El Diario del Pueblo, periódico insignia del Partido Comunista de China, publicó hoy sábado un comentario firmado que refuta unas críticas de Human Rights Watch contra la reforma judicial del país.

En su Informe Mundial publicado la semana pasada, la organización, con sede en Nueva York, reclama que "la policía domina el sistema judicial penal de China, que depende de forma desproporcionada de las confesiones de los acusados".

"Unos tribunales débiles y estrictos límites sobre los derechos de la defensa hacen que sigan prevaleciendo las confesiones obtenidas bajo tortura y que son frecuentes los errores judiciales", dice el informe.

El artículo publicado hoy por el Diario del Pueblo y firmado por Shen Hui replica que las conclusiones de Human Rights Watch "distorsionan seriamente" las condiciones verdaderas de los derechos humanos en China y que la descripción de la reforma judicial del país en el informe es "particularmente tendenciosa y no se corresponde con la verdad".

Se sabe que el sistema judicial penal de China no está dominado por la policía sino que consiste de órganos de investigación dirigidos por los órganos policiales así como las fiscalías y tribunales populares, dice el texto.

Bajo la Ley de China, las solicitudes de entablar un proceso criminal iniciados por la policía deben ser revisadas por las autoridades de las procuradurías antes de que estas puedan decidir si llevar el caso ante un tribunal o no.

Los tribunales chinos juzgan y dictan sentencias tras haber examinado todas las pruebas de manera independiente y justa. Las solicitudes de acciones judiciales de las fiscalías sólo pueden formar parte del veredicto de un tribunal después de un proceso justo basado en los debates del tribunal, investigaciones y examinaciones de las pruebas, dice el artículo.

El sistema penal de China no está dominado por los órganos policiales sino que opera sobre la base del trabajo tanto de las fiscalías y tribunales populares como de la policía, cada uno de los cuales desempeña su propio papel de forma autónoma, de acuerdo con el comentario.

El artículo también apunta que "se han fortalecido los derechos y el rol de los abogados de la defensa en los procesos penales y se está reduciendo el fenómeno de la dependencia excesiva de las confesiones de los demandados".

Además, se han tomado medidas concretas para erradicar el origen de las confesiones forzadas bajo tortura, dice el artículo.

En respuesta a las acusaciones de Human Rights Watch, según las cuales existiría una disposición que "permite a la policía detener a los sospechosos de forma secreta", el escrito asegura que esta supuesta disposición no está incluida en el proyecto de enmienda a la Ley de Procedimiento Penal de China, que los legisladores vienen revisando desde agosto del año pasado.

En el comentario, Shen puntualiza que en su Informe Mundial, la organización "se abstiene de mencionar los grandes progresos logrados en materia de la reforma judicial del país, que han quedado demostrados en el borrador de la enmienda a la Ley de Procedimiento Penal" y afirma que en ese respecto, Human Rights Watch ha "fabricado deliberadamente una idea falsa del proyecto de enmienda".

De acuerdo con el borrador, los órganos de la fiscalía deben investigar las reclamaciones de pruebas obtenidas a través de métodos ilegales y todos los interrogadores sospechados de haber obtenido confesiones o pruebas por medios no legales deben ser juzgados.

El proyecto también estipula que todos los interrogatorios de sospechosos criminales deben ser realizados en centros de detención autorizados y que en los casos más serios, el proceso entero debe ser grabado en vídeo.

Según expertos en derecho, el borrador de la enmienda a la ley ayudará a mejorar la protección de los derechos humanos de los acusados en casos penales mediante evitar que los jueces acepten confesiones obtenidas bajo tortura y conceder a los sospechosos más opciones de defensa. Fin