La diplomacia brasileña enfrentó esta semana un considerable desafío con la sorpresiva aparición del presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, en la embajada de Brasil en Tegucigalpa.

El apoyo hasta entonces brindado al mandatario hondureño, depuesto el pasado 28 de junio, no había exigido de los formuladores de la política externa del país grandes esfuerzos, ya que se trataba simplemente de acompañar la posición de los demás países latinoamericanos.

Al decidir hospedar a Zelaya en su embajada, en el país que éste gobernaba, el gobierno brasileño entró en un terreno muy resbaladizo, en el que las normas internacionales de asilo tanto pueden valer a favor como contra Brasil.

Las dificultades inherentes al episodio se ven agravadas por el carácter peculiar de la conducción de la política exterior del mayor país latinoamericano, un extraño condominio entre dos responsables.

La estructura diplomática de Brasil es comandada, como en todas partes, por el ministro de Relaciones Exteriores, el veterano diplomático Celso Amorim, quien ocupa ese cargo por segunda vez, ya que se desempeño como canciller durante el gobierno del presidente Itamar Franco (1992-1995).

Desde la llegada del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia en 2003, su asesor para asuntos internacionales, Marco Aurelio García, asumió un papel cada vez más decisivo en la formulación de políticas, especialmente en relación a los problemas latinoamericanos.

En el caso hondureño, todo indica que Amorim y García están de acuerdo, aunque sus estilos sean muy diferentes, como muestran algunas declaraciones del asesor presidencial.

"El gobierno hondureño es un gobierno de mentirosos y golpistas. No es reconocido por nadie y le miente a su pueblo. Ese gobierno está desprovisto de autoridad para afirmar cualquier cosa con respecto a quienquiera que sea", declaró el viernes pasado García.

La crisis de Tegucigalpa, además de ser llevada al Consejo de Seguridad de la ONU por el gobierno brasileño, que no consiguió una resolución tan fuerte como deseaba, originó una fuerte discusión interna en Brasil.

El hecho llama la atención debido a que los políticos brasileños, en general, no se preocupan demasiado por la política externa del país, sin embargo en este caso ha provocado una polarización en las posiciones del gobierno y la oposición.

"Brasil pasó de mediador a adversario. En esas condiciones, es muy difícil que cualquier propuesta brasileña obtenga alguna receptividad de parte del actual gobierno hondureño", observó el diputado del Partido Verde, Fernando Gabeira.

Dos diputados de la extrema derecha, Jair Bolsonaro y Fernando Chiarelli, llegaron al extremo de presentar en la Cámara una moción de apoyo al golpe de Estado y al presidente interino Roberto Micheletti.

Por su parte, el senador derechista Demóstenes Torres censuró ácidamente la idea, que atribuyó al ministro Amorim, de llevar el caso de Zelaya al Consejo de Seguridad de la ONU, con el riesgo de sufrir una derrota.

El sociólogo y ex ministro de Cultura Francisco Weffort, también ex amigo del presidente Lula, cuestionó la indefinición de la situación de Zelaya en la embajada brasileña, ya que no se sabe si recibió asilo o simplemente hospedaje.

La distinción es significativa, porque la legislación internacional veda a los asilados el derecho de hacer declaraciones políticas, y el ex presidente hondureño no ha hecho otra cosa desde que llegó a la representación diplomática de Brasil.

La ministra de la Casa Civil, Dilma Rousseff, precandidata presidencial escogida por el presidente Lula, también entró al debate, del lado del gobierno, para sostener que el retorno de Zelaya a su cargo no es negociable.

"No creo que la ONU, la OEA o cualquier país latinoamericano estén dispuestos a negociar el retorno de Zelaya a su posición de presidente constitucional, haciendo alguna concesión a los golpistas", dijo Rousseff.

"No es posible que alguien diga que si la dictadura se vuelve un poco menos dictatorial, podemos aceptar la dictadura", enfatizó la ministra brasileña.

El hecho es que el país enfrenta una difícil situación diplomática, al ser acusado de connivencia en el regreso de Zelaya a su país, lo cual puede representar una injerencia en los asuntos internos de Honduras.

Tal confabulación es vehementemente negada por el canciller Amorim, quien sostiene que Brasil sólo conoció la presencia del ex presidente frente a la embajada brasileña en la tarde del lunes, cuando aceptó recibirlo.

"Zelaya es bienvenido y está hospedado y protegido en nuestra embajada hasta que sea encontrada una solución", señaló el canciller. Fin