X. Sistema de indemnización estatal
La indemnización estatal, llamada también indemnización
de daños por infracción estatal, es una actividad en
la cual el Estado asume la responsabilidad de indemnización
por las consecuencias de daño producidas debido a su acto de
infracción al ejercer el poder público.
En el Artículo 2 de la Ley de Indemnización
Estatal de la República Popular China, adoptada el 12 de
mayo de 1994 por la VIII Asamblea Popular Nacional, se establece:
"Si un órgano estatal y sus trabajadores, al ejercer
su función y poder en violación de la ley, cometen
infracción ocasionando daños a los derechos e intereses
legales de un ciudadano, persona jurídica u otra organización,
las víctimas tienen derecho a obtener indemnización
estatal de acuerdo con la presente ley".
La Ley de Indemnización Estatal de
China estipula dos tipos de indemnización estatal: indemnización
administrativa e indemnización penal.
1. Indemnización administrativa
La indemnización administrativa se
refiere a la indemnización en la que el Estado asume la responsabilidad
de indemnización cuando un órgano estatal y trabajadores
del mismo, al ejercer su función y poder administrativos
en violación de la ley, cometen infracción y ocasionan
daños a los derechos e intereses legales de un ciudadano,
persona jurídica u otra organización. La indemnización
administrativa compone la parte principal de la indemnización
estatal.
1) Ambito de la indemnización
En los Artículos 3 y 4 de la Ley
de Indemnización Estatal se establece el ámbito de
la indemnización administrativa como sigue:
a) Detener a un ciudadano en violación
de la ley o tomar medidas administrativas coercitivas en violación
de la ley para restringir su libertad personal;
b) Detener ilegalmente a un ciudadano o
privarle ilegalmente de la libertad persona por otros medios;
c) Causar daños físicos o
muerte a un ciudadano mediante golpes u otros actos de violencia,
o instigar a otra persona a hacer tal con las mismas consecuencias;
d) Hacer uso de armas o implementos de policía
en violación de la ley causando daños físicos
o muerte a un ciudadano;
e) Otros actos en violación de la
ley que causen daños físicos o muerte a un ciudadano;
f) Violar la ley para imponer sanciones
administrativas tales como la multa, la cancelación de permisos
y licencias, la suspensión de la producción y el cierre
de negocios, y la confiscación de bienes;
g) Violar la ley para imponer medidas administrativas
coercitivas tales como el precintado, la retención y el bloqueo
de bienes;
h) Violar estipulaciones estatales para
requisar bienes e imponer contribuciones a prorrata, y
i) Otros actos en violación de la
ley que causen daños a bienes.
Al mismo tiempo, la Ley de Indemnización
Estatal estatuye en el Artículo 5 que el Estado no asume
la responsabilidad de indemnización administrativa en los
siguientes casos:
a) Acto personal ajeno al ejercicio de la
función y el poder por parte de trabajadores de un órgano
administrativo;
b) Daños producidos por el acto propio
de un ciudadano, persona jurídica u otra organización;
y
c) Otros casos especificados en la ley.
2) Organos obligados a la indemnización
Según la Ley de Indemnización
Estatal, los órganos obligados a la indemnización
se clasifican de la siguiente manera:
a) Es un órgano obligado a la indemnización
el órgano administrativo el cual y cuyos trabajadores, al
ejercer su función y poder, infrinjan los derechos e intereses
legales de un ciudadano, persona jurídica u otra organización
y produzcan daños;
b) Son órganos obligados a la indemnización
conjunta dos o más órganos administrativos que, al
ejercer conjuntamente sus funciones y poderes, infrinjan los derechos
e intereses legales de un ciudadano, persona jurídica u otra
organización y produzcan daños;
c) Es un órgano obligado a la indemnización
la organización con poder administrativo conferido por la
ley o reglamento legal que, al ejercer este poder, infrinja los
derechos e intereses legales de un ciudadano, persona jurídica
u otra organización y produzca daños;
d) Es un órgano obligado a la indemnización
el órgano administrativo que encomiende su poder administrativo
a una organización o individuo si éstos, al ejercer
este poder encomendado, infringe los derechos e intereses legales
de un ciudadano, persona jurídica y otra organización
y producen daños;
e) Es un órgano obligado a la indemnización
el órgano administrativo sucesor en función y poder
de un órgano obligado a la indemnización que haya
sido suprimido; es un órgano obligado a la indemnización
el órgano administrativo no sucesor en función y poder
de un órgano obligado a la indemnización suprimido
por él; y
f) Es un órgano obligado a la indemnización
el órgano administrativo que haya sido el primero en producir
un acto de infracción una vez realizada la reconsideración
por el órgano de reconsideración; pero si la decisión
tomada de la reconsideración por el órgano de reconsideración
ha agravado el daño, este mismo órgano debe cumplir
la obligación de indemnizar la parte agravada.
El solicitante de la indemnización
administrativa debe presentar la demanda de indemnización
primero al órgano obligado a la indemnización; también
puede presentarla a este órgano al tiempo que solicita reconsideración
para la indemnización administrativa y exige procedimiento
administrativo, pero no puede exigir procedimiento administrativo
en forma directa sin
que el caso haya sido tratado por el órgano obligado a la
indemnización.
