La inversión brasileña en ciencia y tecnología será elevada del actual 0,6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país al 1,5 por ciento el próximo año, informaron hoy fuentes oficiales.
Ese aumento será posible gracias a la entrada en vigor con todos sus artículos de dos leyes que incentivan la investigación y la contratación de investigadores por parte de las empresas, según un informativo divulgado hoy por la secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República de Brasil.
De esa forma, además del aumento de la inversión pública en ciencia y tecnología, los incentivos harán con que la participación del sector privado en la inversión en innovación alcance un inédito 0,65 por ciento del PIB.
Una de las leyes que permitirán un aumento en la inversión es la Ley de la Innovación, aprobada por el Congreso en 2004 para apoyar las asociaciones entre universidades y empresas.
La otra es la Ley del Bien, sancionada en 2005 y que exenta de impuestos a las firmas que invierten en investigación, explica Guilherme Henrique Pereira, secretario de Desarrollo Tecnológico e Innovación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, citado en el informativo de la Presidencia.
"Existen varios mecanismos para apoyar la innovación de las empresas y la creación de Institutos de Ciencia y Tecnología en las universidades. La Ley de Innovación es una de ellas", asegura Pereira.
"Necesitamos tener las universidades más próximas de las empresas y promover la innovación. Tenemos de un lado una academia eficiente y del otro empresarios competitivos. Necesitamos unir las dos fuerzas",agrega.
El crecimiento de la inversión en ciencia y tecnología también serápromovido por el Programa Primera Empresa Innovadora (Prime), una iniciativa del gobierno brasileño para beneficiar proyectos de inversión de empresas con hasta dos años de funcionamiento y que se dediquen al desarrollo de productos o servicios innovadores.
Los beneficiarios de este programa serán escogidos por las 17 incubadoras para empresas innovadoras que firmaron convenios con el Gobierno y que actuarán como intermediarias entre los proyectos de investigación y los recursos financieros ofrecidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Fin