rg.dom4j.tree.DefaultCDATA@1f31432 [CDATA: " II. Sobre los derechos civiles y políticos

En Estados Unidos, el gobierno restringe y viola gravemente los derechos políticos y civiles de los ciudadanos.

La policía de EEUU utiliza con frecuencia la violencia contra los ciudadanos. Según lo publicado en los medios de comunicación, 315 agentes de Nueva York fueron sometidos a un proceso de investigación interna por el uso incontrolado de la violencia que hicieron durante el ejercicio de la ley. La cifra era de sólo 210 en 2007. En los últimos dos años, el número de agentes de Nueva York investigados tras haber recibido demasiadas quejas aumentó un 50 por ciento (http://www.chicagodefender.com). Según un informe del Departamento de Policía de Nueva York sobre el uso de armas de fuego publicado el 17 de noviembre de 2009, la policía de esta ciudad estadounidense disparó 588 balas en 2007, provocando la muerte de diez personas, y otras 354 en 2008, con 13 bajas (http://gothamist.com, 17 de noviembre de 2009). El 3 de septiembre de 2009, cuatro agentes golpearon repetidamente con bastones a un estudiante de la Universidad Estatal de San José y utilizaron pistolas Taser para darle diez descargas eléctricas (http://www.mercurynews.com, 27 de octubre de 2009). El 22 de septiembre de 2009, un estudiante chino en Eugene, en el estado de Oregon, fue golpeado por un agente de policía sin ningún motivo (The Oregonian, 23 de octubre de 2009, http://blog.oregonlive.com). Según Amnistía Internacional, la policía mató a 45 personas en los primeros diez meses de 2009 debido al uso incontrolado de las pistolas Taser. La víctima más joven tenía sólo 15 años. Desde el año 2001, los agentes estadounidenses mataron a 389 personas con pistolas Taser (http://theduckshoot.com).

El abuso de poder es común entre aquellos encargados de aplicar la ley en Estados Unidos. En julio de 2009, el FBI abrió un proceso contra cuatro agentes de la zona de Washington por haber aceptado supuestamente dinero a cambio de proteger un local de apuestas frecuentado por algunos de los traficantes de drogas más poderosos de la región en los dos años anteriores (The Washington Post, 19 de julio de 2009). En septiembre de 2009, un policía que no estaba de servicio y que circulaba en bicicleta por una calle de Chicago atacó al conductor de un autobús que supuestamente le había cortado el paso (The Chicago Tribune, http://www.chicagobreakingnews.com, septiembre de 2009). Ese mismo mes, cuatro ex agentes de Chicago fueron acusados de extorsionar 500.000 dólares a un ciudadano hispano que conducía un vehículo que no había sido registrado en la ciudad y a supuestos traficantes de drogas en el nombre de la ley. Estos policías también ofrecieron sobornos a sus superiores (The Chicago Tribune, 19 de septiembre de 2009). En noviembre de 2009, un ex jefe de policía de Morningside, en el condado de Prince George, fue acusado de vender una arma de fuego robada a un civil (The Washington Post, 18 de noviembre de 2009). En las grandes ciudades estadounidenses, la policía para, interroga y cachea a más de un millón de personas cada año, una cifra mucho más alta que la de hace algunos años (http://huffingtonpost.com, 8 de octubre de 2009).

Las prisiones de Estados Unidos están abarrotadas. Según un informe publicado por el Departamento de Justicia el 8 de diciembre de 2008, más de 7,3 millones de personas permanecían bajo el control del sistema correccional del país a finales de 2008. El número de personas recluidas en las instituciones de este sistema aumentó un 0,5 por ciento interanual en 2008. (http://www.wsws.org). Alrededor de 2,3 millones de personas se encontraban bajo custodia en las prisiones estadounidenses en las cárceles estadounidenses, lo que equivale a uno de cada 198 habitantes del país, de acuerdo con el informe. Entre el 2000 y el 2008, el número de reclusos aumentó un 1,8 por ciento anual de media. (http://mensnewsdaily.com, 18 de enero de 2010). El gobierno del estado de California llegó a sugerir la posibilidad de enviar decenas de miles de inmigrantes ilegales a México para aliviar la presión que el exceso de presos ejerce sobre su sistema penitenciario (http://news.yahoo.com, 26 de enero de 2010).

