La fiscalía de China investigó por corrupción a 2.670 empleados públicos a nivel de distrito y superior el año pasado, incluyendo a ocho funcionarios de administraciones provinciales o ministerios, dijo hoy jueves en Beijing el fiscal general de China, Cao Jianming.

Cao Jianming hizo estas declaraciones al presentar el informe sobre la labor de la Fiscalía Popular Suprema durante el último año, ante cerca de 3.000 legisladores durante la tercera sesión de la XI Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano legislativo del país.

Cao agregó que el año pasado, la fiscalía investigó a un total de 41.000 funcionarios, lo que supuso una disminución del 3,3 por ciento de personas procesadas, en más de 32.000 casos de malversación, soborno, negligencia y otros crímenes relacionados con sus cargos, lo que a su vez supone un aumento de un 0,9 por ciento de casos de este tipo presentados ante el tribunal.

Entre los ocho funcionarios investigados se incluyen Huang Songyou, ex vicepresidente del Tribunal Popular Supremo, y Wang Yi, ex vicepresidente del Banco de Desarrollo de China, de propiedad estatal. En la lista también aparecen Chen Shaoji, antiguo máximo asesor político en la provincia meridional de Guangdong, y Wang Huayuan, ex funcionario de alto rango de la provincia oriental de Zhejiang.

Entre los casos investigados, más de 18.000 son casos de corrupción "extremadamente graves", y 3.100 graves relacionados con negligencia o violación de los derechos humanos, de acuerdo con el informe.

Más de 9.300 empleados gubernamentales se vieron implicados en los casos de abandono de sus deberes, malversación y violación de los derechos humanos, agregó el fiscal general.

Además, cerca de 3.200 personas involucradas en casos de soborno fueron castigadas "en un esfuerzo por intensificar el ataque contra los crímenes de este tipo", señaló Cao.

El fiscal general añadió que las autoridades detuvieron a más de 1.100 sospechosos fugitivos involucrados en crímenes relacionados con sus cargos, recuperando un total de 7.100 millones de yuanes (unos 1.100 millones de dólares) desfalcados o recibidos como sobornos.

Unos 4.000 funcionarios corruptos han huido a Canadá, Estados Unidos, Australia y otros países llevándose más de 50.000 millones de dólares de fondos públicos durante las últimas tres décadas, de acuerdo con las estadísticas del ministerio de Comercio.

A fin de frenar la corrupción judicial, añadió Cao, los fiscales también investigaron a más de 2.700 trabajadores judiciales sospechosos, acusados por corrupción y obtención de beneficios personales. Fin