II. Sistema de fiscalía


El sistema de fiscalía se refiere a la denominación general de la naturaleza, las tareas, la estructura organizativa, la organización, los principios de actividad y los regímenes de trabajo de los órganos fiscalizadores del Estado.

Según la Constitución y la Ley Orgánica de las Fiscalías Populares, las fiscalías populares son los órganos del Estado encargados de la supervisión de la aplicación de las leyes y ejercen el poder fiscalizador del Estado. Las fiscalías populares se producen en las asambleas populares de los mismos niveles, responden ante éstas y les informan de su labor.

1. Características organizativas de las fiscalías populares

El Artículo 2 de la Ley de las Fiscalías Populares prescribe: "La República Popular China instituye la Fiscalía Popular Suprema, las fiscalías populares locales de los diferentes niveles, las fiscalías populares militares y otras fiscalías populares especiales". Este alineamiento de arriba abajo refleja la relación de dirigente y dirigido entre los niveles superiores e inferiores de los órganos fiscalizadores, así como su característica de centralización y unificación, lo cual difiere notablemente de la relación de supervisor y supervisado entre los niveles superiores e inferiores de los tribunales populares. Para mantener la unidad del sistema legal del Estado, los órganos fiscalizadores deben ser un todo entero y tener un muy fuerte carácter de centralización y unificación.

La Fiscalías Popular Suprema es el órgano fiscalizador supremo del Estado y dirige el trabajo de las fiscalías populares locales de los diferentes niveles y las fiscalías especiales. Las fiscalías populares de los diversos niveles incluyen las fiscalías populares de las provincias, regiones autónomas y municipios directamente subordinados al Gobierno Central, las dependencias de las fiscalías populares de las provincias, regiones autónomas y municipios directamente subordinados al Gobierno Central, las fiscalías populares de las prefecturas autónomas y los municipios subordinados al gobierno provincial y las fiscalías populares de los distritos, los municipios, los distritos autónomos y los distritos urbanos. Las fiscalías especiales son principalmente las fiscalías militares y las fiscalías de transporte ferroviario. Las fiscalías populares de los diversos niveles son instituidas en correspondencia con los tribunales populares de los mismos niveles, con el fin de facilitar el manejo de las causas según el procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Penal.

2. Poder de las fiscalías populares

Según la Ley Orgánica de las Fiscalías Populares y las leyes pertinentes, las fiscalías populares ejercen su poder en los siguientes aspectos:

1) Ejercer el poder fiscalizador de las causas criminales importantes tales como las de traición al Estado, las de escisión del Estado y las de sabotaje grave contra la implementación unificada de las políticas, leyes, decretos legales y órdenes administrativas del Estado;

2) Investigar las causas penales directamente aceptadas;

3) Examinar las causas investigadas por los órganos de seguridad pública y los órganos de seguridad estatal, para decidir arresto y demanda o no; supervisar la legalidad o no de las actividades de investigación;

4) Formular y apoyar la demanda pública contra las causas penales; supervisar la legalidad o no de las actividades de juicio de los tribunales populares;

5) Supervisar la ejecución de los veredictos y fallos de las causas penales y la legalidad o no de las actividades de las cárceles, los reclusorios y los correccionales de trabajo; y

6) Supervisar las actividades de juicio civil y administrativo de los tribunales populares.

3. Organismos de las fiscalías populares

Los organismos internos de las fiscalías populares incluyen principalmente los comités fiscalizadores y otros organismos de trabajo específicos.

1) Comités fiscalizadores

El presidente de una fiscalía popular dirige de manera unificada el trabajo de ésta. En la Cláusula 2 del Artículo 3 de la Ley de las Fiscalías Populares se estatuye: "En las fiscalías populares de los diferentes niveles se instituyen comités fiscalizadores, los cuales practican el sistema de centralismo democrático y bajo la presidencia de sus respectivos presidentes deliberan y deciden las causas importantes y otros problemas importantes. Si el presidente está en desacuerdo con la decisión de la mayoría sobre un problema importante, se puede informar al comité permanente de la asamblea popular del mismo nivel para su decisión".