En Estados Unidos, los derechos básicos de los reclusos no están bien protegidos. Los casos de presos violados por empleados de las instituciones penitenciarias abundan. Según el Departamento de Justicia, el número de denuncias relacionadas con la "mala conducta sexual" de los trabajadores de las 93 prisiones federales del país han ascendido a casi el doble en los últimos ocho años. Casi el 40 por ciento de los 90 empleados juzgados por haber abusado sexualmente de presos también fueron condenados por otros crímenes (The Washington Post, 11 de septiembre de 2009). El periódico New York Times publicó el 24 de junio de 2009 los datos de un estudio según el cual el 4,5 por ciento de los más de 63.000 reclusos de las prisiones estatales y federales encuestados habían denunciado abusos sexuales en al menos una ocasión en los doce últimos meses. El documento estimaba que durante ese periodo se produjeron al menos 60.000 violaciones de presos.

La caótica gestión de las cárceles en Estados Unidos también provocó el contagio de enfermedades entre los reclusos. Según un informe del Departamento de Justicia, 20.231 hombres y 1.913 mujeres que cumplían condena en las prisiones federales y estatales eran portadores del virus VIH a finales de 2008. El porcentaje de presos portadores del virus era de un 1,5 por ciento en el caso de los hombres y un 1,9 por ciento en el de las mujeres. (http://www.news-medical.net, 2 de diciembre de 2009). Entre 2007 y 2008, el número de casos de SIDA en las prisiones de California, Missouri y Florida aumentó en 246,169 y 166, respectivamente. Más de 130 reclusos de los centros federales y estatales murieron por causas relacionadas con el SIDA en 2007 (http://thecrimereport.org, 2 de diciembre de 2009). Un informe de Human Rights Watch publicado en marzo de 2009 señalaba que la cárcel del estado de Nueva York tenía el mayor número de reclusos con SIDA y hepatitis C del país y no garantizaba el acceso a los tratamientos de abuso de sustancias, ya que impedía a los consumidores de droga recibir este tipo de tratamiento como una forma de castigo (http://www.hrw.org, 24 de marzo de 2009).

A pesar de su defensa de la "libertad de expresión", la "libertad de prensa" y la "libertad en Internet", el gobierno estadounidense controla y registringe el derecho de sus ciudadanos a la libertad cuando se trata de proteger sus propios intereses y necesidades.

La libertad de los ciudadanos estadounidenses de acceder a información o distribuirla está estrictamente controlada. Según lo publicado por los medios de comunicación, la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) empezó controlar las comunicaciones instalando equipos especializados de escucha e interceptando teléfonos, faxes y cuentas de correo electrónico en 2001. Este tipo de estrategias se utilizaban en un principio para vigilar a ciudadanos de origen árabe, pero pronto empezaron a emplearse para controlar a millones de estadounidenses de otras procedencias. La ASN estableció más de 25 centros de escucha en San José, San Diego, Seattle, Los Angeles y Chicago, entre otras muchas ciudades. La agencia también anunció recientemente que está construyendo un almacén de datos con una superficie de un millón de pies cuadrados y con un coste de 1.500 millones de dólares en Camp Williams (Utah) y otro en San Antonio para poder llevar a cabo una nueva misión de "vigilancia cibernética". Los medios publicaron que un hombre llamado Nacchio fue acusado de 19 cargos de y condenado a seis años de prisión cuando se negó a participar en el programa de vigilancia de la ASN (http://www.onlinejournal.com, 23 de noviembre de 2009).

