A cuatro meses del golpe de Estado en Honduras, los hondureños aún no encuentran la fórmula que los saque de la crisis.

El intento de la Organización de los Estados Americanos (OEA), los llamados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la formulación del acuerdo de San José no han sido suficientes para que los golpistas dejen el poder.

Tampoco lo ha sido la suspensión de ayudas económicas por más de 100 millones de dólares ni la amenaza de la comunidad internacional de desconocer las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Mientras pasa el tiempo, se consolida el nuevo gobierno y las esperanzas de Manuel Zelaya se diluyen en la embajada de Brasil en Honduras, donde se encuentra refugiado tras su ingreso sorpresivo el 21 de septiembre.

Propuestas, contrapropuestas, ultimátum y nuevos plazos para solventar la crisis han marcado los últimos cuatro meses.

Pérdidas económicas diarias de entre 35 millones y 39 millones de dólares tiene sumido al pueblo en la desesperanza.

Desde la salida de Zelaya el 28 de junio, la economía fue severamente golpeada, los hondureños tienen que sufrir una contracción económica, que afecta a comerciantes y pequeños empresarios.

El cierre de empresas y despidos de trabajadores aumenta la preocupación y eleva los niveles de inseguridad que tiene a los hondureños de cabeza.

Sumado a eso, las acciones de la Resistencia Contra el Golpe de Estado iniciadas a finales de junio, han dejado una marcada polarización en la sociedad.

Un decreto que suspendía las garantías constitucionales y el cierre temporal de dos medios de comunicación (Radio Globo y Canal 36), aumentó el malestar entre los seguidores de Zelaya.

Las visitas de representantes y senadores republicanos de Estados Unidos, brasileños y hasta europeos a finales de septiembre, abrió la esperanza para lograr un acuerdo consensuado, pero todo quedó en buenas intenciones.

Incluso dos visitas de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encabezados por el titular José Miguel Insulza, el 25 de agosto y el 7 de octubre, no pudieron "ablandar" a los golpistas para que cedieran, ni Zelaya aceptó otra opción que su restitución.

Se esperó que una reunión privada entre Insulza y Roberto Micheletti a inicios de octubre, permitiría solucionar la crisis, pero tampoco salió "humo blanco" y tal parece que todos los esfuerzos de están agotando.

Organismos de derechos humanos denunciaron el 22 octubre que militares y policías han desaparecido al menos a 21 hondureños, la mayoría seguidores de Zelaya.

Sumado a eso, durante las protestas en julio y agosto se registraron negocios quemados, decenas de heridos y ataques contra medios de comunicación.

Atentados con bombas "molotov" contra "El Heraldo", "La Tribuna", "Radio América" y "Canal 11", sirvió para que los zelayistas descargaran su furia por la intransigencia gubernamental.

La crisis en Honduras se engendró el 27 de junio, un día antes que Zelaya propusiera una consulta popular para la instalación de una constituyente y cumplir su propósito de reformar la Carta Magna, según sus opositores, para continuar en el poder.

El 21 de octubre en sesión de consejo permanente, la OEA pidió un mayor esfuerzo para sacar adelante el diálogo emprendido el 7 de octubre entre el gobierno interino y una comisión de Zelaya.

De ocho puntos sobre la mesa,tomando como referencia el acuerdo de San José, las comisiones acordaron siete, pero al negociar la restitución de Zelaya la plática se estancó.

La madrugada del 23 de octubre, Zelaya dio por agotado el diálogo, mientras que el gobierno de facto insistió en que Roberto Micheletti podría renunciar si Zelaya hacía lo mismo, lo cual nuevamente fue rechazado.

Después de tantos esfuerzos y marcada intransigencia de ambas partes, la solución no está a la vuelta de la esquina, aunque nuevos intentos esta semana, hacen renacer las esperanzas de lograr un acuerdo que revierta la situación actual y devuelva la paz a ese oprimido pueblo que lo único que desea es vivir en tranquilidad. Fin