(SPANISH.CHINA.ORG.CN) – El nuevo Reglamento de Extranjería que pretende aplicar el Ministerio de Trabajo e Inmigración de España trata “a los inmigrantes de manera utilitarista”, afirmaron en Madrid el consejero de la Embajada de Ecuador ese país, Leopoldo Rovayo.

En un debate celebrado en la Casa de América en la capital española, el documento, aún en fase de borrador, recibió duras críticas de algunos de los presentes, entre otros aspectos, por la práctica policial de identificar a los extranjeros por la calle teniendo en cuenta sus características físicas para iniciar el proceso de expulsión.

Aunque representantes del Ministerio del Interior negaron el proceder y Trabajo dijo desconocerlo, el diplomático ecuatoriano señaló que esa norma propicia situaciones de “irregularidad sobrevenida”, reseñó el diario El País.

Al estar la renovación del permiso de residencia ligada a cierta situación económica, algo tan habitual en estos tiempos como quedarse en paro puede hacer que una persona que estaba en situación regular se encuentre de pronto en situación irregular al no poder demostrar ingresos en el momento de renovar su permiso, dijo Rovayo.

Para este tipo de casos, cada vez más frecuentes por la crisis económica y el desempleo masivo, existe un “profundo vacío”, añadió el diplomático, que no ve justo por tanto “que se trate a los inmigrantes de manera utilitarista”.

Las palabras del diplomático fueron respaldadas por el magistrado Ramiro García de Dios, del juzgado de instrucción número 6, uno de los tres juzgados que tramitan lo relacionado con los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Madrid, quien aseguró que en la norma de extranjería hay “una visión de sospecha de la inmigración”.

Para Garía de Dios, el Reglamento prueba que “se ve al inmigrante como trabajador útil y necesario, que con la crisis se convierte en inútil e innecesario, lo que deriva en la expulsión de los que caen en la irregularidad”. Además, consideró que existe un “retorno forzoso” del inmigrante, ante el miedo a ser detenido por caer en la irregularidad.

Pero Markus González, director general de Inmigración, rechazó el término “retorno forzoso” y afirmó que este tipo de casos están regulados desde las modificaciones introducidas en 2009, fruto del pacto social entre empresarios y sindicatos. No hay una relación directa entre la falta de ingresos y la expulsión, que “depende de otras circunstancias”.