La nueva ley de contratos laborales entró en vigor ayer en China, tras toda una serie de escándalos sobre despidos de trabajadores en numerosas empresas.

Los 98 artículos de la legislación, aprobada por la Asamblea Popular Nacional (APN, parlamento) en junio, concede a los trabajadores con más de diez años de permanencia en una empresa el derecho a firmar contratos que les protejan de despidos injustificados.

Asimismo, exige a las empresas contribuir a las aportaciones al fondo de la seguridad social de sus trabajadores y establecer estándares salariales para los trabajadores en pruebas y en horas extra.

"La ley supone un avance en la protección de los derechos de los trabajadores, obligando a las empresas a mejorar su gestión y asumir su responsabilidad social, creando al mismo tiempo una relación armoniosa entre empleados y empleadores", aseguró Chang Kai, decano del Instituto de Investigación de Relaciones Laborales de la Universidad Renmin de Beijing.

La adopción de la nueva normativa se ha encontrado con contragolpes, entre ellos el controvertido sistema de "dimisiones voluntarias" elaborado por Huawei, el gigante con base en Guangdong centrado en la producción de equipamiento para telecomunicaciones.

Huawei inició recientemente un plan en el que demanda a sus trabajadores con una experiencia laboral en la empresa superior a ocho años la solicitud de la baja voluntaria. Los trabajadores deberán de competir de nuevo por sus puestos de trabajo y firmar nuevos contratos con la compañía una vez recuperen sus posiciones, mientras que aquellos que no logren recuperar su puesto serán compensados.

"Esta medida está marcada por la aparición de la nueva ley", sostuvo Wu Zhenchang, director de la Asociación de Empresas de Capital Taiwanés de Guangzhou, capital de Guangdong.

Muchas compañías tienden a interpretar la firma de contratos indefinidos como una elevación del coste de los despidos, la reducción del flujo de trabajadores y, por tanto, una debilitación de la vitalidad empresarial.

"Si bien, los trabajadores son el colectivo al que la nueva ley pretende proteger, muchos de ellos se están viendo dañados antes de lograr beneficio alguno", aseguró Wu.

El profesor de la Universidad de Hong Kong Steven N.S. Cheng mostró su percepción de la nueva normativa a través de su blog. " Protegerá a los vagos... y finalmente dañará el crecimiento económico".

No obstante, Zhu Shanli, vicepresidente de la Escuela de Gestión Empresarial de la Universidad de Beijing, rechazó estos temores.

"Leyes similares para la promoción de contratos laborales indefinidos existen en los países occidentales desde el siglo pasado. En Japón, los empleados pueden tener un contrato de por vida, lo que no parece haber impedido que el país se convierta en la segunda potencia económica del planeta", aseguró Zhu.

Por su parte, Chang Kai añadió que: "Es un error pensar que la ley asegura la permanencia de los trabajadores incluso si incumplen la normativa de la empresa, no reúnen las capacidades necesarias o el puesto de trabajo ya no es necesario".

Si bien la normativa eleva el coste de los recursos humanos de las empresas, permitirá fortalecer la lealtad de los trabajadores y reducir costes invisibles, defendió Chang.

Los trabajadores parecen haber recibido con satisfacción el nuevo marco legal.

Huang Shuiyou, trabajador de Guangdong que ha sido empleado en numerosas fábricas del sur del país, consideró "fundamental tener un empleo estable". "Con la ley en la mano, los jefes no podrán despedirnos sin motivo alguno".

Las estadísticas mostraron que en torno al 40% de los trabajadores del sector privado no cuentan con contratos laborales. Los sectores críticos también denuncian que el impago de salarios, los trabajos forzados y otros abusos han acompañado al despegue económico de China.

Cai Zhengfu, vicepresidente de la Asociación de Empresas de Capital Taiwanés de Shenzhen, sostuvo que China aún no cuenta con un marco legal que defienda los derechos de los trabajadores, si bien la nueva ley no supone un remedio universal.

Asimismo, Cai indicó que las diferencias en la aplicación de la normativa en las distintas regiones chinas puede provocar desequilibrios que acaben desembocando en diferencias regionales en materia de costes laborales.