El presidente del Tribunal Popular Supremo de China (PSCh), Wang Shengjun, dijo hoy martes en Beijing que esta institución continuará "mejorando la educación en materia de ética profesional" que reciben los jueces como medida para erradicar la corrupción judicial en el país.
La corrupción ha dañado gravemente la credibilidad del sistema judicial chino y ha tenido un impacto "muy negativo" en la sociedad, admitió Wang, quien también es el máximo juez del país asiático.
"Algunos magistrados carecen de ética profesional. Un grupo reducido de ellos recurre a prácticas fraudulentas en busca de beneficios personales, corrompe la justicia a cambio de sobornos y lleva una vida disoluta", indicó Wang en un informe de trabajo presentado hoy en la segunda sesión de la XI Asamblea Popular Nacional, parlamento chino, que se celebra en Beijing desde el pasado jueves.
Un total de 712 funcionarios de tribunales de diversos niveles fueron sancionados en China el año pasado por violar leyes y disciplinas, y 105 de ellos tuvieron que hacer frente a acusaciones criminales, informó Wang.
Otros 258 empleados de procuradurías a través de China fueron investigados y castigados, entre los cuales 24 fueron enjuiciados, según un reporte del procurador general de China Cao Jianming.
La corrupción en el sistema judicial ha provocado inquietudes públicas en los últimos años.
En 2006, 18 jueces, incluyendo tres presidentes de la Corte Intermedia Municipal de Fuyang en la provincia central china de Anhui fueron destituidos por delitos económicos.
En vista de las quejas públicas, la suprema corte tomó medidas para reparar su imagen.
El 8 de enero, la PSCh abrió una línea roja para recibir denuncias del público sobre corrupción en el sistema de cortes.
El PSCh emitió también un aviso, prohibiendo a jueces que acepten regalos de litigantes, tener contactos impropios con abogados, interferir en casos que llevan otros jueces, tomar ganancias personales en evaluación y subasta de objetos en depósito y filtrar al exterior contenidos confidenciales de procesos.
Hasta el 25 de febrero, un total de 139 empleados de cortes a través de China han sido investigados por conductas en contra de las cinco "prohibiciones". Entre ellos, cuatro recibieron castigo por ofensas criminales.
Siguiendo al PSCh, la procuraduría suprema emitió además 10 prohibiciones a fiscales, impidiéndoles que acepten regalos, que interfieran con proyectos del gobierno y que hagan viajes al extranjero con fondos públicos.
