Grupo civil demanda al Gobierno japonés por vertido de aguas contaminadas por la energía nuclear

Japón arroja "bomba" de agua contaminada por energía nuclear al Pacífico. Viñeta: Carlos Latuff

Demandantes: “Queremos detener los vertidos lo antes posible"

Con la primera fase del vertido de aguas contaminadas por la energía nuclear de Fukushima a punto de culminar el lunes y el posible inicio de la segunda a finales de septiembre, el primer ministro de Japón ha intentado por todos los medios vender el tema y culpar a China por las buenas o por las malas durante la cumbre de dos días del Grupo de los 20 (G20), concluida el domingo.

Con el anuncio del fin de la primera fase el lunes, con una descarga de 7800 toneladas de agua contaminada, TEPCO -operadora de la central nuclear de Fukushima Daiichi- no ha dado fecha de comienzo de la segunda etapa, según reportaron el sábado medios japoneses.

El primer vertido coincidió con la cumbre del G20 el fin de semana. Por consideraciones geopolíticas, algunos altos funcionarios de países no afectados por el mismo, coaccionados y cortejados por Tokio y Washington, lamentablemente aprobaron su consecución tras dialogar con el primer ministro japonés, Fumio Kishida, indicaron los observadores.

El viernes, 151 personas, entre ellos residentes de cinco prefecturas japonesas, incluidas Fukushima y Tokio, presentaron una demanda ante el tribunal de Fukushima contra el Gobierno japonés y TEPCO solicitando detener la descarga, informó el medio japonés Tokyo Shimbun.

Según sus abogados, es la primera a nivel nacional que pide una orden judicial para detenerla. Además, otras dos acciones le seguirían a fines de octubre, indicó Chiyo Oda, representante del grupo demandante.

El vertido deliberado de agua contaminada es un "doble perjuicio" por parte del Gobierno japonés y de TEPCO, con una responsabilidad en el accidente nuclear de Fukushima hace 12 años que no puede eludir, dijo el grupo denunciante, señalando que viola los derechos de pesca y personales de los pescadores, así como el "derecho a vivir pacíficamente" de la población local.

Añadió que igualmente vulnera el Protocolo de Londres de 1996 que prohíbe el vertido de materiales radiactivos al océano.

"Esperamos que el juicio pueda frenarlo [el vertido] lo antes posible", dijo Oda.

Otro residente de Fukushima, Yoshitaka Ikarashi, representante japonés de la Plataforma Somei, una asociación de promoción del mercado común Japón-China, declaró el domingo que ha mantenido reuniones con varios partidos japoneses y que planean crear una nueva asociación interpartidista destinada a poner fin a la descarga.

Ante la oposición nacional, las dos cámaras del Parlamento japonés celebraron el sábado una reunión conjunta de revisión sobre el tema. Los responsables de la asociación nacional de pesca japonesa, asistentes a la cita, pidieron al Gobierno japonés asumir la responsabilidad y responder al malestar y la ansiedad del sector pesquero.

Los vertidos también han afectado al turismo japonés. En Fukushima, capital de la prefectura de Fukushima, se han cancelado unas 100 reservas de hoteles desde fines de agosto a inicios de septiembre, según reportó la prensa local.

A pesar de la fuerte preocupación en el país, Kishida hizo todo lo posible por convencer a los líderes del G20 en Nueva Delhi, sostuvo una funcionaria del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón citado por Reuters.

"El primer ministro Kishida explicó que los datos de seguimiento recogidos desde que comenzó el vertido el mes pasado se han hecho públicos de forma rápida y muy transparente..." declaró Hikariko Ono, secretaria de prensa de la cancillería japonesa.

Mientras tanto, Kishida criticó que algunos países estén tomando "medidas poco comunes" como suspender todas las importaciones de productos marinos japoneses en respuesta al plan, señaló el medio japonés Yomiuri Shimbun.

Kyodo News indicó que el primer ministro holandés, Mark Rutte, "apoya" plenamente el enfoque de Japón y que su par australiano, Anthony Albanese, también ha afirmado que Japón coopera con el Organismo Internacional de la Energía Atómica para la toma de políticas adecuadas.

Los observadores chinos opinan que las maniobras de relaciones públicas de Tokio son una admisión de culpabilidad. Si las aguas residuales fueran seguras, no necesitaría llevar a cabo una campaña tan grande.

Asimismo, condenaron a algunos gobernantes de países que han sucumbido a la presión del grupo liderado por Estados Unidos y han consentido el plan japonés, por poner en riesgo la salud de sus pueblos y el futuro del mundo.

Un experto filipino en energía nuclear, que solicitó el anonimato, apuntó que al igual que en otros países, el vertido de agua contaminada procedente de Fukushima en el océano Pacífico también ha suscitado inquietudes en diversas partes interesadas en Filipinas. Sin embargo, la reacción ha sido mayoritariamente leve, reveló.