Una comisión estatal de Ecuador revisará el convenio suscrito entre el gobierno y la compañía Oleoducto de Crudos Pesados Sociedad Anónima (OCP S.A.), dijo este martes la oficina de la Presidencia.

La comisión hará el análisis legal, técnico, económico-financiero, social y ambiental tanto de la oferta como del contrato firmado con OCP, cuya renegociación fue anunciada en julio por el presidente ecuatoriano Rafael Correa.

La comisión, presidida por el viceministro de Hidrocarburos, Julio González, presentará su informe en septiembre próximo, afirmó la presidencia en un comunicado.

Según el mandatario ecuatoriano, las empresas accionistas del OCP, entre las cuales la española Repsol-YPF, la brasileña Petrobras y la francesa Perenco, incurrieron en préstamos ficticios y en evasión del pago de impuestos.

Correa dijo que para construir el OCP, que transporta crudo de la Amazonia a la costa ecuatoriana, las empresas socias supuestamente conformaron una empresa en paraísos fiscales.

Esas compañías financiaron los costos con deuda y créditos entregados por las propias socias, con tasas de interés del 18 al 21 por ciento, cuando en el mercado están entre 4 y 6 por ciento, agregó.

Eso, dijo Correa, hace que salgan gastos de intereses altos, con lo cual la compañía no paga impuestos al estado, no tiene utilidades y estafa al fisco, agrega la Presidencia.

A juicio de Correa, el OCP afectó al Estado cuando el costo inicial de 500 millones de dólares aumentó al final a 1.500 millones.

"No fue inversión real, fue inflada. Si son 500 millones de dólares en 15 años, pagó poca cantidad de amortización, si es más, la amortización incrementa", agregó.

"Esta es la tercera vía de cómo eludieron y siguen eludiendo impuestos, sobredimensionando la inversión", dijo el mandatario. Fin