(SPANISH.CHINA.ORG.CN) – El gobierno chino está decidido a reducir el número de ejecuciones inmediatas en las condenas a muerte, según un informe anual sobre el trabajo del Tribunal Supremo Popular, la máxima instancia judicial del país.

El tribunal espera introducir en breve una normativa unificada sobre el uso de las condenas a muerte.

A día de hoy, la gran mayoría de las ejecuciones inmediatas son impuestas para los casos de crímenes más graves como asesinato con agravantes o tráfico de drogas a gran escala, según el informe.

Para otros casos en los que el tribunal considera que no hay razones para una ejecución inmediata, se recomienda la condena a muerte con suspensión de dos años, que en general suelen conmutarse por cadena perpetua tras un periodo de dos años si el condenado muestra buen comportamiento y no comete otros crímenes.

El informe también observa la adopción “prudente” de la pena de muerte para casos de violencia grave desencadenada por disputas civiles, especialmente en casos en los que el acusado ha sido perdonado por las víctimas.

China ha iniciado un proceso de reforma de la pena de muerte desde la enmienda de su Ley de Enjuiciamiento Penal en 2007, que obliga al Tribunal Supremo Popular a revisar y dar la aprobación final a todas las condenas a muerte dictadas en el país.

La medida iba dirigida a poner freno al exceso de sentencias a muerte dictadas por tribunales de instancias inferiores, a nivel local y regional.

El Tribunal Supremo Popular ha revocado entorno al 15 por ciento de las condenas a muerte aprobadas por instancias inferiores en la primera mitad de 2008, y a principios de este año retiró 13 cargos de la lista de 68 crímenes punibles con la pena capital, la mayoría crímenes de carácter económico, como fraude fiscal, robo de antigüedades o metales preciosos, saqueo de tumbas y robo de fósiles.

La reforma también estableció la prohibición de condenar a muerte a criminales mayores de 75 años.