El gobierno de Ecuador rechazó hoy la ley de seguridad aprobada por el parlamento italiano, la semana pasada, que convierte la inmigración ilegal en delito.

En un comunicado, la presidencia señaló que esta norma "supone un claro y dramático avance de la política migratoria de Italia hacia prácticas violatorias de los derechos humanos de los inmigrantes".

"Resulta lamentable y preocupante la utilización política y con fines electorales del tratamiento de la situación migratoria que se viene realizando por parte de la extrema derecha italiana, que trataría de presentar a los migrantes como chivos expiatorios de los problemas económicos y de seguridad por los que atraviesa Italia", agregó.

Ecuador consideró que las enmiendas aprobadas en febrero pasado por el Senado y ratificadas por el Parlamento, instituyen como delito el derecho a la libre movilidad de las personas, generan en los migrantes un verdadero cordón sanitario, segregador y represivo.

Conforme al comunicado, la ley de seguridad aprobada por el parlamento italiano, "endurece las condiciones para facilitar una inmigración regularizada y aumentan gravemente las penas contra los indocumentados, violando incluso la propia Constitución de la República italiana".

Añadió que esta decisión, que durante su periodo de gestación ha tenido una fuerte oposición por parte de movimientos sociales y asociaciones de defensa de los derechos humanos en Italia y en Europa, es "perversa" porque alimenta la espiral de violencia xenófoba que padece Italia en los últimos meses.

Esa legislación, según Quito, establece castigos contra la población italiana que se solidarice con aquellas personas inmigrantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad y favorece prácticas delatorias por parte de la población y de los profesionales y funcionarios.

"La decisión, situada en la estela marcada por las últimas legislaciones aprobadas en el seno de la Unión Europea, desconoce el aporte fundamental que ha realizado y realiza la población inmigrante al sostenimiento de la economía y el Estado de bienestar italianos", subrayó.

Por ello, el gobierno ecuatoriano expresa "su más profundo rechazo y preocupación ante esta ley".

De acuerdo con el el texto oficial, Ecuador responsabiliza al gobierno italiano de toda actuación de arbitrariedad administrativa o de violencia social que pudiere afectar a cualquier ciudadano (a) ecuatoriano (a) que se encuentre en Italia.

La Secretaría Nacional del Migrante de Ecuador (Senami), en coordinación con la Cancillería, trabaja activamente por impulsar en Ecuador, en América Latina y en el Mundo, políticas migratorias respetuosas de los derechos de las personas en movilidad y a través de las cuales se logre aprovechar todo el potencial benéfico que las dinámicas migratorias suponen para el desarrollo humano a escala mundial, concluyó. Fin