Los esfuerzos de los gobiernos de la región en contra del narcotráfico han sido ampliamente documentados a lo largo de los años. Sin embargo, la ausencia de una política congruente y eficaz dio pie a la creación amplias estructuras de poder basadas en el ilícito negocio de las drogas.
Los grupos de familias que controlaban el tráfico de estupefacientes en los años ochenta se transformaron en organizaciones eficientes que funcionan con la misma cadencia que cualquier cadena productiva legal. Estas familias se convirtieron, entonces, en los llamados “cárteles” de las drogas. Bastas organizaciones que controlan todo el proceso de producción, tráfico, distribución y venta de estupefacientes a través del continente americano.
El poder que estos grupos adquirieron durante las últimas tres décadas los ha llevado a ser considerados como amenazas para los Estados que los hospedan. Colombia y México son quizá los ejemplos más típicos de cómo estas organizaciones criminales pueden cuestionar, erradicar, sobornar y superar la autoridad del Estado.
Más recientemente, México se ha convertido en el epicentro del escándalo al reportar miles de muertes relacionadas con el narcotráfico en los últimos dos años. El gobierno del Presidente Felipe Calderón tomó una decisión sin precedentes en su país: enfrentar, con el ejército, a estructura paralela creada por los narcotraficantes. El resultado es por todos conocido: México libra una batalla, una guerra encarnizada en contra de las organizaciones criminales y no ve tregua en su lucha. Los cárteles, tradicionalmente luchando entre ellos, se han visto atacados desde un frente que nunca consideraron como oponente: el gobierno.
Así, en México hoy por hoy, el concepto de la “guerra contra el narcotráfico” ya no es el mismo que el de la “guerra contra las drogas” del pasado. Ahora, el gobierno de ese país libra una batalla por la legitimidad de su soberanía y la viabilidad de la administración estatal: la sobrevivencia del Estado mexicano.
Entre 2006 y 2008, la violencia resultante de este conflicto arrojó más de siete mil 800 muertes, de las cuales menos de 80 fueron de militares. 2008, el año más sangriento, acumuló 5 mil 600 homicidios relacionados con el narcotráfico. Durante los primeros cuatro meses de 2009, la cifra de cuerpos recogidos tras las balaceras alcanzó los casi tres mil cadáveres.
