China está preparando una ley para garantizar la seguridad alimentaria y prevenir las enfermedades provocadas por alimentos en mal estado, ante la creciente preocupación pública al respecto.

El borrador de la ley ya ha sido enviado a una primera revisión por parte de la 31ª sesión del Comité Permanente de la X Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano legislativo del país, que se inauguró el pasado domingo y concluirá el próximo día 29.

En la actualidad, China tiene una ley reguladora sobre la higiene de los alimentos, aunque los críticos aseguran que está lejos de satisfacer las necesidades impuestas por la situación real.

El borrador, que se basa sobre dicha ley, establece estrictos controles sobre las importaciones y exportaciones de alimentos.

Según el proyecto, los alimentos importados deberán cumplir con los estándares de seguridad y etiquetado, mientras que los destinados a la exportación deberán corresponder a los requisitos de los países de destino y aprobar las revisiones fitosanitarias aplicadas por esos países.

El borrador propone un mecanismo para la evaluación de riesgos de la seguridad alimentaria, para proporcionar una "base clave" para la constitución de estándares en este sentido y medidas de control de las enfermedades causadas por alimentos en mal estado.

Además, dice el texto, se deberá establecer un sistema de supervisión de producción, procesamiento, envío, almacenamiento y comercialización de alimentos para asegurar que cada procedimiento esté bajo control.

El proyecto también establece que el sistema de etiquetado tiene que exigir a los fabricantes responsabilizarse de la especificación de los ingredientes, aditivos, fecha de vencimiento, y funciones en los manuales y empaques.

El borrador también propone un sistema de retiro de productos para exigir a los fabricantes y distribuidores suspender la produccción y venta y retirar los productos en cuya calidad se descubran fallas.

Los alimentos retirados deberán ser destruidos o sometidos a tratamientos seguros, indica el proyecto.

Además, el proyecto propone un sistema nacional de información de la seguridad alimentaria.

Las alertas, los incidentes y otras informaciones relacionadas con el tema en cuestión que puedan crear pánico entre el público, deberán ser dadas a conocer por organismos autorizados por el Consejo de Estado, indica el borrador, que además señala que estas informaciones deberán ser "precisas, objetivas y oportunas".

"Las explicaciones sobre daños causados por alimentos que hayan presentado fallas en materia de seguridad habrán de hacerse públicamente", según el proyecto.

El borrador también dice que los fabricantes y distribuidores de carne de animales que hayan muerto a causa de enfermedades, envenenamiento o motivos desconocidos, así como los responsables de la producción de alimentos con ingredientes prohibidos, y alimentos para bebé fabricados con materiales de baja calidad, serán severamente castigados.

Asimismo, los funcionarios encargados de supervisar la seguridad alimentaria también serán sancionados en caso de comprobarse abuso de poder o neligencia de su parte.