Venezuela tras el 3 de enero de 2026: captura anunciada, debate legal y un escenario abierto

Foto: Xinhua

Por Mauricio Percara

La madrugada del 3 de enero de 2026 marcó un punto de ruptura en la crisis venezolana. Tras el anuncio de Washington sobre una operación en territorio venezolano y el traslado reportado de Nicolás Maduro a Estados Unidos, el foco se concentró en tres preguntas inmediatas: quién ejerce el control efectivo del Estado dentro de Venezuela, qué marco legal se invoca para justificar la acción y qué efectos puede tener sobre la estabilidad regional y el sector energético.

Más allá del impacto del acontecimiento, lo decisivo en las primeras horas no fue tanto el volumen de declaraciones como la cuestión práctica que define este tipo de crisis: quién controla, en la realidad, la administración civil, la cadena de mando de seguridad, los servicios críticos y la gestión territorial. Ese control efectivo —más que la narrativa— suele determinar si un país entra en una transición ordenada o en una fase de mayor fragmentación.

Un país con una sucesión institucional disputada

En Caracas, el periodo inmediatamente posterior estuvo marcado por señales contradictorias. La narrativa oficial denunció la operación como una agresión y defendió la continuidad del mando, mientras desde Estados Unidos se habló de conducción temporal y de nuevas medidas de presión. Ese cruce de mensajes no resolvió la incertidumbre de fondo: incluso cuando existe una proclamación de continuidad, la pregunta clave es quién puede sostener el funcionamiento cotidiano del Estado.

En ese marco, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de ordenar un interinato buscó introducir un marco de continuidad formal ante un escenario de conmoción. La medida puede leerse como un intento de evitar un vacío administrativo y de transmitir estabilidad institucional. Sin embargo, en situaciones de crisis, la continuidad jurídica no siempre equivale a control político efectivo: el desenlace depende de si la decisión se traduce en obediencia operativa, cohesión interna y capacidad real de gestión.

La ONU convoca: el caso entra en el Consejo de Seguridad

La dimensión internacional escaló con rapidez. Según se informó, el asunto fue llevado al Consejo de Seguridad de la ONU, que convocó una reunión de emergencia para tratar la operación estadounidense. El traslado del debate a Naciones Unidas elevó el episodio por encima de la política venezolana interna y lo convirtió en una discusión directa sobre normas básicas del orden internacional: soberanía, uso de la fuerza y precedentes.

Este giro hacia la ONU también se inserta en un contexto de tensiones previas que ya venían siendo tratadas en foros multilaterales. Cuando un conflicto llega al Consejo de Seguridad, la lógica cambia: no se discute únicamente qué hacer “con” Venezuela, sino qué reglas quedan reforzadas o erosionadas por el modo en que se actúa.

El eje jurídico: acusaciones penales y uso de la fuerza

Una de las controversias centrales es el encuadre legal. La operación ha sido vinculada, desde Washington, a acusaciones penales en tribunales estadounidenses. Al mismo tiempo, los mensajes sobre conducción o administración temporal introducen una dimensión que excede la “aplicación de la ley” en sentido estricto. Esa tensión es clave: no es lo mismo una acción basada en cooperación con autoridades locales —o bajo un mandato multilateral— que una acción militar unilateral con consecuencias políticas.

De allí surge una discusión inevitable sobre los límites aceptados para el uso de la fuerza y el lugar de los mecanismos multilaterales en la resolución de disputas. Este tipo de debates rara vez se cierra rápido: tiende a prolongarse en la arena diplomática, en resoluciones, en comunicados y en lecturas enfrentadas sobre precedentes.

Reacciones internacionales: condenas, cautela y apoyos puntuales

Las reacciones internacionales mostraron divisiones claras. Un conjunto amplio de gobiernos y actores puso el acento en la soberanía y en el riesgo de normalizar acciones de fuerza con impacto directo sobre un Estado. Otros, sin necesariamente respaldar al gobierno venezolano, combinaron críticas internas con llamados a una salida política y a evitar una escalada regional. También existieron apoyos puntuales a la operación, interpretada por algunos como un quiebre frente al poder establecido en Caracas.

