Al promulgar hoy la ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, afirmó que "estamos cumpliendo con un compromiso del gobierno, pero por sobre todas las cosas un compromiso moral y político del país".

La mandataria expresó que en un día como éste es "indispensable recordar a todos los compatriotas que fueron víctimas de las violaciones de los derechos humanos, que por cierto no queremos que vuelvan a ocurrir en nuestra tierra".

Durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), 3.000 opositores políticos fueron asesinados, 1.200 personas desaparecidas y 35.000 torturadas.

El padre de la presidenta, el general Alberto Bachelet, murió en la cárcel tras recibir torturas, y ella y su madre fueron detenidas por la policía secreta de la época.

Bachelet recalcó que con la democracia "no sólo recuperamos las libertades perdidas y garantizamos el derecho fundamental a la vida, a partir de ese piso fundamental --con una convicción más amplia y profunda-- hemos ido avanzando para ir expandiendo las libertades, asegurando derechos indispensables".

Explicó que el Instituto de Derechos Humanos basará su acción en los principios de independencia, pluralismo, autonomía, estabilidad y con un mandato amplio para su promoción y protección, conforme a las normas internacionales.

"Será un organismo independiente de cualquier otra autoridad del Estado para que pueda cumplir con eficacia y libertad su rol tutelar y vigilante, y, a la vez, con la autonomía suficiente en materia de organización, financiamiento y control que le permita actuar sin condicionamientos externos", añadió.

Agregó que "será un organismo pluralista que deberá asegurar en su composición y dirección la más amplia diversidad y representación de la sociedad civil, la transversalidad, tolerancia y amplitud de horizontes que dé garantía a todos los chilenos".

Entre sus funciones, el nuevo organismo elaborará un Informe Anual sobre el estado de los derechos humanos en el país y sus actividades, que deberá presentar al Presidente de la República, al Congreso Nacional y al presidente de la Corte Suprema.

También comunicará a los distintos órganos del Estado su opinión respecto de las situaciones relativas a los derechos humanos que ocurran en cualquier parte del país y propondrá a los órganos del Estado las medidas que estime deban adoptarse para favorecer la protección y la promoción de los derechos humanos.

Además, promoverá que la legislación, los reglamentos y las prácticas nacionales se armonicen con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile.

Podrá difundir el conocimiento de los derechos humanos, favorecer su enseñanza en todos los niveles del sistema educativo, incluyendo la formación impartida al interior de las Fuerzas Armadas, de Orden y de Seguridad Pública.

Asimismo, promoverá la realización de investigaciones, estudios y publicaciones, otorgará premios, patrocinará actos relativos a estas materias, y realizará todo aquello que propenda a consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos en el país.

Respecto de la colaboración y asesoría, el Instituto puede colaborar en la elaboración de los informes que el Estado deba presentar a los órganos internacionales; cooperar con instituciones de otros países en la promoción y protección de los derechos humanos y, prestar su asesoría en materias de su competencia a organismos públicos y privados que lo soliciten.

En materia de ejercicio de acciones judiciales, podrá deducir acciones legales ante los tribunales de justicia, en el ámbito de su competencia, mientras que en materia de prevención de la tortura, podrá comisionar a uno o más consejeros, al director o a su personal, para ingresar a recintos públicos donde una persona esté o pueda estar privada de libertad.

Para la memoria histórica, el Instituto podrá custodiar y guardar en depósito los antecedentes reunidos por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación; la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación; el Programa de Derechos Humanos; y la Comisión de Prisión Política y Tortura. Fin