. A través del tratamiento de tales casos se repararon las pérdidas económicas directas del Estado en más de 4.300 millones de yuanes. Entre dichos casos hubo 18.515 importantes de desfalco, aceptación de sobornos y uso ilícito de fondos públicos, constituidos para la investigación, incluyendo 123 que implicaban cada uno más de diez millones de yuanes. Fueron objeto de la constitución de casos para la investigación 2.728 funcionarios sospechados de delito de nivel distrital (o de división) y superior, entre ellos 167 de nivel de prefectura o departamento y 4 de nivel provincial o ministerial.

Se reforzó la supervisión del proceso civil y del procedimiento administrativo. La supervisión puso énfasis en los casos de grave transgresión del bienestar público, los casos de veredictos injustos a causa de la aceptación de cohechos y de la infracción de la ley en provecho personal y los casos de perjuicio de los intereses de los campesinos inmigrados en las ciudades y de los trabajadores desplazados de sus puestos, de modo que los organismos fiscalizadores elevaron 13.120 casos de protesta ante los tribunales populares y formularon 3.316 propuestas de proceso nuevo. Se concentró en verificar y rectificar las detenciones dilatadas. Los organismos fiscalizadores corrigieron por iniciativa propia todas y cada una de las 555 detenciones dilatadas que se habían producido en su propio eslabón, y hasta finales de julio ya no existía ninguna detención con exceso de plazo.

Se experimentó con el sistema de supervisores populares. Estos supervisores, recomendados por los organismos, las agrupaciones y las empresas e instituciones, se dedican principalmente a supervisar aquellos casos que se propone revocar, no procesar o cuyos sospechados de delito no se convencen de la decisión del arresto de entre los casos de delitos cometidos en los cargos que han sido investigados y tratados por las fiscalías. Esta reforma se está llevando adelante en forma experimental en los organismos fiscalizadores de 10 provincias, regiones autónomas y municipios bajo la jurisdicción central, y hasta la fecha 4.944 supervisores populares han sido seleccionados mediante la recomendación. Debido a ello entraron en el procedimiento de la supervisión 493 casos, de los cuales 462 fueron aprobados por los supervisores populares a favor del tratamiento propuesto por los organismos fiscalizadores, 31 fueron desaprobados, y 21 fueron tratados de otra manera después de que las comisiones de fiscalía decidieran, tras las discusiones, aceptar las observaciones de los supervisores populares.