Impulsados por un contexto político internacional nuevo, Cuba y Estados Unidos están ante la posibilidad de remodelar sus relaciones con la negociación de varios temas de interés común, como el combate al narcotráfico, al tráfico de personas y al terrorismo.

El principal punto de fricción bilateral es el enmarañado entramado de leyes que aplica Washington a Cuba desde hace medio siglo para mantener alrededor de la isla un bloqueo económico, financiero y comercial.

La administración de Barack Obama, aunque ha dado tímidos pasos, no parece dispuesta a levantar ese bloqueo que desde hace más de una década ha sido condenado casi unánimemente por la Organización de las Naciones Unidas.

No obstante, las recientes reuniones sostenidas en el Departamento de Estado por el subsecretario de Estado para América Latina, Thomas Shannon, y por el jefe de la oficina de Intereses de Cuba en Washington, Jorge Bolaños, son una señal positivas.

Los temas abordados no trascendieron, sin embargo Cuba ratificó la disposición cubana a dialogar, sin condicionamientos.

"Estamos dispuestos a discutir todo, derechos humanos, libertad de prensa, presos políticos (...), pero en igualdad de condiciones, sin la más mínima sombra sobre nuestra soberanía", afirmó el mes anterior el presidente de Cuba, Raúl Castro.

La afirmación del mandatario se unió a las declaraciones de su hermano y ex presidente Fidel Castro, para quien la invitación a negociar es "una muestra de valentía y confianza en los principios de la Revolución".

Para muchos analistas, el diálogo es posible aunque hay mutuos recelos por tantos años de desencuentros y de fallidos intentos por parte de más de una decena de mandatarios de Estados Unidos de subvertir el orden interno en la isla.

El bloqueo fue iniciado por la administración del entonces presidente John F. Kennedy en 1961, después se recrudeció con la llamada Ley Helms-Burton, aprobada en 1996 durante la administración del ex mandatario Bill Clinton y se aplicó rigurosamente con el mandato de George W. Bush.

Precisamente con la Ley Helms-Burton el bloqueo dejó de ser una facultad presidencial y pasó a manos del Congreso, lo que dificulta su eliminación, pero existe la posibilidad de avanzar en temas propuestos antes por Cuba, como el combate al narcotráfico, al tráfico de personas y al terrorismo.

En marzo de 2005 La Habana hizo propuestas de cooperación en esas áreas, pero fueron desestimadas por la administración Bush, que más tarde interrumpió de manera unilateral la revisión semestral de los acuerdos migratorios bilaterales firmados en 1994 y ratificados en 1995.

Esos acuerdos, los únicos suscritos entre los dos países, permitían una emigración normal y ordenada desde la isla hacia territorio norteamericano.

Para revisar el cumplimiento de estos acuerdos, funcionarios de las dos naciones se reunían de manera alterna cada seis meses.

Ahora, la continuidad de esos encuentros requerirá sólo de la voluntad política de ambas partes, separadas apenas por un centenar de kilómetros y por tanto obligados a compartir problemas de toda índole.

Aunque la administración Obama quitó las regulaciones para que los cubanos americanos viajen a la isla y envíen remesas, aún los estadounidenses tienen legalmente prohibido visitarla.

Levantar esa prohibición, que muchos en Estados Unidos consideran anticonstitucional, representa también una buena inyección de dinero fresco para la maltrecha economía de la isla, que esperaría una "invasión" de turistas estadounidenses.

A pesar de los escollos, existe un camino de diálogo posible para avanzar en el acercamiento de los dos países antes de llegar a establecer una relación moderna y normal. Sin embargo, una relación normal entre Washington y La Habana será posible sólo si Estados Unidos renuncia a sus intenciones de determinar el futuro político cubano, algo que por el momento parece muy lejano. Fin