Un creciente número de ciudadanos extranjeros están recibiendo asistencia legal en China, la mayoría por casos criminales, según indicó Sun Jianyang, directora del departamento de asistencia legal del Ministerio de Justicia del país asiático, en una entrevista con el rotativo en inglés ‘China Daily’.

La mayoría de dichos casos implicaban crímenes de carácter violento, como el tráfico de drogas, violación y robo, así como crímenes financieros como fraude, según Sun, quien señala que la mayoría de los beneficiarios de asistencia eran de origen africano, Oriente Medio y países del Sureste Asiático.

El número exacto de extranjeros que recibieron ayuda legal el año pasado no ha sido desglosado; sin embargo, tomando como ejemplo la provincia de Guangdong, clave en la apertura de China, las autoridades locales han gestionado 808 casos de asistencia legal que implicaban a ciudadanos extranjeros desde 2008.

“A medida que aumenta el número de extranjeros que se quedan en China, junto con el estrechamiento de las relaciones entre China y el mundo, el número de extranjeros que reciben ayuda legal gratuita aumentará”, asegura Sun.

Más de 45 millones de extranjeros llegaron o salieron de China en 2011, una cifra que se ha duplicado en la última década. El número de extranjeros que permanecen en China durante más de 6 meses alcanzó los 600.000 el año pasado, frente a los 20.000 contabilizados en 1980. Según las leyes chinas, un acusado extranjero en un caso criminal puede contar con un abogado asignado por el tribunal si no puede costearse sus servicios.

Los extranjeros implicados en casos civiles pueden recibir también ayuda legal gratuita si carecen de fondos y su país cuenta con un acuerdo legal con China. De acuerdo con Sun, la mayoría de los servicios de asistencia legal se otorgan a acusados extranjeros en casos criminales.

Un caso concreto sirve como ejemplo de la efectividad de este sistema, incluso cuando el acusado es declarado culpable. Un ciudadano nigeriano fue arrestado en Guangzhou en 2009 sospechoso de tenencia de estupefacientes. Al carecer de recursos para contratar a un abogado, el departamento de asistencia legal de la ciudad le asignó uno para que lo representara en el proceso. Cuando el caso llegó a juicio en el tribunal intermedio de la ciudad, recibió inicialmente una condena a 14 años. Sin embargo, su abogado apeló inmediatamente y la sentencia fue reducida a tres años.

Li Xuelian, otro funcionario de este departamento, explica que se ha establecido una base de datos de 200.000 abogados voluntarios cualificados que ofrecen ayuda legal gratuita. Entorno a un tercio de estos abogados pueden comunicarse en inglés, según Li. Para los acusados que no hablen inglés, las autoridades de varias ciudades como Guangzhou o Nanjing cuentan con acuerdos con empresas de traducción, cuyos costes son abonados por el gobierno. “Así se elmina la barrera del idioma y los extranjeros pueden mantenerse informados de sus legítimos derechos e intereses”, reconoce.

Sun reconoce que quedan muchos retos prácticos a la hora de proporcionar ayuda legal a los extranjeros. “La mayoría de los sospechosos no confían en los abogados chinos y, al principio, no se comunican con abogados”, explica. Además, las autoridades tienen dificultades a la hora de contratar a abogados que defiendan a sospechos que no hablan inglés. Por ello, el ministerio planea establecer una base de abogados y dividirlos en categorías de acuerdo con las lenguas que pueden hablar, explica la funcionaria.