El Consejo de Desarrollo Sustentable de Chile, entidad asesora de los presidentes en materia medioambiental, cumplirá el año próximo una década de funcionamiento.

Durante este lapso, Chile ha logrado significativas conquistas en la protección del medio ambiente, pero persisten carencias que se pretenden superar en el mediano plazo.

Durante la última reunión sostenida entre representantes del consejo y la mandataria chilena, el pasado 22 de noviembre, se acordó avanzar en propuestas referidas al rediseño de la institucionalidad ambiental del país.

Dentro de ese contexto, se enmarca la creación de un ministerio de Medio Ambiente, en reemplazo de la actual Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA); así como la creación de una Superintendencia de Fiscalización Ambiental.

Desde 2003, Chile cuenta con una Estrategia Nacional de la Biodiversidad, que establece prioridades de protección y uso sustentable de los ecosistemas locales.

Esta Estrategia contempla, entre otros aspectos, el fortalecimiento de la institucionalidad relativa a las áreas protegidas y los mecanismos necesarios para preservar la biodiversidad en el largo plazo.

En 2005, se aprobó a su vez, un Plan de Acción, con un horizonte de diez años para poner en práctica sus principios, estableciéndose una meta de protección del 10 por ciento de la superficie de los ecosistemas más relevantes.

En la actualidad, Chile cuenta con casi 15 millones de hectáreas protegidas oficialmente; las que se encuentran clasificadas en diferentes sitios de protección, representando cerca de un 20 por ciento del territorio de Chile continental.

Dentro de estos sitios destacan: los Parques Nacionales; las Reservas Nacionales; los Monumentos Naturales; los Santuarios de la Naturaleza; los Sitios Prioritarios de Conservación; Humedales; Areas Marinas Costeras Protegidas, y Areas Silvestres de Protección de Propiedad Privada.

Durante el periodo 2000-2006, más de 800.000 nuevas hectáreas fueron puestas bajo una categoría oficial de protección, a través de su incorporación al Sistema Nacional de Areas Protegidas por el Estado, y a la creación de ocho Santuarios de la Naturaleza.

Además, se alcanzaron importantes avances en materia de Ordenamiento Territorial, lo cual permitió incorporar 305 sitios prioritarios de conservación en Planes Regionales de Desarrollo Urbano y evaluar ambientalmente 429 instrumentos de planificación territorial.

Paralelamente, se inició la construcción del denominado Sendero de Chile, que consiste en una red de circuitos terrestres que permitirá conectar la diversidad natural y cultural del país, y que al 2010 contará con casi 8.500 kilómetros habilitados.

En materia de control de contaminación atmosférica, durante los últimos quince años, en Chile se ha trabajado en el desarrollo de variados instrumentos para dimensionar los problemas, acotarlos y regularlos, con el fin de definir estrategias de solución.

Una de las prioridades de los últimos años ha sido la recuperación de la calidad del aire en los centros urbanos, mediante Planes de Prevención y Descontaminación, como el de la Región Metropolitana (PPDA), donde se ubica la capital del país, o el Plan de Recuperación Ambiental del puerto de Talcahuano (PRAT), de carácter más integral.

Un énfasis especial ha sido puesto en la recuperación de la calidad de aire de las ciudades y pueblos que se ubican en el entorno de grandes megafuentes mineras, como en el norte de Chile, elaborándose Planes de Prevención y Descontaminación, así como nuevas Normas de Emisión y acuerdos con las distintas empresas mineras.

En cuanto a la contaminación atmosférica de carácter global y la prevención de sus consecuencias, como el adelgazamiento de la capa de ozono, el aumento de gases de efecto invernadero y el cambio climático. Chile ha asumido un compromiso activo al suscribir acuerdos internacionales sobre estos temas y desarrollar acciones concretas como la promulgación de la Ley de Ozono y la aprobación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático.

En este marco de globalidad un caso muy particular de contaminación se ha verificado en los cielos del norte del país, producto del alumbrado público de las ciudades, lo cual ha perjudicado la labor de importantes observatorios astronómicos ubicados en esa zona.

En relación con el control del ruido ambiental, que afecta la salud mental y calidad de vida de la población, se ha avanzado regulando las fuentes fijas (industrias, talleres, bares), y las fuentes móviles más ruidosas (buses de locomoción colectiva).

Actualmente, se están regulando otro tipo de fuentes más específicas, como las actividades de construcción y los aeropuertos, no sólo en la zona central del país sino que a lo largo de todo el territorio chileno.

Desde el 2005, Chile cuenta con una Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos y un Reglamento de Residuos Peligrosos que obliga a la eliminación sanitaria y ambiental de residuos domiciliarios.

A pesar de los avances y de las acciones realizadas, subsisten aún deficiencias y vacíos en relación a la contaminación de suelos y aguas subterráneas, por lo que actualmente se está elaborando una Política Nacional para la Gestión de Sitios Contaminados.

Chile ha establecido como una de sus metas ambientales principales la mejora de la calidad de sus aguas, materia en la que según las últimas mediciones internacionales, se sitúa a la cabeza de Latinoamérica.

Hacia 1999, en el país sólo se trataba el 20 por ciento de las aguas negras urbanas. A la fecha, el nivel alcanza 78 por ciento de las aguas domésticas con proyección que se eleve a 97,5 por ciento en 2009.

Paralelamente se han desarrollado normas primarias de calidad de aguas (marinas y continentales), orientadas a proteger la salud de la población, y normas de calidad secundaria para la protección de la biodiversidad y los recursos naturales.

En la actualidad, en los principales ríos del país (Loa, Elqui, Aconcagua, Maipo, Cachapoal, Bío Bío, Cruces, Aysén y Serrano) se encuentra en ejecución un ambicioso programa de desarrollo de normas secundarias de calidad de aguas, las cuales deberán asegurar su protección y uso sustentable.

Del mismo modo se trabaja en la elaboración de normas secundarias de calidad ambiental para los ríos Huasco, Valdivia y Baker; así como en normas específicas para el Lago Llanquihue y los fiordos de la región de Aysén, en el extremo sur del país.

Si bien las anteriores medidas evidencian una creciente preocupación por la protección del medio ambiente y el interés por privilegiar un desarrollo sustentable, tanto en el ámbito público como privado, persisten lastres que parecieran circunscribir los diferentes esfuerzos a sólo un marco de buenas intenciones.

Las críticas de los sectores ecologistas apuntan, por ejemplo, al excesivo centralismo del ejecutivo en esta materia y a la preeminencia de criterios políticos y económicos, por sobre consideraciones de tipo técnico-científico.

Un caso demostrativo es lo que acontece en el Congreso Nacional con la Ley de Bosque Nativo, en trámite desde 1995, o las medidas legales en torno a la protección de los glaciares, verdaderas reservas estratégicas de agua dulce. Fin