2. Indemnización penal
La indemnización penal se refiere
a la indemnización estatal originada por una detención,
arresto o veredicto erróneos por parte de un órgano
judicial.
1) Ambito de la indemnización
Los Artículos 15 y 16 de la Ley de
Indemnización Estatal establecen el ámbito de la indemnización
penal como sigue:
a) Detención errónea de un
sospechoso de delito importante sin hechos de delito o sin hechos
que lo prueben;
b) Arresto erróneo de una persona
sin hechos de delito;
c) Reveredicto de no delito dictado según
el procedimiento de supervisión del juicio, pero la condena
del veredicto original ha sido ejecutada;
d) Tortura para obtener confesión
o actos de violencia como el golpe, o instigación a otra
persona a hacer actos de violencia como el golpe, causando daños
físicos o muerte a un ciudadano;
e) Uso de armas e implementos de policía
en violación de la ley, causando daños físicos
o muerte a un ciudadano;
f) Aplicación de medidas de precintar,
retener, bloquear y hacer entregar bienes en violación de
la ley; y
g) Reveredicto de no delito dictado según
el procedimiento de supervisión del juicio, pero la multa
y la confiscación de bienes del veredicto original han sido
ejecutadas.
El Artículo 18 de la Ley de Indemnización
Estatal estatuye que el Estado no asume la responsabilidad de indemnización
penal en los siguientes casos:
a) Ciudadano detenido o sentenciado a condena
por hacer confesiones falsas de propósito, o por falsificar
otras pruebas de delito;
b) Persona detenida que es exenta de la
responsabilidad penal según lo estipulado en los Artículos
14 y 15 del Código Penal;
c) Persona detenida a quien no se exige
responsabilidad penal según lo estipulado en el Artículo
11 del Código de Procedimiento Penal;
d) Acto individual ajeno al ejercicio de
la función y el poder de un trabajador del personal de un
órgano estatal que ejerce la función y el poder de
investigación, fiscalía, juicio o administración
carcelaria;
e) Daños producidos por el acto deliberado
de autolesión o autotomía de un ciudadano; y
f) Otros casos previstos en la ley.
2) Organos obligados a la indemnización
Según la Ley de Indemnización
Estatal, los órganos obligados a la indemnización
se clasifican de la siguiente manera:
a) Es un órgano obligado a la indemnización
el órgano estatal de investigación, fiscalía,
juicio o de administración carcelaria el cual y cuyos trabajadores,
al ejercer su función y poder, infrinjan los derechos e intereses
legales de un ciudadano, persona jurídica u otra organización
y produzcan daños;
b) Es un órgano obligado a la indemnización
el órgano que tome la decisión de detención
y haga detener por error a un sospechoso de delito importante sin
hechos de delito o sin hechos que lo prueben;
c) Es un órgano obligado a la indemnización
el órgano que tome la decisión de arresto y haga arrestar
por error a una persona sin hechos de delito; y
d) Es un órgano obligado a la indemnización
el tribunal popular que dicte el veredicto original si el reveredicto
de una nueva instancia dice no delito. Son órganos obligados
a la indemnización conjunta el tribunal popular de primera
instancia que dicte el veredicto original y el órgano que
tome la decisión de arresto si el reveredicto de segunda
instancia dice no delito.
El solicitante de la indemnización
debe presentar la demanda de indemnización primero al órgano
obligado a la indemnización; si vencido el plazo no se realiza
la indemnización o el solicitante de la indemnización
objeta contra la suma de indemnización, aquél puede
solicitar reconsideración al órgano de nivel inmediatamente
superior dentro de 30 días a partir del vencimiento del plazo.
En los tribunales populares intermedios
y de niveles más altos se instituyen comisiones de indemnización,
y cada una se compone de tres a siete jueces del mismo tribunal
popular.
Si el solicitante de la indemnización
exige indemnización estatal, el órgano obligado a
la indemnización, el órgano de reconsideración
y el tribunal popular no deben cobrar gasto alguno al solicitante
de la indemnización.
3) La indemnización estatal toma
el pago de la suma de indemnización como forma principal.
Cuando es posible devolver los bienes originales o restituirlos
al estado original, se los devuelve o se los restituye al estado
original. Los estándares de cálculo para la indemnización
estatal son:
a) Para la infracción de la libertad
personal de un ciudadano, la suma de indemnización por día
se calcula según el salario medio diario de los empleados
estatales del año anterior.
b) Para la infracción del derecho
de vida y salud de un ciudadano, la suma de indemnización
se calcula de la siguiente manera:
Para daños físicos producidos,
hay que pagar la atención médica e indemnizar la reducción
del ingreso por la no asistencia laboral. La suma de indemnización
por día a la reducción del ingreso se calcula según
el salario medio diario de los empleados estatales del año
anterior, y la suma máxima es el quíntuplo del salario
medio diario de los empleados estatales del año anterior.
