La Asamblea Popular Nacional (APN) de China, máximo órgano legislativo del país, aprobó hoy sábado la Ley de Seguridad Alimentaria, que ofrece una base legal al gobierno para garantizar la seguridad alimentaria en la producción, la logística y el consumo.

La ley, que entrará en vigor el 1 de junio de este año, llevará al establecimiento de un mecanismo de control y supervisión en la materia, una serie de estándares nacionales sobre seguridad alimentaria y un sistema de retirada del mercado de productos que no cumplan con los niveles de calidad exigidos, además de sanciones severas a quienes quebranten la ley.

El Comité Permanente de la APN dio el visto bueno al borrador de ley discutido en una sesión de cuatro días que terminó hoy, tras una serie de escándalos relacionados con la seguridad alimentaria en el país y que provocaron una multitud de peticiones para reforzar el sistema de supervisión en este ámbito.

Con 158 votos a favor del total de 165 emitidos, la ley indica que el Consejo de Estado, gabinete del país, establecerá una comisión de seguridad de alimentos a nivel estatal, con el objetivo de examinar todo el sistema de supervisión alimentario, cuya falta de eficiencia ha sido considerada la causa principal de los repetidos escándalos en los últimos meses.

Los departamentos de salud, agricultura, supervisión de calidad, industria y comercio asumirán diferentes responsabilidades, como la evaluación de riesgos, la creación e implementación de estándares de seguridad, el seguimiento de los sectores de producción alimentaria y circulación.

La ley estipula una prohibición sobre todos los materiales y sustancias químicas que no están incluidos entre los aditivos autorizados en la producción alimentaria. Además, indica que "sólo aquellos materiales cuya seguridad haya sido demostrada y resulten necesarios en la producción de alimentos recibirán la autorización correspondiente para ser incluidos en la lista de aditivos alimentarios".

Las autoridades sanitarias se encargan de evaluar y aprobar los aditivos permitidos, así como de regular su uso.

Los productores alimentarios deben utilizar sólo los aditivos alimentarios aprobados anteriormente por las autoridades, y serán sancionados con el cierre o la retirada de las licencias de producción en los casos de incumplimiento más graves, de acuerdo con la ley.

Además, los productores de artículos agrícolas comestibles están obligados a respetar los estándares de seguridad alimentaria cuando se utilicen pesticidas, fertilizantes, reguladores del crecimiento, medicamentos veterinarios, piensos y aditivos alimentarios, además de mantener registros de los cultivos y la cría de ganado.

Los infractores tendrán que afrontar multas cuyo valor podrá llegar a ser 10 veces mayor que el de los productos vendidos. Los consumidores tendrán la posibilidad de exigir una compensación económica equivalente a 10 veces el precio del producto, además de la indemnización por los daños causados por el producto al consumidor, en caso de que se demuestre que se han producido o vendido artículos alimenticios de calidad inferior al estándar exigido.

Con el objetivo de proteger los derechos de los consumidores, la ley prohíbe que las agencias de inspección y supervisión, así como las asociaciones del sector y de los consumidores participen en actividades relacionadas con la publicidad de alimentos.

Los individuos u organizaciones tienen prohibido hacer publicidad de productos alimentarios de calidad inferior a la establecida, y el incumplimiento de esta normativa puede llevar a compartir con los fabricantes la responsabilidad de los daños causados por estos artículos.

La ley ha sido revisada varias veces desde que fuera presentada al Comité Permanente de la APN en diciembre de 2007 para su primera lectura. En abril del año pasado, fue dada a conocer al público para que los ciudadanos presentaran sus sugerencias al respecto. Con la iniciativa, se recogieron más de 11.000 comentarios de los ciudadanos para el órgano legislativo.