Por Nuria Cimini

Noche de sábado en un popular barrio nocturno de Pekín. Hace frío y la nieve ha estado cayendo de forma intensa durante las últimas horas, por lo que la calle está casi desierta y parece bastante difícil encontrar un taxi en el que volver a casa. De repente, un vehículo con todos los distintivos de un taxi oficial aparece de la nada justo delante nuestro, y mis acompañantes y yo nos subimos a él.

Al indicar al taxista la dirección, este nos exige más del doble del precio real del trayecto alegando que con la nieve conducir es más difícil de lo habitual, y, creyendo que se trata de un taxi oficial, amenazamos con llamar a la policía si insiste en negarnos el trayecto al precio estipulado. Es entonces cuando el hombre, curiosamente, se indigna con nosotros, y nos pide que nos bajemos del vehículo y busquemos otro taxi. Ante nuestra negativa y la exigencia de que prosiga el trayecto a golpe de taxímetro como corresponde, contesta que el suyo es un taxi ilegal, y nos pregunta que porqué nos subimos a este tipo de vehículo si no queremos pagar el precio que el conductor exige por el trayecto.

¿Un taxi ilegal? Desde luego, nada parecía indicarlo cuando decidimos subirnos a él, ni la pintura distintiva, ni el indicador luminoso de “libre” en la parte frontal, ni la palabra “taxi” bien visible en el techo del vehículo. En caso contrario, por lo demás, nunca nos hubiéramos subido.

Tras veinte minutos de discusión en el interior del coche, empiezan a aparecer las razones, y el conductor aduce que tiene esposa e hijos, que su trabajo es duro y su vida lo suficientemente complicada. No me cabe duda de que lo que dice es cierto, pero eso no justifica este comportamiento. Cabe preguntarse en primer lugar de cuántas horas son las jornadas de los taxistas que pagan por una licencia para trabajar, y si no es acaso para ellos tanto o más difícil salir adelante con su trabajo. Cabe preguntarse, también, si no pagan los segundos con sus impuestos parte del coste de la escuela a la que probablemente asiste el hijo del conductor que trabaja ilegalmente, o del hospital al que acudirá la esposa del mismo en caso de encontrase enferma.

La economía sumergida es uno de los más serios problemas no sólo de China sino también de muchos países desarrollados, cuyos estados ven seriamente mermada su capacidad de recaudar impuestos debido a las irregularidades de contratación de personal de muchas empresas, así como por este tipo de prácticas productivas no declaradas de individuos particulares. La situación es a todas luces injusta, ya que al mismo tiempo que no pagan impuestos, estos individuos y empresas se benefician de los servicios que el estado mantiene con los impuestos del resto de la población trabajadora, incluso cuando no tienen acceso al sistema de seguridad social. Por otro lado, este tipo de trabajo irregular crea una situación de gran inseguridad para los propios trabajadores, que suelen estar peor pagados y trabajar en condiciones más precarias que el resto, entre otras cosas, ya que no se encuentran en situación de exigir el cumplimiento de sus derechos ante las autoridades.

La población no es consciente, a menudo, de las implicaciones que tienen estas prácticas irregulares tanto para los individuos como para el conjunto de la sociedad, y sólo ven los beneficios a corto plazo que supone el no pagar impuestos o los problemas de su día a día. En este caso, por ejemplo, mi impresión tras comentar el incidente con varios residentes locales es que uno de los elementos que alientan este tipo de prácticas es precisamente la permisividad que los ciudadanos pekineses demuestran con respecto a las mismas, el conformismo ante una situación que perjudica a sus conciudadanos y al conjunto de la sociedad y esa extendida filosofía del “ocuparse de los propios asuntos” que no conduce más que al deterioro de los asuntos de todos.

Porque, ¿cuántos ciudadanos chinos hubieran efectivamente telefoneado a la policía para denunciar una situación similar? ¿Cuántos se hubieran simplemente bajado del vehículo como si fuera lo más normal del mundo y esperado pacientemente a que apareciera el siguiente taxi? ¿Y cuántos hubieran pagado el precio arbitrario y desproporcionado que pedía el conductor?

Tanto la omisión que representa la segunda opción como la contribución directa a los bolsillos del conductor ilegal en el último caso, no hacen más que alentar este tipo de prácticas irregulares en una ciudad, que, por sus proporciones, es ya de por sí difícil de controlar a estos niveles para las fuerzas de seguridad. Desgraciadamente, el número de personas que hubieran optado por la primera opción se me antoja mínimo. Pero, ¿alguien se imagina qué efecto tendría el que los ciudadanos de Pekín decidieran en pleno denunciar a estos conductores en vez de mirar hacia otro lado? Desde luego, la policía tendría muchos más alicientes, además de, lo que es esencial, más información, para perseguir este tipo de prácticas y reducir su impacto negativo tanto sobre los consumidores como los trabajadores del sector.

A finales de 2008 y principios de 2009, tanto Pekín como otras grandes ciudades de China fueron testigo de las huelgas organizadas por sus taxistas -los que trabajan con licencia, no los otros- en protesta por la injusticia que supone para los trabajadores con licencia la proliferación de los llamados “coches negros”. Como consecuencia, el gobierno decidió, a través del Ministerio de Seguridad Pública, lanzar una campaña a nivel nacional para responder a las reivindicaciones de los manifestantes, pero lo cierto es que, aunque no se ha tenido noticia de más manifestaciones, tampoco se ha abierto ningún debate social al respecto, y los “hei che” continúan, sin lugar a dudas, circulando.

Si bien algunos taxistas con licencia aprovechan también determinadas situaciones para cobrar más de lo estipulado (no hay más que acercarse a la concurrida Wangfujin hacia la hora en que cierran los negocios y multitud de personas deseosa de volver a casa se arracima en la calle para comprobarlo), estos problemas pueden ser más fácilmente resueltos, ya que por lo general sólo hay que anotar el número de licencia del conductor en cuestión para que este tiemble en su asiento y acceda a realizar el viaje de forma legal, o en caso contrario se expone a ser amonestado por la empresa para la que trabaja al ser denunciado.

En líneas generales, en cualquier caso, Pekín tiene un servicio de taxis más que eficiente, y diría que hasta envidiable, con trabajadores amables, serviciales y honrados en la mayoría de los casos, y un extenso parque que permite desplazarse de un punto a otro de la gigantesca ciudad a precios razonables y sin la eventualidad, al menos en condiciones normales, de encontrase con largas esperas a la hora de conseguir un vehículo. Los ciudadanos pekineses deberían ser conscientes del valor del servicio que estas personas ofrecen y contribuir activamente a frenar aquellas prácticas que repercuten negativamente tanto sobre el trabajo de éstos como sobre los usuarios, y, en última instancia, sobre el conjunto de la sociedad.