2) Organismos de trabajo fiscalizador

Los organismos de trabajo internos de las fiscalías populares son organismos formados para la división del trabajo profesional según los contenidos de la supervisión legal. Se incluyen los organismos profesionales de fiscalía penal, fiscalía económica, fiscalía de la ley y la disciplina, fiscalía de las cárceles y reclusorios, fiscalía civil, fiscalía administrativa, etc. En especial se han instituido burós contra la corrupción y se han establecido centros de delación. Estos dos tipos de organismos, apoyados directamente en las masas para luchar contra el desfalco, el soborno, el prevaricato, la infracción y otros delitos, son formas eficaces en las cuales el trabajo especializado se combina con
la línea de masas.

4. Sistema de funcionarios fiscalizadores

Es un sistema bajo el cual, de conformidad con la ley específica elaborada por el Estado, se administra de manera científica a los funcionarios de los órganos fiscalizadores que ejercen el poder fiscalizador. Este sistema comprende una serie de estipulaciones que cubren el poder de los fiscalizadores, sus derechos y deberes, requisitos de cualificación, nombramiento y destitución, evaluación, entrenamiento, recompensa y castigo, salario y bienestar, dimisión, jubilación, etc. El 28 de febrero de 1995 se adoptó la Ley de los Fiscales en la XII Sesión del Comité Permanente de la VIII Asamblea Popular Nacional. Esta ley entró en vigor oficialmente el 1 de julio del mismo año.

1) Sistema de cualificación de funcionarios fiscalizadores

Los funcionarios fiscalizadores incluyen los presidentes y los vicepresidentes de las fiscalías populares de los diversos niveles, los miembros de los comités fiscalizadores, los fiscales y los fiscales asistentes. Para ser funcionario fiscalizador se debe llenar los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad de la República Popular China;

b) Edad de 23 años cumplidos;

c) Apoyar la Constitución de la República Popular China;

d) Tener buenas cualidades políticas y profesionales y buen comportamiento;

e) Buena salud;

f) Graduado en derecho de un centro de enseñanza superior o graduado no en derecho de un centro de enseñanza superior y dotado de conocimientos especiales del derecho, con dos años de trabajo en ambos casos; o licenciado en derecho, con un año de trabajo; y el maestro o doctor en derecho puede no estar sujeto a la referida restricción de años de trabajo.

Las siguientes personas no pueden ser funcionarios fiscalizadores:

a) Que haya recibido sanción penal por delito; o

b) Que haya sido expulsada del cargo público.

La cualificación de funcionario fiscalizador se obtiene de dos modos:

a) Se la obtiene mediante examen de cualificación. Para los fiscales y los fiscales asistentes principiantes se adopta el método de examen público. Este examen es organizado por la Fiscalía Popular Suprema y se celebra a plazos regulares, y puede inscribirse cualquier ciudadano chino que tenga una carrera universitaria de corta duración o superior. Con respecto a los aprobados del examen, se les hace una evaluación necesaria de sus cualidades políticas, ideológicas y morales, se selecciona a los mejores de ellos, se confiere a éstos la cualificación de funcionario fiscalizador y se les otorga "certificado de cualificación de funcionario fiscalizador".

b) Se obtiene la cualificación de funcionario fiscalizador por medio del entrenamiento y la evaluación.

Se cancela la cualificación de funcionario fiscalizador a quienes son funcionarios fiscalizadores o tienen la cualificación de funcionario fiscalizador en uno de los siguientes casos:

a) El que presente dimisión y obtenga aprobación;

b) El que sea despedido por un órgano fiscalizador;

c) El que sea eliminado de la planilla;

d) El que sea expulsado del cargo público;

e) El que haya recibido sanción de remoción y sea inapropiado para seguir siendo funcionario fiscalizador;

f) El que sea condenado a una de las sanciones penales; y

g) El que no sea apropiado para tener el cargo de funcionario fiscalizador.

