La Asamblea Popular Nacional (APN), máximo órgano legislativo nacional, aprobó ayer sábado una serie de enmiendas al Código Penal para proteger mejor las informaciones personales y castigar a los familiares de funcionarios que acepten sobornos.

Una de las nuevas enmiendas prohíbe al personal de las oficinas del gobierno, las instituciones financieras, médicas y educativas, así como los departamentos de transporte y telecomunicaciones, todos ellos con acceso a datos de carácter personal, que vendan o filtren tal información.

Aquellas personas que incumplan esta norma serán condenadas a un máximo de tres años de cárcel y multas, y quienes obtengan ilegalmente la información privada recibirán las mismas penas que aquellos que divulguen los datos.

Otra enmienda prohíbe a familiares o personas que tengan relación cercana con funcionarios gubernamentales llevar a cabo acuerdos de carácter corrupto de "poder por dinero" entre empleados gubernamentales y personas que ofrezcan sobornos.

Los infractores en "casos muy serios" afrontarán un mínimo de siete años de prisión, así como multas y la confiscación de sus bienes personales.

Sin embargo, el proyecto de ley no especifica la seriedad de un caso ni el monto exacto de las sanciones.

Según una propuesta del Comité de Leyes de la APN, el Tribunal Popular Supremo de China se encargará de las interpretaciones judiciales de los casos concretos.

Ese nuevo artículo de la enmienda también es aplicable a funcionarios que hayan dejado ya sus puestos, así como a sus familiares, si están implicados en casos de este tipo.