Para la pérdida parcial o completa
producida de la capacidad de trabajo, hay que pagar la atención
médica y la suma de indemnización a la minusvalía,
y esta suma se determina por el grado de pérdida de la capacidad
de trabajo. Para la pérdida parcial de la capacidad de trabajo,
la suma de indemnización máxima es el décuplo
del salario medio anual de los empleados estatales del año
anterior; para la pérdida completa de la capacidad de trabajo,
la suma de indemnización máxima es veinte veces el
salario medio anual de los empleados estatales del año anterior.
Para la pérdida completa de la capacidad de trabajo, se debe
además pagar los gastos de vida de las personas sin capacidad
de trabajo a quienes mantiene la víctima.
Para la muerte producida, se debe pagar
la suma de indemnización a la muerte y los gastos de los
funerales por un monto total equivalente a veinte veces el salario
medio anual de los empleados estatales del año anterior.
Además, se debe pagar los gastos de vida a las personas sin
capacidad de trabajo que mantenía el muerto en su vida.
4) Para los daños producidos por
la infracción del derecho de bienes de un ciudadano, persona
jurídica u otra organización, se los trata conforme
a las siguientes estipulaciones:
Devolver el dinero o bienes si se han impuesto
multa, pena, entrega retractiva, confiscación de bienes,
o requisa de bienes y contribución a prorrata en violación
de lo estipulado por el Estado;
Levantar el precintado, retención
o bloqueo de los bienes que han sido precintados, retenidos o bloqueados;
para el daño o desaparición de bienes producidos,
se debe restituirlos al estado original si es posible y pagar una
suma de indemnización correspondiente al grado de daño
si la restitución es imposible;
Para los bienes que deben ser devueltos
pero que han sido dañados, hay que restituirlos al estado
original si es posible y pagar una suma de indemnización
correspondiente al grado de daño si la restitución
es imposible;
Para los bienes que deben ser devueltos
pero que han desaparecido, hay que pagar una suma de indemnización
correspondiente;
Para los bienes ya subastados, hay que pagar
la suma obtenida al precio de subasta;
Para los permisos y licencias cancelados
y la suspensión de la producción y el cierre de los
negocios ordenados, hay que indemnizar los egresos destinados a
los gastos rutinarios necesarios producidos durante el tiempo de
suspensión o cierre; para los otros daños causados
a los bienes, hay que pagar la indemnización según
la pérdida directa.
Los gastos para la indemnización
estatal están englobados en los presupuestos de las haciendas
de todos los niveles y corren a cuenta de éstas por niveles
de administración fiscal.
El Artículo 32 de la Ley de Indemnización
Estatal establece la prescripción de la indemnización
estatal: "Para el solicitante de indemnización que solicite
indemnización estatal, la prescripción es de dos años,
contados desde el día en que el acto de ejercicio de la función
y el poder de un órgano estatal y sus trabajadores sea reconocido
según la ley como violación de la ley, pero no calculado
en ella el tiempo de estar detenido".
El Artículo 33 de la Ley de Indemnización
Estatal establece los principios de indemnización estatal
en relación al exterior: "La presente ley es aplicable
al extranjero, la empresa u organización extranjera que en
territorio de la República Popular China solicite indemnización
estatal de la República Popular China. Si el país
al que pertenezca el extranjero, la empresa u organización
extranjera no protege o restringe el derecho de los ciudadanos,
personas jurídicas y demás organizaciones de la República
Popular China a exigir indemnización estatal a ese país,
la República Popular China aplica el principio de reciprocidad
para con ese país al que pertenezca dicho extranjero, dicha
empresa u organización extranjera". Esta estipulación
principista encarna el respeto de China a los extranjeros, las empresas
y organizaciones extranjeras y, al mismo tiempo, contribuye a salvaguardar
la soberanía y la dignidad de China.
Los Artículos 14 y 24 de la Ley de
Indemnización Estatal establecen por separado el derecho
de recuperación del Estado en la indemnización administrativa
y la indemnización penal: "Cuando el órgano obligado
a la indemnización ha indemnizado la pérdida, debe
ordenar al personal de trabajo o la organización o individuo
encomendados que asuman una parte o el total de los gastos de indemnización
por haber cometido adrede o tenido un error grave". "Cuando
el órgano obligado a la indemnización ha indemnizado
la pérdida, debe recuperar una parte o el total de los gastos
de indemnización a los trabajadores involucrados en uno de
los siguientes casos: 1) Casos especificados en los Incisos 4 y
5 del Artículo 15 de la presente ley (Nota del redactor:
El Inciso 4 se refiere a que la tortura para la obtención
de confesión u otros actos de violencia como el golpe, o
la incitación a otra persona a aplicar golpes y otros actos
de violencia, producen lesión o muerte a un ciudadano; el
Inciso 5 se refiere a que el uso de armas e implementos de policía
en violación de la ley producen lesión o muerte a
un ciudadano.); 2) Reveredicto de no delito dictado según
el procedimiento de supervisión del juicio, pero la multa
o confiscación de bienes del veredicto original han sido
ejecutadas".
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