En aniversario golpe de Estado, Milei cuestiona a grupos humanitarios

Durante la conmemoración el lunes del 49no. aniversario del golpe de Estado que instauró la última dictadura militar en Argentina, el gobierno del ultraderechista Javier Milei cuestionó el relato que a su entender promovieron los organismos humanitarios sobre ese cruento período, pidió recordar las acciones “terroristas” de los grupos guerrilleros y anunció un proyecto legislativo para declarar imprescriptibles los crímenes que estos últimos cometieron.

Milei posteó en su cuenta de X, antes Twitter, un video oficialista que instó a que se recuerde a las víctimas de los grupos armados de izquierda para “completar” la memoria histórica en Argentina. La movida se produjo en línea con la batalla cultural que el mandatario viene librando desde que llegó al poder a fines de 2023 en contra del socialismo y lo que considera una interpretación sesgada por parte de organismos humanitarios sobre la dictadura y la violenta década de los 70.

El video se difundió a pocas horas de la marcha encabezada por activistas de derechos humanos para recordar el golpe militar que derivó en una dictadura de siete años que puso en marcha un plan sistemático de secuestros, torturas y desapariciones. Se espera que la movilización, a la que también se sumarán organizaciones sociales y estudiantiles y distintas fuerzas políticas, sea multitudinaria y transcurra bajo consignas antigubernamentales.

“Memoria, Verdad y Justicia. Completa”, dijo Milei en su posteo. El video cuestionó que en el siglo XXI las nuevas generaciones fueron “adoctrinadas” por los gobiernos de turno desconociendo el violento accionar de las organizaciones guerrilleras izquierdistas y peronistas que comenzaron a actuar en los años previos al golpe de 1976. También criticó que la historia enseñada desde el Estado se ha centrado en los crímenes perpetrados por las Fuerzas Armadas a partir de su llegada al poder.

Referentes de derechos humanos apuntaron que Milei está negando la dimensión del horror que tuvo lugar al equiparar la violencia de las guerrillas con el terrorismo de Estado y justificar así la represión ejercida sobre cualquier persona que fuera considerada subversiva.

Carlos Pisoni, de la agrupación que reúne a hijos de personas desaparecidas durante la dictadura, argumentó que “hoy es necesaria una ley contra el negacionismo en la Argentina”. Sobre el video oficialista que llama a romper con el relato “impuesto” desde los organismos humanitarios, afirmó que “lo único que debería pedir romper el gobierno son los pactos de silencio de los genocidas".

Además, el gobierno volvió a desechar la cifra 30 mil desaparecidos que han venido sosteniendo los organismos de derechos humanos en su reclamo para que se descubra el paradero de las víctimas de la represión militar ilegal y todos los responsables sean castigados con penas de prisión.

El video señala que esa cifra contradice las de investigaciones oficiales realizadas desde la recuperación democrática que apuntan a más de 7 mil muertos y desaparecidos. Cuestionó además que el “negocio del setentismo” implicó un alto costo económico para el Estado en concepto de indemnizaciones y que los organismos de derechos humanos “sirvieron como usinas de adoctrinamiento y trampolines políticos para sus dirigentes”.

En la jornada de conmemoración el gobierno anunció además que tomó la decisión de acompañar el “pedido de justicia” de la familia del capitán Humberto Viola, “fusilado en 1974, en plena democracia, junto con su hija María Cristina de 3 años, a manos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)", al que calificó de organziación terrorista, e instruyó a una dependencia de la Cancillería "para que se reconozca ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) que este crimen debe ser considerado un delito de lesa humanidad”.

El gobierno dijo que la medida se inscribe en el marco de un acuerdo con la familia de Viola y que como parte del mismo enviará al Congreso un proyecto para establecer "la imprescriptibilidad penal y civil de este tipo de delitos”. Elllo supondría que su persecución y castigo no tienen límite de tiempo, lo que en los hechos sí ocurre actualmente en ámbitos judiciales argentinos.

Por otro lado, anunció la desclasificación de la información en manos de la oficina de inteligencia sobre el accionar de los militares en la dictadura, lo que implica su traspaso a la órbita del Archivo General de la Nación, para terminar con la “opacidad que rodeó durante décadas los documentos".

Fuente: La Jornada