rg.dom4j.tree.DefaultCDATA@1e097bc [CDATA: " II. Sobre los Derechos Civiles y Políticos

El gobierno de Estados Unidos comete graves violaciones de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.

La privacidad de los individuos se ha visto socavada. Según las cifras difundidas en septiembre de 2010 por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés), más de 6.600 viajeros fueron sometidos a registros mediante dispositivos electrónicos entre el 1 de octubre de 2008 y el 2 de junio de 2010. Prácticamente la mitad de ellos eran ciudadanos estadounidenses. El 7 de septiembre de 2010, el periódico Wall Street Journal informó de que el Departamento de Seguridad Interna (DHS, siglas en inglés) había sido denunciado por aplicar políticas que permiten la inspección e incautación de ordenadores portátiles, teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos sin necesidad de que exista ninguna sospecha razonable de delito. Estas políticas no ponen límite al tiempo por el que el departamento puede retener las pertenencias de los viajeros ni al tipo de información privada que puede ser analizada, copiada o retenida. Tampoco existe provisión alguna sobre la aprobación o la supervisión judicial. Cuando el periodista colombiano Hollman Morris solicitó el 17 de julio de 2010 un visado de estudiante para ingresar en la Universidad de Harvard con una beca de investigación, las autoridades competentes se lo denegaron recurriendo al argumento de que era inelegible bajo la sección de "actividades terroristas" del Acta Patriótica. Un estadounidense de origen árabe llamado Yasir Afifi, residente de California, descubrió que el FBI había colocado un dispositivo GPS cerca de la rueda trasera derecha de su vehículo. En agosto de 2010, la ACLU, la Asian Law Caucus y el semanario San Francisco Bay Guardian presentaron una demanda para exigir que se difundieran los documentos del FBI relacionados con la investigación y vigilancia de las comunidades musulmanas de la zona. La oficina del FBI de San Francisco se negó a comentar el asunto arguyendo que la investigación "todavía estaba en curso" (The Washington Post, 13 de octubre de 2010). En octubre de 2010, la Administración de Seguridad en el Transporte de EEUU elevó los niveles de seguridad en los aeropuertos estadounidenses, requiriendo que los pasajeros pasen por escáneres de cuerpo entero y argumentando que los pasajeros no pueden negarse a ello basándose en sus creencias religiosas. Los grupos de libertades civiles respondieron diciendo que los chequeos de seguridad intensivos van en contra de las libertades civiles como la libertad religiosa, el derecho a la privacidad y la protección constitucional contra los registros irrazonables (AP, 16 de noviembre de 2010). La ACLU y la Asociación de Viajes de EEUU han recibido miles de reclamaciones contra las medidades de seguridad en los aeropuertos (The Christian Science Monitor, el 20 de noviembre de 2010).

