En la presentación de las líneas maestras del Reglamento, González citó que la inmigración está ligada a las necesidades del mercado laboral o la necesidad de promover mecanismos de retorno voluntario, una de las grandes novedades. También citó la protección a colectivos especialmente vulnerables como las víctimas de la violencia de género o la trata de blancas.

Cristina Olmedo, responsable del área jurídica de la Red Acoge, una de las asociaciones de ayuda a los inmigrantes más importantes de España, precisó El País, cuestionó que sean necesarios informes de la comunidad autónoma que acrediten la integración del inmigrante para renovar la residencia, un asunto polémico desde que Cataluña decidió exigir el conocimiento del catalán como un requisito imprescindible para los inmigrantes.

Olmedo también criticó vaguedades en la norma, como la exigencia de una “expectativa de mantenimiento de ingresos” futuros para la reagrupación familiar. Por último, se fijó en que la residencia puede ser denegada también por un “informe policial desfavorable”, aunque no pese condena alguna sobre el inmigrante.

Sin embargo, el director general de Inmigración rechazó que pedir informes a las comunidades autónomas introduzca discriminación según el territorio en el que se vive. En último caso, subrayó, el que valora la concesión del permiso es el Gobierno central, ya que el Estado tiene la competencia exclusiva en esta materia. Los informes no son vinculantes. “Creo que no se puede hablar de arbitrariedad ni de discriminación”.

Por su parte, García de Dios arremetió también contra las redadas de inmigrantes por la calle a los que se pide la documentación por el color de su piel. “Me muevo por Madrid y lo veo”.

El magistrado llamó a ese procedimiento “prácticas de xenofobia institucional que vulneran claramente el principio de no discriminación”, pero el Ministerio del Interior ha negado en varias ocasiones, incluso en el Parlamento, que la policía pida documentación por el color de la piel.