Esa diversidad suele anticipar un escenario de negociación complejo: cuando no hay consenso sobre la legalidad, tampoco suele haberlo sobre la hoja de ruta. Y cuando no hay hoja de ruta compartida, aumentan los incentivos para que cada actor busque imponer su marco interpretativo.

En América del Sur, varias reacciones reflejaron preocupaciones de seguridad y estabilidad. En particular, la postura de Brasil fue significativa por combinar condena a la intervención con una mirada pragmática sobre posibles efectos transfronterizos. Para los países vecinos, el riesgo no se limita al debate jurídico: una Venezuela más inestable puede traducirse en presión fronteriza, desafíos logísticos y tensiones de seguridad.

Petróleo, sanciones y el primer impacto tangible

En el plano económico, el petróleo apareció como el primer indicador inmediato de impacto. Según reportes del sector, se describieron interrupciones en logística y exportaciones en un entorno de incertidumbre operativa. En Venezuela, donde el petróleo es una columna estructural, cualquier disrupción tiende a trasladarse rápidamente a la esfera política: afecta ingresos del Estado, expectativas y decisiones de actores internos y externos.

Este escenario se superpone a un entramado previo de sanciones y licencias que ya delimitaba el margen de maniobra de empresas y autoridades. La combinación de shock político y restricciones regulatorias suele amplificar la volatilidad: no solo por el volumen exportado, sino por seguros, pagos, rutas, almacenamiento y riesgos legales.

Trasfondo político y dimensión humana

Los hechos del 3 de enero no ocurren en un vacío. Se insertan en una crisis prolongada marcada por disputas de legitimidad, tensiones institucionales y deterioro socioeconómico. A ello se suma una dimensión humana persistente: migración sostenida, presión sobre países vecinos y un entramado social atravesado por años de vulnerabilidad.

Un desenlace abierto

A comienzos de 2026, Venezuela entra en una fase donde convergen un hecho disruptivo, una disputa interna por control efectivo y una controversia internacional sobre soberanía y precedentes. El desenlace dependerá de variables internas —cohesión institucional, mando real y capacidad de gestión— y externas —debate en la ONU, posiciones de grandes potencias, régimen de sanciones y estabilidad energética— en un contexto donde cada movimiento puede tener efectos regionales.

En los próximos días, más que las declaraciones, importarán las señales verificables: si el interinato logra ejercer gobierno efectivo, si las instituciones de seguridad mantienen cohesión, si el frente multilateral se ordena hacia algún marco común y si el circuito petrolero se estabiliza o se deteriora. En crisis como esta, lo que define el rumbo no es solo el acontecimiento inicial, sino la arquitectura de poder que logra consolidarse después.

Fuentes consultadas: cobertura de agencias internacionales y medios globales sobre los hechos del 3–4 de enero de 2026; reportes y comunicaciones del sistema de Naciones Unidas; documentos regulatorios estadounidenses sobre licencias/sanciones; y cobertura de medios estatales y prensa china sobre posiciones oficiales.

BIOGRAFÍA DEL AUTOR

Mauricio Percara es académico, periodista, editor y autor literario especializado en relaciones internacionales, diplomacia cultural y comunicación intercultural. Su carrera incluye trabajo en la Radio Internacional de China, donde se desempeñó como periodista y editor, produciendo y redactando contenido en español para una audiencia global. También ha colaborado como corresponsal en medios de comunicación en temas de actualidad y relaciones internacionales. Percara es autor de varias obras literarias, incluyendo Escalera al infierno (2000), Sombras de Venganza (2014), Historias errantes de almas perturbadas(2016) y Dragones Cantando (2019), una obra de leyendas chinas. Actualmente, cursa un doctorado en Relaciones Internacionales en la Universidad Normal Central de China, en Wuhan, donde enfoca su investigación en el impacto de los Institutos Confucio en Argentina y América Latina.