Washington retrocede con una economía de fuerza militar y saqueo de recursos

Las recientes declaraciones de altos funcionarios del Gobierno estadounidense sobre «controlar» el negocio petrolero de Venezuela y dictar a quién vender su crudo evidencian una lógica contraria a los principios de las relaciones internacionales. Desde declaraciones públicas hasta entrevistas con los medios, Washington ha presentado abiertamente el petróleo venezolano —sustento de su economía— como una palanca pasible de confiscación, redirección y racionamiento según los intereses estadounidenses, incluyendo señales explícitas de prohibición de su venta a China sin su aprobación.

El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló que Venezuela «entregaría» decenas de millones de barriles de «petróleo sancionado» a Estados Unidos, y que los cargamentos que originalmente iban destinados a China serían desviados a puertos estadounidenses. El vicepresidente JD Vance fue más allá y afirmó sin rodeos que Washington puede «controlar» los recursos energéticos de Venezuela y ordenar los destinos de su venta para ejercer presión, mientras que el secretario de Estado Marco Rubio dejó claro que el acceso a los ingresos del petróleo dependería de la cooperación con Estados Unidos. Un alto funcionario estadounidense anónimo lo resumió de manera contundente: solo se permitirían flujos de petróleo «aprobados por la legislación estadounidense y los intereses de seguridad nacional».

Tales comentarios admiten que el país busca colocar los recursos naturales de otro país soberano bajo su propia autoridad mediante el uso de la fuerza, la coacción y las sanciones unilaterales para obligar su cumplimiento. Esto no es diplomacia, ni una política económica legítima, es un clásico comportamiento hegemónico que pisotea el derecho internacional y los derechos soberanos de los Estados.

Venezuela es una nación con soberanía estatal sobre sus recursos naturales. Este principio es una piedra angular del orden internacional de la posguerra, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y reafirmado en la Declaración sobre los Principios del Derecho Internacional de 1970. La idea de que cualquier país, por más poderoso que sea, pueda señalar con quién comercia otro país, o confiscar y redirigir sus recursos a su antojo, incumple plenamente esta regulación. En el caso de Venezuela, las acciones de Estados Unidos infringen directamente los derechos e intereses de su pueblo.

Además, el hecho de poseer importantes yacimientos de tierras raras, aunque en gran medida sin cuantificar, puede ser otro factor tácito detrás del reciente proceder del país norteamericano, especialmente teniendo en cuenta el anuncio de sus avances en la tecnología de procesamiento de tierras raras.

La ilegalidad de este comportamiento es mayor. El uso de la fuerza contra Venezuela sin la autorización de la ONU vulnera el artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Cumple los criterios de agresión definidos en la Resolución 3314 de la Asamblea General de la ONU. Los intentos de manejar las exportaciones de petróleo de Venezuela y confiscar sus activos agravan estas transgresiones al socavar el principio de que solo los Estados deciden su desarrollo y la venta de sus recursos.

Las acciones tampoco tienen una base sólida dentro de los Estados Unidos. Según su Constitución, la facultad de autorizar la guerra recae en el Congreso, y la Resolución sobre los poderes bélicos de Estados Unidos exige la notificación y el visto bueno de las hostilidades en el extranjero. Esto explica por qué el Gobierno de los Estados Unidos ha negado rotundamente que su operación sea un acto de guerra, describiéndola como una «acción especial de aplicación de la ley». Actuar si autorización plantea serias cuestiones constitucionales, al igual que la incautación de activos de Estados extranjeros con sentencias nacionales que niegan el debido proceso y las vías de recurso judiciales.

En ese contexto, las exigencias de que Venezuela someta sus lazos económicos con China y otros países al control de Estados Unidos, y coopere exclusivamente con Estados Unidos en la producción de petróleo y cualquier otro sector que Estados Unidos considere necesario, son muy graves. La cooperación entre China y Venezuela es una colaboración normal entre dos Estados soberanos, llevada a cabo de conformidad con el derecho internacional y los principios del mercado. Los derechos e intereses legítimos de China en Venezuela deben ser respetados y protegidos, y no ignorados por decretos unilaterales o negados por la coacción.

Independientemente del país que infrinja los derechos e intereses legítimos de China, y de los medios utilizados, el tratamiento será el pertinente.

Lo que Washington trata de imponer no es una solución a los retos de Venezuela, sino el retorno a un modelo desacreditado en el que el poder hace la ley. Al tratar el petróleo como un botín objeto de confiscación y redistribuido, Estados Unidos muestra escaso respeto por las necesidades de desarrollo de Venezuela o el bienestar de su pueblo. Estas prácticas neocoloniales han fracasado una y otra vez, dejando tras de sí inestabilidad, resentimiento y daños a largo plazo en la confianza internacional.

El mundo actual enfrenta suficiente incertidumbre sin el impacto adicional que supone el robo de recursos proclamado abiertamente. Los intentos de volver atrás, a una era de economía de cañones y dependencia forzada, no tendrán éxito y solo servirán para erosionar aún más la credibilidad de quienes los persiguen. El respeto a la soberanía, la adhesión al derecho internacional y la cooperación genuina siguen siendo los únicos cimientos viables para la paz, la estabilidad y el desarrollo, en y fuera de Venezuela.

La comunidad internacional posee la responsabilidad y los medios para exigir responsabilidades a los infractores, ya sea a través de las Naciones Unidas, la justicia internacional o acciones diplomáticas colectivas.