Sentencia sobre aranceles asesta duro golpe a Washington

Mientras la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos se prepara para revisar la legalidad del emblemático «programa de aranceles recíprocos» de la Casa Blanca el próximo mes, el Gobierno actual enfrenta serios problemas nacionales e internacionales.

A finales de agosto, un fallo del Tribunal de Apelación del Circuito Federal determinó que el proyecto excedía la potestad presidencial en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, una decisión que, a pesar de de una suspensión temporal, sembró dudas en la agenda comercial de Washington.

Presentado a principios de este año (aclamado como los aranceles del «Día de la Liberación»), el plan ha provocado marchas en todo el país y ha llevado al menos a 12 estados y a muchas pequeñas empresas a presentar demandas en su contra. Se espera que la instancia suprema examine el caso en noviembre.

No obstante, la sentencia supone un duro golpe para la administración actual. Desde que inició en enero, el Gobierno ha ampliado repetidamente el uso del poder ejecutivo eludiendo controles y contrapesos, una tendencia que ahora ha sido cuestionada directamente por el poder judicial.

En el ámbito mundial, los aranceles han sido objeto de un tajante rechazo por sus principales socios comerciales, entre ellos China y la Unión Europea. El marco «recíproco» ha obligado a gran parte de ellos a entablar negociaciones o a encarar los tributos punitivos que, en general, son contrarios a las normas de la OMC.

Frente a ellos y las tácticas intimidatorias, muchos países afectados cedieron a las exigencias de Washington o recurrieron al mecanismo de solución de diferencias de la OMC en busca de justicia, conscientes de que contravienen sus postulados.

China se ha opuesto a la política arancelaria recíproca de Estados Unidos. Incluso después de tres rondas de consultas bilaterales en Ginebra, Londres y Estocolmo, Estados Unidos no pudo forzar un acuerdo.

La postura de Beijing es clara: exige que Estados Unidos ofrezca un entorno de mercado justo, abierto y no discriminatorio para las empresas chinas. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores subrayó que de seguir con los gravámenes punitivos a los productos chinos, el país tomará las contramedidas adecuadas de conformidad con la ley.

Si bien el pronunciamiento del Tribunal de Apelación ha supuesto un duro golpe para la Casa Blanca, dejándola en una situación embarazosa ante la comunidad internacional, también ha prestado involuntariamente su respaldo a Beijing en la cuarta ronda de negociaciones comerciales en Madrid.

De hecho, incluso antes de la misma, Washington ya había dado muestras de retroceso al perder gran parte de su ventaja. Un cambio notable fue el inusual silencio de sus líderes antes del encuentro: no hubo tuits ni declaraciones públicas para ejercer presión sobre China. Este giro en la actitud refleja un sutil cambio psicológico, lo que indica que la Casa Blanca sabe que ejercer presión a través de la opinión pública o adoptar una posición dura es ineficaz contra China, e incluso podría ser contraproducente.

Ante estos retos internos, la Casa Blanca tiene una única opción real: eliminar los aranceles. Lamentablemente, no lo ha hecho e insiste en su legalidad a fin de «proteger a la nación» y velar por la seguridad económica frente a amenazas extranjeras. Los impuestos siguen en vigor.

Washington se ha comprometido a continuar en esta línea y con los convenios alcanzados con los países involucrados, y ya ha recurrido el fallo ante la instancia superior. Queda por ver cuál será la decisión final en este asunto.

Pero, independientemente de la sentencia, la Casa Blanca será sin duda considerada como la destructora del sistema comercial multilateral.

El autor es decano de la Academia para el Estado de Derecho en Relaciones Exteriores de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China.