China publicó hoy viernes el "Registro de los Derechos Humanos de Estados Unidos en 2009".
"Como en años anteriores, los documentos están plagados de acusaciones sobre la situación de los derechos humanos en más de 190 países y regiones, incluyendo a China, pero hacen caso omiso, ignoran e incluso cubren las violaciones de estos derechos en su propio territorio", dijo la Oficina de Información del Consejo de Estado en su informe sobre el Registro de los Derechos Humanos de Estados Unidos.
El Registro de los Derechos Humanos en Estados Unidos en 2009 es una respuesta a los Informes por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos correspondientes a 2009, publicados por el Departamento de Estado de Estados Unidos el pasado 11 de marzo de 2010.
El documento "tiene como objetivo ayudar a que los pueblos de todo el mundo logren entender mejor la situación real de los derechos humanos en Estados Unidos", de acuerdo con la oficina.
El informe revisa los registros de los derechos humanos de Estados Unidos en 2009 desde seis perspectivas: la vida, la propiedad y la seguridad personal; los derechos civiles y políticos; los derechos económicos, sociales y culturales; la discriminación racial; los derechos de las mujeres y los niños; y las violaciones de los derechos humanos cometidas por EEUU contra otros países.
El documento critica a Estados Unidos por utilizar los derechos humanos como "herramienta política para difamar e interferir en los asuntos internos de otras naciones, y buscar sus propios intereses estratégicos".
China recomendó al gobierno estadounidense que aprenda sus lecciones de la historia, se coloque en la posición que le corresponde, que trabaje para mejorar su propia situación en cuanto a los derechos humanos, y rectifique sus actuaciones en este campo.
Es el un décimo año que la Oficina de Información del Consejo de Estado de China ha publicado un registro de los derechos humanos de Estados Unidos en respuesta al informe anual del Departamento de Estado norteamericano.
"En un momento en el que el mundo entero está sufriendo de un serio desastre de derechos humanos causado por la crisis financiera mundial inducida por la crisis hipotecaria "subprime" de Estados Unidos, su gobierno continúa ignorando sus propios problemas sobre derechos humanos, y sigue acusando a otros países", según el documento.
El gobierno estadounidense, que por una parte aboga por la "libertad de expresión", la "libertad de prensa" y la "libertad de internet", monitoriza y restringe sin escrúpulos los derechos de los ciudadanos a la libertad cuando estos interfieren con sus propios intereses y necesidades, dice el documento.
La libertad de los ciudadanos norteamericanos a obtener y distribuir informaciones está bajo estricta supervisión.
Según los medios de comunicación, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, siglas en inglés) comenzó a instalar material de escucha oculto en el país para poder pinchar teléfonos, faxes, correos electrónicos y acumular comunicaciones domésticas en 2001.
Este programa se destinó en principio a los americanos de origen árabe, pero se expandió luego a otros estadounidenses.
Después de los atentados del 11 de septiembre en 2001, el gobierno norteamericano, bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo, autorizó a las agencias de inteligencia para que supervisaran los correos electrónicos y borraran las informaciones que pudieran amenazar a los intereses nacionales, mediante medidas tecnológicas.
Las estadísticas muestran que entre 2002 y 2006, el FBI reunió miles de registros telefónicos de ciudadanos estadounidenses vía correo, notas y llamadas telefónicas.
En septiembre de 2009, el país norteamericano estableció un órgano de supervisión de seguridad de internet, lo que incitó una mayor preocupación pública de que el gobierno podría tomar la seguridad de internet como excusa para monitorizar e intervenir en los ordenadores personales.
La llamada "libertad de prensa" de Estados Unidos fue de hecho subordinada completamente a los intereses nacionales y fue manipulada por el gobierno estadounidense.
A finales del año pasado, el Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que impuso sanciones a varios canales por satélite árabes por transmitir contenidos hostiles contra Estados Unidos e instigar a la violencia. Fin
