Cuando faltan tres días para la última Cuenta Pública anual de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, no se esperan nuevos anuncios de proyectos de impacto económico o social para los nueve meses que restan de su mandato.

La cuenta anual es una ceremonia trascendental en la política chilena, que se efectúa en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en Valparaíso, con la asistencia de los senadores y diputados, ministros, miembros del Poder Judicial, el Contralor General y otros funcionarios públicos, cuerpo diplomático e invitados especiales.

El resultado del plan de medidas para mitigar la crisis económica, cuyo monto es de 4.000 millones de dólares, será el centro de su informe, el cual reflejará los avances que Chile ha logrado en la implementación de un sistema de protección social.

Es precisamente el legado social lo principal que deja la administración Bachelet, al haber podido concretar en más de tres años un amplio programa de salas cuna, la reforma provisional, los avances en la igualdad de la mujer, la construcción de viviendas sociales y la nueva Ley General de Educación, entre otros.

En su rendición ante los parlamentarios, Bachelet mencionará la creación del sistema Protege, que busca coordinar el trabajo de todos los ministerios vinculados con la protección social para que la población acceda a todos los beneficios que entrega el gobierno.

Estos proyectos sociales desarrollados durante su gestión están caracterizados por ser medidas de largo alcance, encaminadas a reducir la gran brecha de desigualdad que registra Chile.

Por ello, se prevé que mandataria resaltará como una necesidad que los programas sociales deben ser continuados, lo que sería interpretado como un respaldo al aspirante de la coalición gobernante, el ex presidente Eduardo Frei, en los comicios de diciembre próximo.

Desde el oficialismo han asegurado que en caso de una victoria de la derecha en los comicios presidenciales de diciembre, los beneficios sociales correrán un gran riesgo.

El candidato derechista Sebastián Piñera, quien lidera las encuestas, prometió que los beneficios sociales se mantendrán como una prioridad en su eventual gobierno.

En su discurso, Bachelet exhibirá como un triunfo la ley aprobada la semana pasado para igualar el salario entre hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo, pero exigirá a los legisladores apoyo a otro proyecto que establece cuotas para la participación femenina en política y cuya tramitación ha sido más lenta de lo esperado.

Todos los analistas coinciden en que el centro del discurso presidencial será la crisis económica internacional y sus impactos en Chile, donde su primera manifestación ha sido en el desempleo, que llega a 9,2% (poco más de 600.000 desocupados).

El gobierno ha priorizado sus programas ProEmpleo, comenzando inversiones por 100 millones de dólares en obras públicas, esperándose que la mandataria eleve esa cifra en su discurso y prometa poner todo su empeño en reducir el número de cesantes.

En las autoridades hay conciencia de que un aumento en el desempleo puede tener una fuerte incidencia en las elecciones de diciembre y sería un factor que pondría en peligro la aspiración de alcanzar un quinto gobierno consecutivo de la Concertación de Partidos por la Democracia, en el poder desde 1990.

Otra medida que podría estar incluida en el informe presidencial es la reducción en dos puntos del 7 por ciento que pagan los pensionados por los servicios de salud, lo que ha sido una reiterada demanda de parlamentarios de distintos sectores.

También estaría la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, considerada un logro de la mandataria.

Hay expectativas respecto a la agenda legislativa para los próximos meses, sobre todo en la Central Unitaria de Trabajadores, porque se espera que la presidenta ponga fecha al postergado proyecto de ley sobre negociación colectiva entre empresarios y trabajadores, que es una propuesta de su programa de gobierno que aún está pendiente.

Pese a que se han observado errores en su administración, como la deficiente implementación del sistema de transporte público en la capital, los persistentes problemas en la salud pública y la no consolidación de la seguridad ciudadana, la presidenta llega a este 21 de mayo con una alta adhesión popular.

La ciudadanía evalúa positivamente el manejo de Bachelet ante la crisis global, lo cual se reconoce en las encuestas de opinión pública, como demostró la última de Adimark, que arrojó 67 por ciento de aprobación tanto para la presidenta como para su ministro de Hacienda, Andrés Velasco.

La evaluación personal de la gestión de la mandataria ha estado de cierta manera disociada de las realizaciones o errores de su gobierno.

Su popularidad no deja de constituir una paradoja pues lo logra en medio de una de las peores crisis económicas de las últimas décadas, que llevaría a la economía chilena a contraerse en 2009 por primera vez en una década.

Al inicio de su periodo, sin embargo, cuando la economía local atravesaba uno de sus mejores momentos, la popularidad de Bachelet caía a sus niveles más bajos.

Tras hacer el balance de la gestión gubernamental, la jefa de estado deberá afrontar la realización de las elecciones parlamentarias y presidenciales. La derecha ha comenzado una campaña contra "el intervencionismo del gobierno", en momentos en que su coalición vive un mal momento por las divisiones y la falta de apoyo popular.

Todo indica que el gobierno bacheletista terminará con una buena valoración, pero eso no significa que el oficialismo pueda seguir ocupando La Moneda a partir de marzo de 2010. Fin