Curiosamente, a pesar de que la magnitud de la protesta ha sido similar, esta noticia ha pasado prácticamente desapercibida en la prensa, tanto china como internacional. En efecto, los medios de comunicación chinos no realizan sobre las protestas que tienen lugar en las fábricas chinas coberturas tan amplias como la que han realizado sobre los conflictos en las plantas extranjeras, dando la impresión de que éstos sólo se producen en estas últimas. Por otro lado, al parecer ahora los reportes sobre las huelgas en las plantas de Honda y otras empresas, que no han finalizado, se están también diluyendo para evitar dar una imagen excesivamente problemática del país al exterior. Por su parte, los medios occidentales, cuya preocupación principal no es tanto la situación de los obreros chinos como la oportunidad de sacarle los colores a las grandes multinacionales, que sí son noticia, tampoco se han preocupado nunca de dar voz a esos otros trabajadores cuyas condiciones de trabajo no se diferencian en lo más mínimo de las de los empleados por Honda o Foxconn.

La legislación china en materia laboral, tan beneficiosa para los empresarios que China se conoce hoy en día como el paraíso de las multinacionales, es la única responsable de las condiciones de explotación en las que se ven obligados a trabajar los ciudadanos del país, o al menos los que lo hacen en el sector privado, ya que los trabajadores de empresas estatales disfrutan por el contrario de numerosos derechos y beneficios. Así, y como no pocos han apuntado ya, se da la paradoja de que en un país nominalmente comunista como es China no se reconoce el derecho a la libre asociación sindical ni tampoco, desde que se suprimiera en el año 1892, el derecho a la huelga. Y no sólo eso, sino que, hasta el año 2004, no se había implementado algo tan básico como es la fijación por ley del salario mínimo, y no fue hasta la muy reciente fecha de 2008 cuando se estipularon, mediante la Ley del Contrato de Trabajo, la obligatoriedad de formalizar los contratos laborales por escrito, la indemnización por despido, o la regulación de la jornada laboral, así como la obligatoriedad también de contribuir al fondo de seguridad social y de pensiones.

Este reconocimiento ha contribuido sin duda a despertar la conciencia de los trabajadores sobre sus derechos, pero aunque las protestas se han intensificado desde la aprobación de la ley (se dice que en algunas provincias hasta en un 40% entre 2009 y 2010), las reivindicaciones no son algo nuevo, sino que se vienen de largo. Más particularmente, desde la década de los noventa, cuando muchas de las antiguas empresas estatales empezaron sus procesos de privatización, y las reestructuraciones efectuadas fueron dejando en la calle a millones de trabajadores.

En aquel entonces, la mayoría de las protestas, que muchas veces acababan con destrozos, enfrentamientos con la policía y detenidos, se producían bien como consecuencia de despidos masivos derivados del cierre de fábricas poco rentables, bien por el incumplimiento por parte de los empleadores de las condiciones pactadas previamente con los trabajadores, como por ejemplo el retraso en el pago de los salarios. Ahora, sin embargo, muchos de estos conflictos responden a la reivindicación de un mejor salario y unas mejores condiciones laborales.