Akmal Shaikh, un ciudadano británico, perdió la semana pasada su apelación final contra la pena de muerte a la que fue condenado por un tribunal por incurrir en tráfico de drogas, y expertos en leyes en China dijeron hoy que tanto el proceso como la sentencia se apegan a la legislación china, aunque diferentes sectores en el Reino Unido digan lo contrario.

El veredicto final contra Shaikh, de 53 años, se produce luego de dos apelaciones fallidas interpuestas desde octubre del año pasado, cuando fue sentenciado a la pena capital por el Tribunal Popular Intermedio de Urumqi, capital de la región autónoma uygur de Xinjiang, en el noroccidente de China, luego de que fuera capturado en el aeropuerto local transportando cuatro kilos de heroína.

Wang Zhenmin, decano de la Escuela de Leyes de la Universidad de Tsinghua, con sede en Beijing, dijo a Xinhua que las personas que cometan crímenes en territorio chino deberán someterse a la jurisdicción de este país.

La Ley Criminal de China estipula que quien trafique con más de 50 gramos de heroína puede ser sentenciado a muerte.

Ma Zhaoxu, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo el martes que el caso está siendo revisado por el Tribunal Popular Supremo.

Algunas personas en el Reino Unido han pedido a las cortes chinas el perdón de la pena para Shaikh. La embajada británica en china y una organización de ese país han solicitado además que el condenado sea sometido a una valoración psiquiátrica, reveló Ma.

Sin embargo, el mismo Shaikh ha dicho que en su familia no hay historia de enfermedades mentales, agregó el vocero.

Ma dijo que el tribunal ha garantizado los derechos del acusado contratando intérpretes y permitiendo tanto a él como a su abogado manifestar su versión de los hechos y defenderla durante los juicios.

"Sólo una evidencia de inestabilidad mental podría lograr que la pena capital le sea conmutada", sostuvo Wang. "Y la consideración (a ese respecto) deberá ser hecha con base en las valoraciones jurisdiccionales chinas, y no de acuerdo con opiniones subjetivas", añadió.

Huang Jingping, profesor de ley criminal de la Universidad Renmin de China, dijo que la historia médica de la familia de una persona es una evidencia importante para establecer si ésta tiene problemas mentales. Además, agregó, hay otros factores clave, como la valoración judicial que se hace con base en el comportamiento del sospechoso, así como en sus motivos y habilidad para cometer el crimen.

"Las cortes deben haber hecho juicios y valoraciones cuidadosos si el veredicto inicial fue confirmado después de más de una apelación", consideró Huang.

Jeremy Gray, ejecutivo de la compañía estadounidense Grace Construction Products, y de origen británico, dijo a Xinhua que él personalmente está en contra de la pena de muerte, pero que también entiende que los extranjeros tienen que cumplir con las leyes locales y aceptar las consecuencias si llegan a romper dichas leyes.

Por su parte, Eugene Liu, un británico que estudia leyes en la Universidad de Tsinghua, dijo que el caso es un asunto de legislación nacional, y que de llegar a surgir cualquier problema jurisdiccional, éste deberá ser manejado legalmente, sin influencias políticas.

Men Honghua, profesor de estudios de estrategia internacional en la Escuela del Partido del Comité Central del Partido Comunista de China, dijo que el país debe garantizar la justicia del fallo, y también está en la obligación de explicar el asunto a las partes concernientes.

No obstante, Men opinó que China no tiene la necesidad de alterar la sentencia sólo por las presiones británicas. Fin