Es hora de que EE. UU. deje de trasgredir la Carta de la ONU

Por Jeffrey D. Sachs

Jeffrey D. Sachs, profesor de la Universidad de Columbia, pronunció un discurso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 5 de enero de 2026 sobre la situación en Venezuela. Los ataques de Estados Unidos y la «captura» ilegal del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa ponen en peligro la Carta de las Naciones Unidas y el orden mundial. Sus palabras originales han sido ligeramente editadas para su publicación. A continuación un extracto de las mismas.

La cuestión hoy no es la naturaleza del Gobierno de Venezuela. La cuestión es si cualquier Estado miembro —mediante la fuerza, la coacción o el estrangulamiento económico— tiene derecho a determinar el futuro político del país o a ejercer control sobre sus asuntos.

El tema alude directamente al artículo 2 (4) de la Carta de las Naciones Unidas que prohíbe el uso o la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. El Consejo de Seguridad debe decidir si se mantiene o se abandona tal restricción. Lo segundo tendría consecuencias mayores.

Desde 1947, la política exterior de Estados Unidos ha empleado en varias ocasiones la fuerza, acciones encubiertas y la manipulación política para provocar cambios de régimen en otros países. En su libro Covert Regime Change (2018), la politóloga Lindsey O'Rourke documenta 70 operaciones solo entre 1947 y 1989.

Estas prácticas no terminaron con la Guerra Fría. Desde 1989, las principales acciones dirigidas al cambio de régimen sin la autorización del Consejo de Seguridad incluyen Irak en 2003, Libia en 2011, Siria desde 2011, Honduras en 2009, Ucrania en 2014 y Venezuela desde 2002 en adelante.

Los métodos utilizados van desde el enfrentamiento abierto, incursiones de inteligencia encubiertas, instigación de disturbios, apoyo a grupos armados,  manipulación de los medios y las redes sociales, soborno de funcionarios militares y civiles, hasta asesinatos selectivos, acciones de bandera falsa y guerra económica destinada a colapsar la vida civil. Estas medidas son ilegales según la Carta de las Naciones Unidas y suelen traer violencia, conflictos letales, inestabilidad política y sufrimiento a la población civil.

Los esfuerzos de Estados Unidos por derrocar al Gobierno de Venezuela se remontan a dos décadas. En abril de 2002, aprobó un intento de golpe de Estado. En la década de 2010, financió a grupos civiles participantes de protestas antigubernamentales. Cuando el Gobierno tomó medidas enérgicas, Estados Unidos impuso sanciones. En 2015, el entonces presidente Barack Obama declaró a Venezuela como «una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos».

En 2017, al margen de la Asamblea General de la ONU, el presidente estadounidense Donald Trump discutió abiertamente la opción de invadir Venezuela para defenestrar al Gobierno. Entre 2017 y 2020, impuso sanciones s a la empresa petrolera estatal. Entre 2016 y 2020, la producción de crudo cayó un 75 % y el PIB real per cápita un 62 %.

La Asamblea General de la ONU votó repetidamente y por abrumadora mayoría en contra de tales medidas coercitivas unilaterales. Según el derecho internacional, solo el Consejo de Seguridad tiene la autoridad para ordenar tales penas.

El 23 de enero de 2019, Estados Unidos reconoció unilateralmente a Juan Guaidó como «presidente interino» de Venezuela. Cinco días después, el 28 de enero de 2019, congeló aproximadamente 7000 millones de dólares de activos soberanos venezolanos en el extranjero y otorgó a Guaidó autoridad sobre algunos activos.

En el último año, Estados Unidos ha bombardeado 7 países, ninguno de ellos con el visto bueno del Consejo de Seguridad ni en legítima defensa conforme a la Carta. Los países objetivo fueron Irán, Irak, Nigeria, Somalia, Siria, Yemen y ahora Venezuela. En el último mes, Trump ha proferido amenazas directas contra al menos 6 Estados miembros de la ONU, entre ellos Colombia, Dinamarca, Irán, México, Nigeria y, por supuesto, Venezuela.

No se pide a los miembros del Consejo de Seguridad que juzguen a Nicolás Maduro ni que evalúen si el reciente ataque estadounidense y la actual cuarentena naval de Venezuela dan lugar a la libertad o al sometimiento. Se les pide que defiendan el derecho internacional y, en concreto, la Carta de las Naciones Unidas.

La escuela realista de las relaciones internacionales describe con precisión la condición de anarquía internacional como «la tragedia de la política de las grandes potencias». Su conclusión es que esta conduce a la tragedia. Tras la Primera Guerra Mundial, se creó la Sociedad de Naciones para poner fin a la misma mediante la aplicación del derecho internacional. Sin embargo, las principales naciones del mundo no lo defendieron en la década de 1930, lo que condujo a otro conflicto mundial.

La ONU surgió de esa catástrofe como el segundo gran esfuerzo de la humanidad por situar el derecho internacional por encima de la anarquía. En palabras de la Carta, la ONU nació «para preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces en esta vida ha asolado a la humanidad con innumerables calamidades».

Dada la era nuclear, no podemos permitirnos otro fracaso. La humanidad perecería. No habría una tercera oportunidad.

Para cumplir con sus responsabilidades en virtud de la Carta, el Consejo de Seguridad debe decir de inmediato que Estados Unidos debe cesar y desistir de todas las amenazas explícitas e implícitas o del uso de la fuerza contra Venezuela. Debe poner fin a su cuarentena naval y a todas las medidas militares coercitivas afines, emprendidas sin su venia. Debe retirar sus fuerzas militares del interior y del perímetro de Venezuela. El secretario general de las Naciones Unidas deberá nombrar raudamente a un enviado especial para reunir a las partes interesadas venezolanas e internacionales pertinentes e informar al Consejo de Seguridad en un plazo de 14 días con recomendaciones coherentes con la Carta. Todos los Estados miembros deben abstenerse de amenazas unilaterales, coerciones o acciones armadas fuera de la autoridad del Consejo de Seguridad, en estricta conformidad con la Carta.

La paz y la supervivencia de la humanidad dependen de si esta se mantiene como un instrumento vivo del derecho internacional o se deja marchitar y perder relevancia. Esa es la elección actual que se le presenta al mundo.