Una operación carente de respaldo internacional

Según la Carta de las Naciones Unidas, las relaciones internacionales deben basarse en el “respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos”. El actual orden internacional está conformado por estados soberanos que tienen igualdad de derechos en el concierto internacional, sin tomar en consideración el tamaño de su territorio, la cantidad de su población, el nivel de su desarrollo tecnológico o su capacidad militar. Por esta razón, todos los Estados que forman parte de la ONU son reconocidos como representantes legítimos ante esta organización. La diversidad política, cultural, religiosa o de cualquier otra índole no otorga derecho a ningún Estado a poder intervenir militarmente con el objetivo de cambiar tal diversidad para volverla “uniforme” o en consonancia con los intereses nacionales de ese Estado, aunque sea más poderoso que todos los demás. 

Una intervención ilegítima 

Y precisamente el artículo 2.º de la Carta de las Naciones Unidas establece entre sus principios “la igualdad soberana de todos sus miembros”, “el arreglo pacifico de las controversias”, y “la prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza”. El orden internacional se sustenta en Estados soberanos con igualdad de derechos, donde ninguno de ellos puede amenazar o agredir a otro sin violar estos principios. El intervencionismo contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado están expresamente prohibidos. Por esta razón, en el actual orden internacional no existe ninguna justificación para que Estados Unidos haya realizado una intervención militar en un país soberano como Venezuela, y haya capturado y tomado como prisioneros al presidente de Venezuela y a su esposa, con el fin de juzgarlos de acuerdo a las leyes de Estados Unidos en los tribunales de este país. La justicia extraterritorial no es justicia. 

La comunidad internacional ha reaccionado condenando la intervención militar norteamericana enérgicamente, tal como consta en los pronunciamientos de los presidentes de Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay en Latinoamérica. Asimismo, el pasado 4 de enero, España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su profunda preocupación y rechazo frente al operativo militar unilateral llevado a cabo por Estados Unidos en Venezuela, el cual derivó en la detención del presidente Nicolás Maduro. Los Gobiernos firmantes consideraron que dicha acción constituye una grave vulneración de los principios fundamentales del derecho internacional y un riesgo significativo para la estabilidad regional. El pronunciamiento subraya que la detención de Maduro contraviene normas esenciales de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, así como el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de los Estados. Desde esta perspectiva, los seis países advierten que este tipo de intervenciones sienta un precedente peligroso para la paz y la seguridad internacionales, además de exponer a la población civil a riesgos adicionales. 

Del mismo modo, la República Popular de China y la Federación de Rusia expresaron su condena a la intervención militar en Venezuela el pasado 5 de enero en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al considerar que la operación para deponer al presidente Nicolás Maduro vulnera los principios fundamentales de la Carta de la ONU. 

Desde hace más de una década la República Popular de China ha estrechado sus vínculos con los países latinoamericanos. En la actualidad, China es el principal socio comercial de varias economías de la región, concentrando sus inversiones en los sectores energético, de infraestructuras, financiero y agroexportador. Esto ha generado una respuesta de la administración norteamericana en la Nueva Estrategia de Seguridad Nacional Norteamericana, que ha recuperado la vieja “doctrina Monroe”, que fue el principio rector de la política exterior estadounidense durante el siglo XIX al no permitir la intervención de potencias europeas en países americanos.  

En este marco, América Latina y el Caribe adquieren una relevancia prioritaria dentro del documento, al ser definidos como el espacio estratégico inmediato para la seguridad estadounidense. La estrategia plantea que la estabilidad del hemisferio occidental resulta indispensable para la defensa de los intereses nacionales y propone una cooperación más estrecha con Gobiernos aliados (los de Europa Occidental) en materia de seguridad, control migratorio y combate al crimen organizado. Paralelamente, se advierte sobre la presencia y expansión de actores no hemisféricos en sectores considerados sensibles, como la infraestructura, los recursos naturales y las rutas comerciales estratégicas. 

Un juicio ilegal 

Nicolás Maduro ha señalado que ha sido “secuestrado” y que se considera un “prisionero de guerra” ante el Tribunal de New York que lo va a juzgar de acuerdo a las leyes norteamericanas. Y no está lejos de decir la verdad. Como presidente de un Estado soberano miembro de las Naciones Unidas, Nicolás Maduro fue tomado contra su voluntad y llevado en un avión norteamericano —luego de una intervención militar violenta— hacia los Estados Unidos. El hecho de que con anterioridad a los sucesos del pasado 3 de enero, el presidente de los Estados Unidos haya amenazado públicamente y en repetidas ocasiones con una intervención militar al Gobierno del presidente Maduro, configura un actuar contrario a los principios de la Carta de las Naciones Unidas que condena cualquier amenaza o uso de la fuerza en las relaciones entre los Estados miembro. Pero este proceder no es algo nuevo en las relaciones de Estados Unidos con América Latina. 

