Venezuela: una lucha permanente por la defensa de la soberanía nacional

Foto: Xinhua

Por Jorge Fernández

Los actos emprendidos por Estados Unidos apuntan a un cambio de régimen en Venezuela, y a la imposición de un sistema político que facilite a Washington la explotación de los bienes de la nación bolivariana, concretamente el petróleo.

De cara a los argumentos anunciados por Donald Trump, que justifican a Estados Unidos para intervenir militarmente en Venezuela, América Latina condena en su vasta mayoría la violación al derecho internacional y a los estatutos consagrados en la Carta de la ONU. Solo unos pocos Estados, gobernados por líderes de extrema derecha, han hecho eco al argumento del mandatario estadounidense, que defiende sus acciones con base en acusaciones de narcotráfico y terrorismo. La opinión pública latinoamericana condena vehementemente el ataque, que observa no como un avance rumbo a la construcción democrática sino, por el contrario, como una involución que sume a la región en una era de oscuridad.

El ataque se perpetra no solo contra Venezuela sino en perjuicio de la región latinoamericana y caribeña, que consagra como uno de sus máximos logros la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Contrario a estos principios, Donald Trump inició 2026 con una afrenta a la dignidad del pueblo venezolano. Dice que Nicolás Maduro es terrorista y narcotraficante y que, por ello, tiene el derecho a deponerlo. La realidad es que Venezuela bajo el chavismo nunca ha sido amigo de Estados Unidos, y siempre ha mostrado un conflicto permanente y abierto contra los intereses políticos y económicos de Estados Unidos tanto en Venezuela como en la región latinoamericana. Desde hace décadas, en medio de un ambiente creciente de tensiones, Estados Unidos se ha dado a la tarea de activar su maquinaria ideológica y mediática para responsabilizar al chavismo de impedir el progreso económico y social de Venezuela. El 3 de marzo, finalmente, Estados Unidos emprendió una invasión para controlar a Venezuela.

Esas declaraciones, que acusan a Nicolás Maduro de encabezar una red de narcotráfico y terrorismo, surgieron recientemente de voz de Washington. Con ese argumento, para muchos irrisorio, la Unión Americana, respaldada por sus instituciones, se lanzó militarmente para capturar al presidente de Venezuela. El golpe no solo se asestó contra la institución presidencial sino que ha sido, con alevosía, premeditación y ventaja, un golpe mortal al chavismo. Venezuela se encuentra en una encrucijada histórica. Tras el anuncio de Donald Trump, que ha informado que controlará las instituciones políticas y el petróleo de la Tierra de Bolívar, el desenlace dependerá de cómo reaccione el pueblo venezolano. A menos que surja una oposición nacional que detenga el curso de estos acontecimientos, Venezuela está próxima a establecer un sistema político alineado a los intereses de la administración estadounidense. Trump va con todo por el petróleo.

Es aún muy pronto para entender cómo se establecerá el diálogo entre el pueblo venezolano y el gobierno invasor. La reacción internacional en América Latina ha sido de repudio, salvo algunos casos, entre ellos Milei en Argentina y Noboa en Ecuador. Pero para la vasta mayoría, el hecho representa una rotunda violación a la soberanía y la integridad territorial de un Estado. Los jefes de Estado de Colombia y Chile se han pronunciado en contra de la intervención militar, que se traduce, a sus ojos, como una flagrante violación al derecho internacional, a la Carta de la ONU y al respeto y dignidad del pueblo venezolano. El Gobierno de México, que tiene a Estados Unidos como vecino y principal socio comercial, condenó el ataque a través de su cancillería y rechazó enérgicamente la acción militar emprendida por Estados Unidos contra Venezuela. En medio de esta condena mayoritaria entre jefes de Estado, la opinión pública ha manifestado apoyo al pueblo venezolano. La preocupación se extiende ahora como reguero de pólvora en la región puesto que, a todas luces, el principio invocado para invadir a Venezuela podría aplicarse a cualquier otro Estados de la región.

Duele ver cómo Estados Unidos recrudeció su política imperial frente a un Estado débil que, para bien o para mal, cuenta con la mayor reserva de petróleo en el mundo. La afrenta que hoy atestigua el pueblo venezolano la siente todo aquel que valora la soberanía y la integridad territorial de los Estados. El comportamiento de Estados Unidos en la arena internacional dista de aportar elementos para construir un mundo mejor. No solo prostituye a la democracia, instrumentalizándola a su conveniencia, sino que también exagera la supuesta amenaza de otros a su seguridad nacional, desatando invasiones injustificadas. En nombre de tergiversados principios para la democracia, los derechos humanos y las libertades humanas, Estados Unidos ha emprendido empresas militares que han terminado con la ejecución de jefes de Estado y con guerras y pobreza en muchas regiones del planeta.

Venezuela es la primera víctima de una política oficial en donde Estados Unidos toma a América Latina y el Caribe como un patio de su propiedad. En la National Security Strategy, publicada a finales de 2025, Donald Trump se lo hizo saber al mundo con claridad: América para los estadounidenses sin importar la sangre derramada y el saldo al corte de caja. En América Latina, Trump comenzó a aplicar su estrategia en Venezuela. Hay que destacar que los principios imperiales de su estrategia se aplican no solo al continente americano sino a todo el mundo. Y esto, en definitiva, no puede ser. El Sur Global y los países en general no pueden ni deben ser los títeres de un sistema imperialista que pone y depone gobernantes con el respaldo de las armas. La historia de la humanidad y la sangre derramada de incontables mártires han dado lugar al derecho internacional. Nadie tiene autoridad para estar por encima de principios consagrados por todos, aprendidos a través de generaciones de hombres y mujeres que han entendido a cabalidad que el respeto a la soberanía de los países equivale a mantener la paz.

El autor es doctor en historia, experto en relaciones internacionales y asuntos contemporáneos de China, con amplia trayectoria como periodista y analista político.