La máxima autoridad ambiental de China está planeando aumentar significativamente las multas por contaminación en un esfuerzo por proteger más efectivamente las fuentes de agua potable del país, las cuales están seriamente amenazadas.

En un proyecto de enmienda a la ley vigente, la Administración Estatal de Protección Ambiental (SEPA, iniciales en inglés) estipuló que la multa más alta para los individuos o empresas que descarguen contaminantes tóxicos en fuentes de agua potable será de 500.000 yuanes (67.600 dólares), cinco veces más que la sanción actual.

Asimismo, aquellos que viertan residuos industriales o basuras urbanas en fuentes de agua potable, y también quienes almacenen residuos sólidos u otro tipo de sustancias contaminantes, bajo la superficie, en las orillas, o en las costas de ríos, lagos, canales, y embalses, enfrentarán sanciones económicas de hasta 200. 000 yuanes, 20 veces más que la multa vigente.

El proyecto también levanta el tope máximo de las multas para las empresas responsables de accidentes que resulten en contaminación acuática. De ser aprobado, las multas oscilarán entre un 20 y un 30 por ciento de las pérdidas económicas directas, dependiendo de la gravedad del incidente.

De igual forma, las empresas deberán hacerse cargo de todos los costos de las acciones que se deban tomar para superar las emergencias, al tiempo que las que causen accidentes que resulten en contaminación grave del recurso hídrico serán cerradas. De acuerdo con la regulación vigente, las multas a las empresas implicadas en casos graves de contaminación no pueden superar el millón de yuanes.

Las multas irrisorias en contra de los contaminadores han estado continuamente en el ojo del huracán en el país asiático, pues no son pocos los que dicen que estas son insuficientes para detener efectivamente las violaciones ambientales.

Funcionarios encargados de la conservación del medio ambiente han dicho que, comparados con los beneficios económicos de las descargas ilegales de sustancias contaminantes, para la mayoría de las empresas el nivel actual de los castigos monetarios es simplemente "una gota en un balde".

Con el fin de eliminar el proteccionismo local de las cada vez más generalizadas violaciones en materia ambiental, el proyecto hace énfasis en las responsabilidades de los gobiernos municipales y distritales.

El documento pide a las administraciones locales intensificar los esfuerzos en materia de protección, mejorar el monitoreo y el manejo de las fuentes de agua potable, así como elaborar y publicar regularmente reportes sobre la calidad del recurso.

Los gobiernos y los funcionarios con mayores responsabilidades podrán enfrentar sanciones administrativas si la calidad del agua de su circunscripción no reúne el estándar de pureza establecido a nivel nacional.

De la misma forma, estos deberán tomar medidas de respuesta oportunas y emitir las alertas a que haya lugar en caso de que se registren emergencias a causa de accidentes de contaminación.

La SEPA dijo que el borrador de la nueva normativa fue entregado a todas las autoridades centrales y a las administraciones locales el 13 de noviembre, con el fin de que lo estudien y manifiesten sus opiniones.

La polución del agua es una de las más grandes preocupaciones en materia ambiental tanto para el gobierno como para los ciudadanos del gigante asiático. Un estudio llevado a cabo en 2006 reveló que en general el agua superficial de China sufre de un nivel de contaminación "medio". Un tercio de las 744 muestras fueron calificadas como "V", el grado de polución más grave.

De acuerdo con estadísticas de la SEPA, el año pasado ésta se hizo cargo de 161 accidentes de contaminación ambiental, 59 por ciento de los cuales estuvieron relacionados con polución del agua.

La vigente Ley de Prevención y Control de Contaminación del Agua fue promulgada en 1984. El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN), el máximo órgano legislativo del país, empezó a hacer correcciones al código en agosto. En septiembre, la Oficina General del Comité Permanente de la APN publicó un proyecto de enmienda para que los ciudadanos expresaran sus opiniones respecto del mismo.