El proteccionismo no es la panacea para la economía de la UE

Durante décadas, la Unión Europea se vendió —a sus ciudadanos y al mundo— con una promesa simple: que la apertura, el comercio basado en reglas y el mercado único eran los motores de la prosperidad. Hoy, esa promesa se está vaciando desde dentro.

Bajo las banderas de la seguridad, la transición verde y la competencia leal, Bruselas está construyendo paso a paso un muro de barreras regulatorias. El conjunto de nuevos instrumentos de comercio e inversión —desde el Reglamento sobre Subvenciones Extranjeras hasta el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, y ahora la revisión de la Ley de Ciberseguridad y la Ley de Aceleración Industrial— construyen colectivamente un campo de juego no nivelado que politiza los asuntos económicos y utiliza el comercio como un arma, marcando un peligroso distanciamiento del compromiso que la UE una vez defendió con los mercados abiertos y el multilateralismo.

Esta politización del comercio es evidente en los dos proyectos legislativos más recientes. La propuesta de revisión de la Ley de Ciberseguridad, publicada en enero, abandona el principio fundamental de neutralidad tecnológica. En su lugar, introduce un concepto altamente politizado: "riesgos no técnicos".

Bajo la apariencia de la seguridad de la cadena de suministro, el borrador otorga a la UE la facultad de designar "terceros países que plantean preocupaciones en materia de ciberseguridad" y "proveedores de alto riesgo" sin justificación fáctica o técnica. El resultado será una lista negra que podría excluir efectivamente a empresas de terceros países —notablemente China— de sectores críticos como infraestructura digital, transporte y energía. Esto no se trata de proteger las redes; se trata de exclusión política.

Este enfoque viola los principios fundamentales de la Organización Mundial del Comercio, más notablemente el trato de Nación Más Favorecida. Más fundamentalmente, invierte la lógica de una economía digital globalizada. Las empresas chinas han operado legalmente en Europa durante años, contribuyendo a la conectividad del continente. Ahora corren el riesgo de ser etiquetadas como una "amenaza a la seguridad" sin una sola prueba. Esto no es gestión de riesgos; es fabricación de riesgos. Y no hará más segura a Europa —desestabilizará las cadenas de suministro globales de las que depende su propia transición digital.

Aún más grave es la Ley de Aceleración Industrial, presentada a principios de marzo. Esta legislación es tan explícitamente discriminatoria que parece un manual sobre cómo hacer proteccionismo. Dirigida a la inversión extranjera en baterías, vehículos eléctricos, fotovoltaica y materias primas críticas, impone restricciones que se aplican solo a inversores de terceros países que representan más del 40 % de la capacidad mundial en esos sectores. En términos simples, eso significa China. Las medidas incluyen transferencia forzada de tecnología, límites a la participación extranjera en el capital, requisitos de contenido local y preferencias explícitas de "origen comunitario" en la contratación pública.

Si la Ley de Ciberseguridad trata de construir muros, la Ley de Aceleración Industrial trata de fortificar la fábrica que queda detrás de ellos. Se alega que viola el espíritu y la letra de las normas de la Organización Mundial del Comercio, incluido el Acuerdo sobre Medidas en materia de Inversión relacionadas con el Comercio y las disposiciones sobre propiedad intelectual. Sienta un precedente que reducirá la inversión en general. Para las empresas europeas, esto es un desastre. Se les negará el acceso a las tecnologías y cadenas de suministro más competitivas del mundo. Para los objetivos declarados de la UE —reindustrialización y transición verde— es un acto de autosabotaje. No se puede acelerar una revolución verde excluyendo precisamente a los socios que producen los paneles solares, las baterías y los materiales críticos que la hacen posible.

Estas leyes no solo exceden el mandato legal de la Comisión Europea, sino que también invaden la autonomía política de los Estados miembros. Mientras que líderes de Alemania, Francia y otros Estados miembros de la UE han visitado recientemente China, expresando una firme voluntad de profundizar la cooperación, las instituciones de la UE continúan erigiendo barreras que contradicen estos gestos diplomáticos. Esta contradicción revela una profunda desconexión institucional, donde la agenda proteccionista de Bruselas sabotea el impulso de cooperación fomentado por China y los países europeos, dañando la confianza misma que necesita una relación estable entre China y la UE.

China posee tanto la capacidad como la determinación de defender sus intereses legítimos. Con medidas de respuesta probadas y perfeccionadas durante el manejo de disputas comerciales con Estados Unidos, China está plenamente preparada para defender los derechos legítimos de sus empresas. La experiencia de Estados Unidos demuestra que las restricciones unilaterales provocan respuestas rápidas y efectivas. Cualquier acción tomada con estos instrumentos legales discriminatorios de la UE recibirá una respuesta inmediata.

El proteccionismo no restaura la competitividad; genera complacencia y lleva la innovación a otros lugares. El enfoque de la UE no logrará el prometido regreso de la manufactura. En cambio, impondrá enormes costos a los Estados miembros y sus empresas, retrasará las transiciones digital y verde, y dañará la reputación de Europa como lugar para hacer negocios. El "efecto Bruselas", que alguna vez fue sinónimo de establecer estándares globales, corre el riesgo de convertirse en sinónimo de exceso regulatorio y desatino estratégico.

Tal y como destacó el presidente Xi Jinping durante la 25.ª Cumbre China-UE celebrada en Beijing en julio del año pasado, el respeto mutuo, la cooperación abierta y el multilateralismo deben guiar los próximos 50 años de las relaciones entre la UE y China. La interdependencia no es un riesgo, y la "desvinculación" solo conducirá al autoaislamiento. La UE debe reconsiderar su rumbo, abandonar sus herramientas discriminatorias y volver a los principios de una cooperación abierta, justa y basada en normas. Debe darse cuenta de que, en tiempos difíciles, los puentes son mejores que los muros.