Dos secretarios de Estado pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social serán interrogados por la justicia acusados de malversación de fondos públicos.

Las acusaciones pesan sobre el secretario de Coordinación y Monitoreo Institucional del ministerio, Carlos Castagneto, y la secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia, Marcela Vessvessian, informaron hoy fuentes oficiales.

Los funcionarios están relacionados con la distribución gratuita de electrodomésticos con fines electorales días antes de los comicios legislativos de octubre de 2005.

Los dos altos funcionarios dependen de forma directa de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, hermana del ex mandatario Néstor Kirchner.

Ambos son investigados por el fiscal Alberto Delgado con la intervención del juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

Delgado, a cargo de la investigación desde julio pasado, sostuvo que hay pruebas de que los funcionarios incurrieron en una "malversación de fondos públicos", un delito que contempla una pena de entre dos y 10 años de cárcel.

El fiscal Delgado los responsabilizó penalmente de la entrega de materiales para la construcción, muebles y electrodomésticos a habitantes de la provincia de Buenos Aires y, en especial, a los de un barrio cercano a la ciudad de La Plata, capital provincial, llamado Villa Alba.

La causa se inició el 11 de octubre de 2005 con una denuncia que realizara entonces el diputado nacional opositor del Partido Socialista (PS), Jorge Rivas, quien pocas semanas más tarde aceptó la designación como vicejefe del Gabinete de Ministros del gobierno de Kirchner.

La denuncia da cuenta de la entrega --como parte de la campaña electoral del oficialista Frente para la Victoria (FpV) -- de electrodomésticos y cheques de entre 300 y 500 pesos (100 y 160 dólares) a habitantes de barrios pobres a cambio de sus votos.

El fiscal Delgado verificó que los objetos distribuidos eran parte del Programa Ayudas Urgentes del Ministerio de Desarrollo Social, pero se señala que, en contra de lo que prevé la normativa del plan, las entregas se habían hecho sin una evaluación previa de asistentes sociales para verificar el estado de necesidad de los beneficiarios.

Delgado constató que los funcionarios acusados les ofrecían la posibilidad a los propios beneficiarios de que eligieran los bienes de una lista que ellos les daban hasta completar un valor de 1.000 pesos (unos 330 dólares).

Las acusaciones emergen de las declaraciones de al menos 13 beneficiarios que confirmaron ante la justicia que ellos mismos eligieron los bienes que recibieron de una lista presentada por funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. Fin