El abuso de la violencia y el recurso a la tortura para obtener confesiones de los sospechosos son prácticas comunes entre los miembros de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos. Según una noticia publicada el 14 de octubre de 2010 por Associated Press, el Departamento de Policía de Nueva York (NYDP, siglas en inglés) pagó alrededor de 964 millones de dólares para resolver reclamaciones sobre la conducta de sus agentes. En uno de los casos, un hombre desarmado murió en el día de su boda durante un tiroteo en el que la policía utilizó 50 balas. Los tres agentes implicados fueron absueltos de los cargos de homicidio y el NYDP resolvió el caso pagándole una cierta cantidad de dinero a la prometida y los amigos de la víctima a modo de compensación (China Press, 15 de octubre de 2010). Estados Unidos alardea de su "justicia judicial".¿Acaso se ha hecho justicia en los casos de estas víctimas? En junio de 2010, un jurado federal declaró al ex teniente de policía de Chicago Jon Burge culpable de perjurio y obstrucción a la justicia. Tanto Burge como los agentes a sus órdenes aplicaron descargas eléctricas, sofocaron y quemaron a sospechosos para hacerles confesar en las décadas de 1970 y 1980 (The Boston Globe, 2 de noviembre de 2010). El Chicago Tribune informó el 12 de mayo de 2010 de que la policía de Chicago había sido acusada de llevar a cabo detenciones sin tener órdenes de arresto y encadenar a los detenidos a paredes o bancos de metal, dejarlos sin comer, prohibirles ir al baño y no proporcionarles un lugar en el que dormir, una forma "suave" de tortura cuyo objetivo era obtener confesiones involuntarias. El 22 de marzo, un hombre sin techo fue abatido a tiros por un agente de policía en Portland, en el estado de Oregon (China Press, 1 de abril de 2010). Además, un agente de policía de Westminster (Colorado) que se encontraba fuera de servicio fue arrestado bajo sospechas de haber secuestrado y violado a una mujer el 3 de abril con un agente penitenciario como supuesto cómplice (Los Angeles Times, 6 de abril de 2010). El 17 de abril, un agente patrullero especializado en bandas criminales golpeó y agredió verbalmente a un sospechoso (Seattle Post-Intelligencer, 10 de mayo de 2010). El 24 de marzo, Chad Holley, de 15 años de edad, fue golpeado brutalmente por ocho agentes de policía en Houston. El adolescente aseguró que los policías le propinaron puñetazos en la cara y le dieron rodillazos en la espalda mientras se encontraba tendido en el suelo boca abajo. Tras una investigación de dos meses, cuatro de los agentes fueron acusados y despedidos (Houston Chronicle, 4 de mayo y 23 de junio de 2010). El 11 de agosto, tres personas resultaron heridas en un tiroteo mientras la policía perseguía a los ladrones de una furgoneta en el condado Prince George, en el estado de Maryland. Los familiares de los tres heridos criticaron a la policía por haber disparado contra la furgoneta antes de que sus ocupantes hubieran realizado ningún disparo (Washington Post, 14 de agosto de 2010). El 5 de septiembre de 2010, un agente de Los Angeles abatió a tiros al inmigrante guatemala Manuel Jamines. El incidente desencadenó una manifestación dos días después. Durante la protesta, la policía se enfrentó a los manifestantes y arrestó a 22 de ellos (Sing Tao Daily citando al New York Times, 8 de septiembre de 2010). El 5 de noviembre de 2010 se organizó una gran manifestación en Oakland para protestar contra un veredicto de un tribunal de Los Angeles en el que se condenaba al agente Johannes Mehserle a tan sólo dos años de cárcel por haber abatido a tiros a un estadounidense de origen africano llamado Oscar Grant dos años atrás mientras éste se encontraba desarmado. La policía arrestó a más de 150 personas durante la protesta (San Francisco Chronicle, 9 de noviembre de 2010).

Estados Unidos, que siempre se ha proclamado como "la tierra de la libertad", cuenta sin embargo con el mayor número de presos del mundo. Según un informe sobre el Proyecto de Desempeño de la Seguridad Pública en los Estados publicado en 2008 por el Pew Center, uno de cada cien adultos del país están cumpliendo condena en la cárcel. En 1970, la proporción era de uno de cada 400. En 2011, las cárceles de Estados Unidos tendrán más de 1,7 millones de presos, con un aumento del 13 por ciento en comparación con 2006. Este dramático incremento llevará a una situación de hacinamiento en las prisiones. Las cárceles de California alojan a 164.000 presos, una cifra que dobla la capacidad para la que fueron construidas (The Wall Street Journal, 1 de diciembre de 2010). En New Beginnings, un centro correccional de Washington en el que ingresan los peores delincuentes juveniles, sólo hay 60 camas para los 550 jóvenes que fueron condenados en 2009 por los crímenes más violentos. Muchos de ellos volverían a delinquir si no recibieran la atención adecuada o podrían ser víctimas de crímenes violentos (The Washington Post, 28 de agosto de 2010). El malestar provocado por las malas condiciones y la gestión inadecuada de las prisiones se manifiesta a menudo en incidentes. El Chicago Tribune informó el 18 de julio de 2010 de que más de 20 ex presos del condado de Cook (Illinois) denunciaron que fueron esposados o encadenados mientras realizaban trabajo forzoso, lo que les causó graves daños físicos y psicológicos. El 19 de octubre de 2010, al menos 129 presos participaron en una revuelta en la Prisión Estatal de Calipatria (California), un incidente que terminó con un balance de dos muertos y al menos una docena de heridos (China Press, 20 de octubre de 2010). En noviembre, AP difundió un vídeo en el que mostraba a un preso siendo golpeado por otro en una prisión de Idaho. El agredido consiguió pedir ayuda a través de la ventana de un puesto de guardia, pero los agentes hicieron caso omiso de sus súplicas y no intervinieron hasta que el preso quedó insconsciente. La prisión recibió el apodo de "escuela de gladiadores" (China Press, 2 de noviembre de 2010).