2) Sistema de nombramiento y destitución de funcionarios fiscalizadores

El presidente de una fiscalía es elegido, nombrado y destituido por la asamblea popular del mismo nivel; pero el nombramiento y destitución de los presidentes de las fiscalías populares locales de los diversos niveles deben ser informados a los presidentes de las fiscalías populares de un nivel más alto y éstos los proponen a los comités permanentes de las asambleas populares de niveles correspondientes para su aprobación.

Los vicepresidentes de una fiscalía, los miembros de su comité fiscalizador y sus fiscales son propuestos por el presidente de dicha fiscalía al comité permanente de la asamblea popular del mismo nivel para su nombramiento o destitución; y los fiscales asistentes de una fiscalía son nombrados y destituidos por el presidente de ésta.

3) Sistema de promoción, recompensa y sanción de funcionarios fiscalizadores

Por promoción de jerarquía de los funcionarios fiscalizadores se refiere al sistema bajo el cual, después de la primera evaluación para la decisión de la jerarquía de un funcionario fiscalizador, éste asciende a una jerarquía más alta según lo estipulado. Por lo general, la promoción se divide en promoción regular y promoción mediante selección.

Las jerarquías de los funcionarios fiscalizadores se dividen en doce: El Presidente de la Fiscalía Popular Suprema es el gran fiscal jefe, y de la segunda a la decimosegunda jerarquía son los grandes fiscales, fiscales de alta jerarquía y fiscales. La determinación de la jerarquía de un funcionario fiscalizador se basa en su cargo, comportamiento en lo moral y aptitud, nivel profesional, rendimiento del trabajo fiscalizador y años de trabajo.

Para la recompensa a los funcionarios fiscalizadores se practica el principio de combinar el estímulo en lo material con el estímulo en lo espiritual y se divide en el encomio, el mérito de tercera clase, el mérito de segunda clase y el mérito de primera clase, y el otorgamiento de títulos honoríficos.

Las sanciones a los funcionarios fiscalizadores son la advertencia, el registro de error, el registro de error grave, la degradación, la remoción y la expulsión. A los sancionados con remoción se les baja de salario y jerarquía al mismo tiempo. A los que cometen delito se les exige responsabilidad penal.

4) Sistema de seguridad de los funcionarios fiscalizadores

Los funcionarios fiscalizadores en desempeño reciben protección por la ley, lo cual se manifiesta como sigue:

a) Seguridad profesional.

Los funcionarios fiscalizadores cumplen su deber previsto en la ley, sin admitir la injerencia de los órganos administrativos, los grupos sociales o los individuos; y no están sujetos a la destitución, la degradación, el despido o la sanción a no ser por una motivación legal y por medio del procedimiento legal.

b) Seguridad personal.

La persona, los bienes y el domicilio de los funcionarios fiscalizadores reciben protección por la ley.

c) Seguridad salarial.

Los funcionarios fiscalizadores perciben remuneraciones de trabajo según lo establecido y gozan de seguros y bienestar.
d) Otras seguridades.

Para cumplir su deber, los funcionarios fiscalizadores deben tener el poder y las condiciones laborales necesarios. Ellos tienen derecho a la dimisión, queja, acusación, etc.

5. Sistema de trabajo fiscalizador

Este sistema se refiere a algunas reglas y regímenes formados conforme al área y las actividades del trabajo profesional de las fiscalías, incluyendo principalmente:

1) Sistema de supervisión sobre la investigación

Es el sistema de supervisión que las fiscalías populares aplican a las actividades de investigación penal de los órganos de seguridad pública (incluidos los órganos de seguridad estatal).

a) Examen y autorización de arrestos

La Constitución estipula: "Ningún ciudadano puede ser arrestado sin la autorización o decisión de una fiscalía popular o la decisión de un tribunal popular, y el arresto no puede ser ejecutado sino por un órgano de seguridad pública".

b) Examen de demandas

Las fiscalías populares decidirán si presentar demanda después de examinar las causas penales para la demanda que los órganos de seguridad pública transfieren al finalizar la investigación.

c) Supervisión sobre las actividades de investigación

Se refiere a la supervisión sobre si las actividades de investigación de los órganos de seguridad pública violan la ley, incluyendo problemas de si hay tortura o tortura disfrazada para obtener confesión, de si hay inducción o engaño para este efecto, de si el personal de investigación debe recusarse, etc.

