La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), cuya presidencia pro témpore la ejerce Ecuador, exigió hoy la inmediata e incondicional restitución en el poder del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya.

En un comunicado emitido este jueves, la Unasur expresó, además, su profunda preocupación frente a la gravedad de la situación en Honduras, tras el retorno por medios propios y pacíficos del presidente Manuel Zelaya.

Unasur reiteró su más enérgica condena al golpe de Estado y manifestó su firme deseo de que Honduras mantenga la paz interna, basada en el marco de la institucionalidad democrática y en el respeto de los derechos humanos.

En la nota difundida por la cancillería ecuatoriana, Unasur exhortó a los organismos internacionales de derechos humanos a realizar un seguimiento a la situación de los derechos civiles en Honduras.

Asimismo, la Unión de Naciones Sudamericanas deploró "la imposición del estado de sitio, la suspensión total de los derechos del pueblo hondureño y exigió que se respete su libertad de expresión y asociación".

Unasur también hizo un llamamiento al diálogo y a la reconciliación nacional para buscar una solución pacífica y negociada de la crisis y exhortó a ambas partes del conflicto a que se abstengan de toda acción que pudiera aumentar la tensión y la violencia.

La Unasur demandó el respeto a la inmunidad diplomática, consagrada en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, por lo que protestó enérgicamente contra la privación de los servicios básicos a la Embajada de Brasil en Tegucigalpa.

El bloque condenó los actos violentos perpetrados por el gobierno de facto, dirigido por Roberto Micheletti, en las inmediaciones de la legación diplomática e insistió en que se garantice "la seguridad y la inviolabilidad de dicha representación".

Unasur reiteró que "no reconoce a ningún otro gobierno que no haya sido legal y legítimamente elegido" y ratificó que no reconocerá "ninguna convocatoria a elecciones por un gobierno de facto".

La Unasur convocó a la comunidad internacional a extremar los recursos necesarios y adoptar medidas para asegurar el restablecimiento del presidente Zelaya en el ejercicio pleno de sus funciones y la restauración pacífica de la democracia en Honduras. Fin