Trabajo realizado por la FPS en 2006

En 2006 los diversos trabajos de fiscalía lograron progresos nuevos. Los organismos fiscalizadores de los diversos niveles aprobaron arrestar un total de 891.620 sospechosos de delito penal de diversa índole e instruyó demanda pública contra 999.086 personas.

En el año los organismos fiscalizadores, en estrecha colaboración con los departamentos pertinentes, golpearon con prioridad los crímenes organizados de carácter mafioso y los crímenes de violencia graves, e investigaron y trataron una partida de casos de delitos cometidos en los cargos por funcionarios públicos que habían servido de amparo a las fuerzas siniestras, asestando así golpes contundentes a la comisión de delitos de estas fuerzas.

Los organismos fiscalizadores intensificaron el golpe a los crímenes de sabotaje del orden de la economía de mercado y de destrucción del medio ambiente y los recursos naturales. Castigaron con rigor los delitos de perjuicio grave a la seguridad económica, de perturbación del orden del mercado y de daños a la salud y la vida de las masas populares, y aprobaron arrestar a 24.211 sospechosos que habían saboteado el orden de la economía de mercado y presentaron demanda pública contra 27.728 personas, con un aumento de 14,2% y otro de 11,1% sobre el año anterior. Reforzaron la protección judicial de la propiedad intelectual, el medio ambiente y los recursos naturales, aprobaron arrestar a 3.729 sospechosos de producción y venta de mercancías falsas y de infracción de marcas comerciales, autoría y secretos comerciales y presentaron demanda pública contra 3.634 personas, con un aumento de 16,7% y otro de 12,6% sobre el año anterior. Aprobaron arrestar a 7.974 sospechosos que habían provocado graves incidentes de contaminación ambiental o que habían destruido el medio ambiente y recursos naturales debido a la explotación ilegal de minerales, y presentaron demanda pública contra 12.240 personas, con un aumento de 15,4% y otro de 24,8% sobre el año anterior. Se prosiguió desarrollando la campaña especial de investigación y castigo del prevaricato en detrimento del orden de la economía de mercado, y se formalizaron e investigaron causas contra 295 funcionarios públicos que en el proceso de la supervisión del mercado faltaron a sus deberes, cometieron prevaricato, ampararon o consintieron delitos económicos en violación de la ley.

La FPS atribuyó suma importancia al tratamiento de los casos de pena capital. Con respecto a la recuperación unificada del ejercicio de la verificación y aprobación de los casos de pena capital por el Tribunal Popular Supremo, así como al proceso de los casos de esta pena en segunda instancia atendidos en los juzgados abiertos según lo estipulado por la ley, el FPS impartió documentos a los niveles inferiores, enfatizando que es imperativo realizar efectivamente bien según la ley el trabajo de aprobación de arrestos y demanda en cuanto a los casos de probable sentencia de pena capital, trabajar de manera estricta en lo tocante a los hechos, las evidencias, los procedimientos y las leyes aplicables, y reforzar conforme a la ley la supervisión legal sobre el proceso del tratamiento de los casos de pena capital de comienzo a fin, inclusive la reverificación de esta pena, a fin de asegurar la calidad del manejo de tales casos.

La FPS tomó parte activa en la campaña especial de tratamiento de los sobornos comerciales. Implementó concienzudamente la importante decisión de las autoridades centrales sobre el tratamiento de tales sobornos, elaboró a tiempo el plan de trabajo para los organismos fiscalizadores, se encargó públicamente de dar vista a 45 casos importantes y típicos de sobornos comerciales, y dirigió de manera inmediata la investigación y tratamiento de una serie de importantes casos en que funcionarios pertinentes de la Administración Estatal de Supervisión de Alimentos y Medicamentos habían aceptado sobornos y cometido prevaricatos graves en el registro de medicamentos y en el examen y la aprobación de los mismos.

Se impulsó el ensayo del sistema de supervisores populares. En la actualidad el 86% de las fiscalías del país están dedicadas a este ensayo. A lo largo del año, pasó al procedimiento de supervisión un total de 5.191 casos debido a la revocación planeada o no demanda, o que eran de delitos cometidos en los cargos pero que las personas sospechosas no habían aceptado la decisión de arresto. Los supervisores populares estuvieron disconformes con el dictamen original de los departamentos encargados en 252 de tales casos, en tanto que los organismos fiscalizadores aceptaron sus opiniones en 178 y, además, les presentaron explicaciones sobre las opiniones no aceptadas partiendo de los hechos y la ley.

Conforme a la ley se llevó adelante la supervisión del juicio. Se reforzó la supervisión sobre los casos del delito considerado no delito, los casos del no delito considerado delito, y las condenas demasiado leves o fuertes, se presentaron 3.161 protestas contra los veredictos y fallos considerados realmente erróneos de casos penales, y se presentaron opiniones de rectificación en 2.200 ocasiones con respecto a las violaciones de la ley en el juicio de casos penales. Los organismos fiscalizadores reforzaron la supervisión sobre el juicio de casos civiles y sobre el procedimiento administrativo, atendieron y examinaron oportunamente las apelaciones de las personas interesadas no convincentes de los arbitrajes de los tribunales populares aunque éstos habían entrado en efecto, elevaron protestas contra 12.669 casos civiles o administrativos, y propusieron nuevo juicio de 5.949 casos.

Se fortaleció la cooperación judicial internacional contra la corrupción y el soborno. Se estableció la Asociación Internacional de las Autoridades Anticorrupción a propuesta de la FPS, la cual auspició la I Asamblea de los Miembros.