La presidenta argentina, Cristina Fernández, presentó hoy el nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI), que tendrá dos formatos, libreta y tarjeta plástica, a un costo de 15 pesos (unos 3,90 dólares).
Según informó la jefa de Estado este miércoles a través de un discurso emitido por la cadena nacional de radiodifusión, el trámite para obtener el DNI demandará no más de cinco días.
Actualmente, quien desee obtener su DNI puede llegar a esperar hasta un año, dependiendo de la jurisdicción en la que inicie el trámite.
"Cuando ponemos decisión somos capaces de hacer las mejores obras como en los países más desarrollados. Todo digitalizado. Es una transformación importante. Es un orgullo muy grande", dijo Fernández, quien destacó que para los recién nacidos el DNI será gratuito.
La mandataria sudamericana celebró que "es increíble lo hecho. Es un DNI 100 por ciento argentino; hasta el software. Todo propiedad del Estado. Una cosa que parecía imposible, en menos de dos años lo hicimos", dijo.
Los DNI argentinos, en colores celeste y blanco, como la bandera nacional, serán fabricados en una empresa estatal de modernas instalaciones, en la que se invirtieron 18 millones de dólares, según remarcó Fernández.
Tendrán 30 medidas de seguridad digital e informática similares a las del pasaporte que elabora la Policía Federal Argentina.
"Salimos de esa maldición gitana que cada vez que se iniciaba un proyecto terminaba en un escándalo", dijo la mandataria, en alusión al contrato con la empresa alemana Siemens firmado durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem (1989-1999).
En 1998, durante la presidencia de Menem, Siemens había ganado una licitación para confeccionar los DNI de los ciudadanos argentinos.
Era un contrato por 1.260 millones dólares y cada DNI iba a costar 30 pesos, equivalentes a 30 dólares en ese entonces.
El gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001), sucesor de Menem, rescindió ese contrato, y por ello la compañía alemana demandó al Estado argentino por 200 millones de dólares.
Años después, la empresa admitió el pago de coimas a funcionarios argentinos, tanto de la presidencia de Menem como de De la Rúa.
En Argentina, el juez federal Ariel Lijo quien investiga la ruta de los presuntos sobornos. A nivel internacional, la consultora KPMG encabeza una auditoría interna en la empresa europea en igual sentido.
En agosto pasado, la empresa alemana anunció el retiro de la demanda contra el Estado argentino por 220 millones de dólares que había presentado ante el Banco Mundial tras la ruptura de ese contrato.