El juicio que se llevará a cabo contra Nicolás Maduro y su esposa no ha contemplado el respeto a las mínimas garantías de un debido proceso, ni se ha dado tiempo al abogado del procesado para que pueda enterarse de que lo acusan. Cuando el país más poderoso del mundo cuenta con un servicio de inteligencia que ha contribuido a la caída de regímenes políticos en varios países del mundo, resulta razonable creer que armar un expediente de acusación penal contra un “enemigo político de la libertad y la democracia” no debe ser muy complicado. Y si se le añade delitos de narcotráfico, resultará casi imposible que Nicolás Maduro obtenga una defensa adecuada y una sentencia favorable.  

Una amenaza regional y mundial 

La intervención norteamericana en Venezuela constituye un factor de profunda inestabilidad para las relaciones entre Estados Unidos y América Latina y un precedente preocupante para el orden internacional basado en normas. Más allá del caso venezolano, este tipo de acciones erosiona principios fundamentales del derecho internacional público y reconfigura de manera peligrosa las dinámicas de seguridad regional y global. 

En el plano hemisférico, la intervención en Venezuela representa una amenaza directa a la estabilidad política del continente. América Latina ha venido construyendo, con dificultades y avances desiguales, un consenso normativo en torno a la no intervención, la solución pacífica de controversias y el respeto a la soberanía estatal. La ruptura de estos principios reactiva memorias colectivas históricas del intervencionismo norteamericano en la región que, lejos de promover estabilidad y desarrollo, contribuyeron a ciclos prolongados de violencia, fragmentación institucional y dependencia política. En este sentido, la acción unilateral sobre Venezuela generará desconfianza entre los Estados de la región, debilitará los mecanismos de cooperación regional y profundizará las divisiones ideológicas, obstaculizando respuestas colectivas a desafíos comunes como la migración, el crimen transnacional y el desarrollo económico. 

Asimismo, la intervención crea incentivos perversos para la instrumentalización de la fuerza como mecanismo de resolución de crisis políticas internas. Al legitimar la captura o remoción forzada de autoridades nacionales sin mandato multilateral, se abre la posibilidad de que conflictos domésticos en otros países sean reinterpretados como amenazas internacionales, justificando acciones similares. Este escenario incrementa la volatilidad política y reduce los márgenes de autonomía de los Estados latinoamericanos, especialmente aquellos con instituciones más frágiles. De ahora en adelante, el Gobierno de los Estados Unidos sentiría que tiene la “complacencia silenciosa” de los Estados latinoamericanos si estos no se llegan a pronunciar enérgicamente contra lo ocurrido en Venezuela. Lo que pasa allí ahora podría repetirse en poco tiempo en cualquier otro país con un Gobierno que no sea del agrado de las autoridades de Washington. 

Desde una perspectiva global, la intervención en Venezuela sienta un grave precedente contra la paz mundial. El debilitamiento del principio de soberanía y de la prohibición del uso de la fuerza, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, socava el sistema de seguridad colectiva construido tras la Segunda Guerra Mundial. Si la mayor potencia del planeta actúa al margen de los mecanismos multilaterales, se legitima una lógica de poder que puede ser replicada en otros contextos geopolíticos, aumentando el riesgo de conflictos interestatales a escala global. La intervención norteamericana en Venezuela es una grave amenaza para la paz mundial. 

En síntesis, la intervención en Venezuela no solo profundiza la crisis política interna del país, sino que proyecta efectos desestabilizadores sobre América Latina y el sistema internacional. La defensa del diálogo, la legalidad internacional y las soluciones multilaterales emergen, por tanto, como una condición indispensable para preservar la paz regional y global. Como se señala en el artículo 1.º de la Carta de las Naciones Unidas: “Son propósitos de las Naciones Unidas mantener la paz y seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz”. 

 Fuente: Centro para las Américas    

Autor: JOHNNY VICENTE MONTALVO FALCÓN*

*Johnny Vicente Montalvo Falcón es analista internacional y corresponsal de China Hoy en Perú.