Las condenas injustas son frecuentas en Estados Unidos. En las últimas dos décadas, un total de 266 personas han sido absueltas gracias a pruebas de ADN. Un total de 17 de ellas se encontraban ya en el corredor de la muerte (Chicago Tribune, 11 de julio de 2010). El Washington Post publicó el 23 de abril de 2010 que la policía de Washington admitió que 41 cargos presentados contra un chico de 14 años de edad, entre ellos cuatro de asesinato en primer grado, eran falsos. El adolescente nunca se declaró culpable. La policía del condado de Will (Illinois), torturó a Kevin Fox para que confesara haber matado a su hija de tres años. Fox pasó ocho meses en la cárcel antes de que las pruebas de ADN demostraran su inocencia. En Zion, en el mismo estado, la policía obligó a Jerry Hobbs a declararse culpable del asesinato de su hija de ocho años. Hobbs pasó cinco años en la cárcel antes de ser absuelto. Barry Gibbs tuvo que cumplir 19 años de condena por haber asesinado supuestamente a una prostituta en 1986. La sentencia fue anulada en junio de 2010 y Gibbs recibió una compensación de 9,9 millones de dólares del gobierno de la ciudad de Nueva York (The New York Times, 4 de junio de 2010).

Estados Unidos presume de ser el bastión de la democracia. Sin embargo, esa democracia se basa en gran parte en el dinero. Según lo publicado por el Washington Post en su edición del 26 de octubre de 2010, los candidatos al Congreso y el Senado batieron el récord de recaudación de fondos para las elecciones de medio término al reunir más de 1.500 millones de dólares hasta el 24 de octubre. Las elecciones, celebradas en noviembre de 2010, costaron 3.980 millones de dólares, convirtiéndose así en las más caras de la historia de Estados Unidos. Los grupos de interés invirtieron grandes cantidades de dinero en los comicios. Los 80 millones de dólares gastados por grupos no pertenecientes ni al Partido Demócrata ni al Partido Republicano hasta el 6 de octubre, superaron con creces los 16 millones de dólares invertidos en las elecciones de medio mandato de 2006. Uno de los grupos que más gastó fue el American Future Fund de Iowa, que invirtió siete millones de dólares para apoyar a los republicanos en más de dos docenas de carreras electorales en el Congreso y el Senado. Otro de los principales actores, la 60 Plus Association, gastó siete millones de dólares en anuncios relacionados con las elecciones. La Federación Americana de Empleados de Estados, Condados y Municipios gastó 103,9 millones de dólares en campañas entre el 22 y el 27 de octubre de 2010 (The New York Times, 1 de noviembre de 2010). Los ciudadanos estadounidenses han expresado su descontento sobre los enormes costes de las elecciones. Una encuesta realizada por el New York Times y la CBS mostró que casi 8 de cada 10 estadounidenses considera necesario limitar los gastos de las campañas electorales (The New York Times, 22 de octubre de 2010).

Estados Unidos aboga por la libertad en internet, pero al mismo tiempo impone estrictas restricciones sobre el ciberespacio. El 24 de junio de 2010, el Comité de Seguridad Interna y Asuntos Gubernamentales del Senado aprobó el Acta de Protección de Internet como un Activo Estatal, que concede al gobierno federal un "poder absoluto" para cerrar internet bajo el pretexto de una emergencia nacional. Otorgar al gobierno el poder de controlar internet sólo es el primer paso hacia un ciberespacio enormemente restringido en el que sólo podrán operar una página web aquellos que facilite un documento de identidad válido y obtengan el permiso de las autoridades (Prisonplanet.com, 25 de junio de 2010). Estados Unidos aplica un doble estándar pidiendo un internet totalmente libre en otros países, lo que se ha convertido en una importante herramienta diplomática para ejercer presión y buscar la hegemonía, y a la vez imponiendo estrictas restricciones en su propio territorio. Un artículo publicado el 16 de febrero de 2011 en la página web de BBC Mundo señala que el gobierno de Estados Unidos quiere incentivar la libertad en internet para dar voz a los ciudadanos de sociedades que considera "cerradas" y cuestiona los controles que esos gobiernos imponenen al flujo de información, aunque en casa trata de establecer un cerco legal para lidiar con el desafío que representa Wikileaks y sus filtraciones. "Fronteras adentro quizá el gobierno estadounidense sea sensible al impacto de libre flujo de información electrónica por el que aboga, pero hacia fuera quiere ejercer la diplomacia por otros medios, los de internet, y en particular las redes sociales", dice el artículo. La página web de la revista Foreign Policy de Estados Unidos también admite en un artículo publicado el 17 de febrero de 2011 que "la actitud del gobierno estadounidense hacia internet todavía está imbuida de problemas y contradicciones". (Continúa)