2) Sistema de investigación

Se refiere al sistema de investigación de las causas aceptadas y constituidas directamente por las fiscalías populares. Según el "Reglamento sobre el alcance de la investigación para las causas aceptadas y constituidas directamente por las fiscalías populares", elaborado por la Fiscalía Popular Suprema a principios de 1998, hay un total de 53 tipos de causas de cuatro categorías que deben ser directamente constituidas e investigadas por las fiscalías. Estas causas son:

a) Delitos de desfalco y soborno especificados en el Capítulo VIII de los Principios por Grupos del Código Penal y causas criminales explícitamente especificadas en otros capítulos cuyos delitos y sanciones se determinan según los artículos pertinentes del Capítulo VIII, tales como las causas de desfalco, malversación de fondos público, aceptación de sobornos, etc.;

b) Causas de prevaricato especificadas en el Capítulo IX de los Principios por Grupos del Código Penal, incluyendo las causas de abuso de poder, negligencia en el deber, procesamiento en violación de la ley, veredicto o fallo, etc.;

c) Causas criminales en las que, valiéndose de su poder, trabajadores de órganos estatales infringen los derechos personales y democráticos de ciudadanos, incluyendo el arresto ilegal, el registro ilegal, la tortura para la obtención de confesión, etc.; y

d) Otras causas criminales importantes realizadas por trabajadores de órganos estatales valiéndose de su poder, las cuales, si es necesario que sean vistas directamente por una fiscalía popular, pueden ser constituidas e investigadas por ella previa decisión de una fiscalía popular de nivel provincial o superior.

3) Sistema de demanda pública

Según lo prescrito en el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, excepto un pequeño número de causas en que las víctimas pueden demandar por sí mismas, se implementa el sistema de demanda pública contra los demás delitos. Para las causas que requieren de esta demanda, invariablemente incumbe a las fiscalías populares proponerla a los tribunales populares dotados del poder de jurisdicción. En cuanto a las causas transferidas para la demanda por los órganos de seguridad pública, todas deben ser examinadas por las fiscalías populares. Y éstas tomarán la decisión, dentro de un mes, de si proponer demanda; la decisión podrá diferirse medio mes si se trata de causas importantes y complicadas. Después del examen, si se considera que los hechos de delito del sospechoso criminal han sido puestos en claro, las evidencias son sólidas y suficientes y es necesario exigir responsabilidad penal según la ley, se debe proponer demanda pública a un tribunal popular dotado del poder de jurisdicción.

4) Sistema de supervisión sobre el juicio

Se refiere al sistema bajo el cual las fiscalías populares supervisan las actividades de juicio civil, penal y administrativo de los tribunales populares. Por ejemplo, en las actividades de juicio penal, el fiscal comparece para apoyar la demanda pública a la vez que, en condición de supervisor de la ley del Estado, supervisa las actividades de juicio del juzgado. Al mismo tiempo, la fiscalía tiene el poder de protestar por los veredictos y fallos penales erróneos.

5) Sistema de supervisión sobre la ejecución de los veredictos penales y sobre las cárceles y reclusorios

Se comprende principalmente lo siguiente:

a) Supervisión sobre la ejecución de los veredictos de pena de muerte. Cuando se ejecuta una pena de muerte, la fiscalía popular debe enviar funcionarios al lugar para identificar al criminal a ejecutar con el fin de evitar que ocurra una ejecución errónea.

b) Supervisión sobre la ejecución de penas en las cárceles. Se incluye la supervisión sobre si la mitigación de penas, la libertad condicional, la libertad bajo fianza para tratamiento médico y la suspensión temporal de la ejecución de penas fuera de la cárcel violan la ley.

c) Supervisión sobre si las actividades en los reclusorios y los correccionales de trabajo violan la ley.