Tras el ataque del 11 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos, en nombre de la lucha contra el terrorismo, autorizó a los departamentos de inteligencia a entrar en las cuentas de correo electrónico de los ciudadanos para vigilarlos y eliminar cualquier información que pudiera amenazar los intereses nacionales. La "Patriot Act" dio más libertad a las agencias encargadas de la aplicación de la ley para pinchar los teléfonos y controlar tanto las comunicaciones a través del correo electrónico como los registros médicos y financieros. El acta también amplió la capacidad de las autoridades de inmigración y aplicación de la ley para detener y deportar a inmigrantes sospechosos de haber cometido actos relacionados con el terrorismo. El acta amplió además la definición del terrorismo, aumentando el número de actividades que las autoridades encargadas de la aplicación de la ley podían prohibir. El 9 de julio de 2008, el Senado de Estados Unidos aprobó el Acta de Enmienda al Acta de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, que otorgaba inmunidad legal a las compañías de telecomunicaciones que participaran en programas de escucha y vigilancia y autorizaba al gobierno a interceptar las comunicaciones entre ciudadanos estadounidenses y residentes en el extranjero sin necesidad de recibir la aprobación de un tribunal para así facilitar la lucha contra el terrorismo (The New York Times, 10 de julio de 2008). Las estadísticas muestran que entre 2002 y 2006, el FBI recopiló miles de registros de ciudadanos estadounidenses en forma de correos electrónicos, notas y llamadas. En septiembre de 2009 se estableció un organismo de supervisión de Internet, lo que hizo pensar a los ciudadanos que el gobierno podría utilizar la seguridad en la Red como una excusa para controlar e interferir en los sistemas personales. Un funcionario del gobierno estadounidense dijo en una entrevista concedida al New York Times en abril de 2009 que la ASN había interceptado llamadas y correos electrónicos privados en los últimos meses en una escala que superaba ampliamente los límites legales establecidos por el Congreso el año anterior. Además, la ASN también estaba pinchando los teléfonos de políticos extranjeros, funcionarios de organizaciones internacionales y periodistas conocidos (The New York Times, 15 de abril de 2009). El Ejército también participaba en los programas de vigilancia. Según la cadena de televisión CNN, una organización militar de evaluación de riesgos en Internet con sede en Virginia se encargaba de vigilar blogs oficiales y privados, documentos oficiales, información personal de contacto, fotografías de armas y entradas a las bases militares y otras páginas web que podrían suponer una amenaza para la seguridad nacional.

La supuesta "libertad de prensa" de Estados Unidos está completamente subordinada a sus intereses nacionales y manipulada por el gobierno. Según lo publicado por los medios de comunicación, el gobierno estadounidense y el Pentágono hicieron participar a ex oficiales militares en los informativos de radio y televisión durante las guerras de Irak y Afganistán para glorificar estos conflictos armados, guiar a la opinión pública y conseguir que los ciudadanos apoyaran la ideología antiterrorista (The New York Times, 20 de abril de 2009). A finales de 2009, el Congreso aprobó una ley que imponía sanciones a diversos canales por satélite de origen árabe por emitir contenidos que iban en contra de Estados Unidos y por promover la violencia (http:// blogs.rnw.nl). En septiembre de 2009, ciudadanos que estaban utilizando mensajes de texto y la red social Twitter para organizar manifestaciones se enfrentaron a la policía en Pittsburgh durante la celebración de la Cumbre del G20. Elliot Madison, de 41 años, fue acusado de dificultar la detención de los manifestantes vía internet. La policía también registró su vivienda (http://www.nytimes.com, 5 de octubre de 2009). Vic Walczak, director legal de la Unión de Libertades Civiles de América en Pennsylvania, comentó que esa misma conducta se calificaría en otros países de "violación de derechos humanos", mientras que en Estados Unidos se define como "control necesario del crimen". (Continúa)